Raymundo Salvador Lara Bustos

Expediente 1385/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1385/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Raymundo Salvador Lara Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Reyna Belem Mena Acosta, autorizada de la parte quejosa; mediante el cual hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; al respecto, de conformidad con el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas las mismas, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Respecto a la autorización para la consulta del presente expediente vía internet por medio del usuario que refiere; de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, únicamente respecto de las cuentas que se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a ******************** interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Notifíquese Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1385/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Raymundo Salvador Lara Bustos, reclama de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho y su Actuario Adscrito, lo siguiente: La orden de desposesión emitida en el juicio agrario 351/2014. La ejecución y cumplimiento del mandamiento emitido en el expediente 351/2014. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues la parte quejosa no acredita su interés para solicitar la medida cautelar. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; sin embargo, no acredita titularidad alguna sobre el bien inmueble ubicado en el paraje denominado TEXCALIXCUAC, en Carretera Federal Tepoztlan-Yautepec, sin número, frente a los viveros de Noche Buena, con superficie de 200.00 metros cuadrados; con documento idóneo. En ese contexto, debe negarse la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados y sus consecuencias porque no acredita el interés jurídico, en el sentido de que para acreditarlo resulta necesario que acompañe las constancias idóneas con las que acredite la titularidad o posesión de los bienes o derechos de los que aduce se le quieren privar y por consecuencia, cuente con el derecho cuya preservación pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado. En ese contexto, la parte quejosa no acredita su interés jurídico para que se le conceda la medida cautelar solicitada -se insiste- porque si bien acompañó diversas documentales en copia simple, entre las que destaca la siguiente: Copia simple de la Cesión de derechos entre Rene David Solís Jaimes y Raymundo Salvador Lara Bustos, sin fecha. Ya que con la misma no acredita el interés jurídico que tiene para que se le otorgue la medida suspensiva solicitada y por ende, se considera insuficiente para acreditar la posesión o propiedad del bien inmueble objeto de desalojo. Entonces, si bien es cierto que la fracción I, del apartado 128, de la Ley de Amparo, prescribe como requisito que la quejosa solicite la suspensión del acto reclamado, también lo es que no basta con la sola manifestación que realice en el escrito de demanda, ya que debe de probar su interés jurídico, en el caso concreto, ser el titular del derecho subjetivo tutelado por el ordenamiento legal que rige la materia, por lo que, la quejosa debe acreditar con él y/o los documentos idóneos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 33, Tomo: XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." De igual forma, es pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/98, visible en la página 213, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dicta: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 958, Tomo: XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "SUSPENSIÓN. PARA DECRETARLA EN FAVOR DE UN TERCERO EXTRAÑO, DEBE PROBAR SU INTERÉS JURÍDICO. Cuando el quejoso se ostente como tercero extraño al procedimiento del juicio generador, es necesario que acredite, aunque sea presuntivamente, su interés jurídico para que se le conceda la suspensión del acto reclamado, sin que pueda considerarse demostrado con la simple manifestación de la parte que no obtuvo en el juicio respectivo, en el sentido de que el inmueble disputado se encuentra en posesión de dicho tercero extraño." Así como la establecida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 956, Tomo: XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME PREVIO O LA PRESUNCIÓN DE SU CERTEZA CUANDO ÉSTE NO SE HAYA RENDIDO, NO ACREDITAN PRESUNTIVAMENTE SU INTERÉS. La aceptación de la existencia del acto reclamado en el informe previo o la declaración de presunción de certeza de aquél cuando no se rindió el informe respectivo, no dan lugar a la acreditación presuntiva del interés para solicitar la mencionada medida, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio natural, porque ni el reconocimiento que haga la autoridad del dictado de una resolución y, en su caso, de su ejecución, ni la señalada declaración constituyen hechos cuya consecuencia necesaria sea la afectación a la esfera jurídica del quejoso, por lo cual, no puede establecerse como una presunción el que por ser o estimarse cierto el acto reclamado, habrá de causar daños o perjuicios precisamente al promovente, de manera que dicho informe o la declaración respectiva no lo liberan de la carga procesal de probar ese requisito." Finalmente, cabe aclarar que la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, le fue negada, contrario a lo que refieren las autoridades responsables en su informe previo, suspensión que les fue notificada mediante oficios 28157/2023 y 28158/2023; lo que se hace del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Raymundo Salvador Lara Bustos respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite la razón actuarial de cinco de octubre de la presente anualidad, en la que se hizo constar la imposibilidad de emplazar a la demandada ********************, al juicio natural ********************, de su índice. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite el acuerdo que haya recaído a la razón actuarial de cinco de octubre de la presente anualidad, en la que se hizo constar la imposibilidad de emplazar a la demandada ********************, al juicio natural ********************, de su índice. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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