Raymundo Romero Sarmiento

Expediente 1959/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1959/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Raymundo Romero Sarmiento

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. Visto el expediente en que se actúa, se procede a proveer respecto del cumplimiento del fallo constitucional. De la sentencia de dos de octubre de dos mil quince, recibida en este juzgado el cinco de octubre de dos mil quince, se advierte que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, determinó sobreseer y negar el amparo solicitado por el quejoso (fojas 1101 a 1117). Dicha resolución fue impugnada y por ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca de revisión R-428/2015, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, modificó la sentencia recurrida, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por vicios formales, al considerar que el acto reclamado carecía de la debida fundamentación y motivación; la concesión del amparo fue para el efecto de que el Juez penal responsable: "I. Deje insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de septiembre de dos mil trece, dictada en la causa penal número 306/2013; y, II. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución bajo su estricta responsabilidad y en el sentido que estime conveniente, en la que purgue los vicios formales destacados, con la precisión de que en caso de reiterar el sentido del acto reclamado, deberá detallar los elementos propios del delito, así como precisar de manera fundada y motivada, con qué pruebas se acredita cada uno de ellos, como lo relativo para la probable responsabilidad; y en su caso, los valore adecuadamente conforme a la ley adjetiva local." (fojas 1213 y 1214). Por acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, se recibió en este Juzgado de Distrito la ejecutoria correspondiente y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma (1217 a 1219) Al respecto, el Juez de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante oficio remitió copia certificada de la resolución que dictó el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, de la que se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión y dictó otra en la que negó la orden de aprehensión solicitada en dicha causa penal (fojas 1243 a 1266 y 1267). Por auto de veintinueve de abril de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria (fojas 1284 a 1286). Inconforme con dicho proveído el tercero interesado promovió recurso de inconformidad y mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis se remitieron los autos a la superioridad (foja 1387). En proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió testimonio de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 19/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual declaró fundado, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 1422). Cabe resaltar que el Tribunal Colegiado en cita, destacó que el Juez responsable fue omiso en: "esquematizar y analizar debidamente los elementos que integran el tipo penal de extorsión, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues dejó de considerar que aquél es de los denominados por la doctrina como alternativamente formados, cuya naturaleza radica que para que se actualice no existe una conducta exclusiva, sino variantes que derivan del empleo de la disyuntiva "o", que obliga a decidir entre una u otra opción, lo que obliga a precisar con detalle cada una de las hipótesis previstas. Así, se estimó que el tipo básico de extorsión se encuentra integrado de tres elementos, a saber: El primer elemento es el consistente en "que con ánimo de conseguir un lucro o provecho, amenazare a otro por cualquier medio", por lo que el juez responsable debía determinar si además del hecho de que el agraviado dejara de interponer recursos, así como de representar legalmente a la persona moral con la que el activo sostenía un juicio laboral, se pretendió obtener un dinero, y que este dinero implica un lucro por ser algo a lo que no se tenía derecho. El segundo elemento consistente en "con la finalidad de causar daños morales, físicos o patrimoniales", el cual al contener también la disyuntiva "o" obliga al juzgador de instancia a determinar si los daños ocasionados son morales o físicos o patrimoniales. El tercer elemento es el consistente en "que afecten al amenazado o a persona física o jurídica con quien éste tuviere relaciones de cualquier orden que lo determinen a protegerlos", el cual a contener la disyuntiva "o", obliga a la autoridad responsable a resolver si la afectación al amenazado, con quien el sujeto pasivo tuviere relaciones de cualquier orden que lo determine a protegerlo corresponde a una persona física o jurídica. Por lo que se obligó al juez responsable, para que, con base a la mecánica de los hechos, a que se refiere el pliego de consignación, determinara cuál es la conducta concreta que se actualiza, desglosando el cuerpo del delito de extorsión en atención a los tres elementos desglosados, a fin de resolver si se acredita cada uno de ellos con las pruebas que obran en el proceso penal. Lo anterior, virtud que en la orden de aprehensión reclamada se observó que la autoridad responsable primero refirió que el activo empleó amenazas para obtener un lucro de la negociación que representa el pasivo; después habló que debido a las amenazas le provocó una afectación emocional al agraviado; después que de un lucro o provecho, así como de daños morales, físicos o patrimoniales, sin referir si tales daños patrimoniales recaían al pasivo o a la empresa que representa; posteriormente sólo refirió daños morales y que el activo quería obtener el lucro de la empresa para la que laboró, lo que sin duda genera incertidumbre al quejoso recurrente. Por lo que se consideró que aunque la responsable citó el precepto aplicable y los elementos del delito, lo cierto es que su resolución carece de fundamentación y motivación, virtud que omitió esquematizar debidamente cuales eran los elementos estructurales del injusto, para posteriormente precisar, en específico, con cual y con qué medios de convicción que enunciaba y valoraba llegó a la conclusión de que se demuestran éstos en el ilícito de extorsión. " (fojas 1414 y 1415). Básicamente, la concesión se otorgó dado que la resolución combatida carece de fundamentación y motivación, al omitir esquematizar debidamente cuáles eran los elementos estructurales del delito de extorsión, y posteriormente precisar con cuál y con qué medios de convicción enunciadas y valorados se demostraban aquellos. Al respecto, el Juez de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante oficio 1823, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, recibido el diecinueve de octubre siguiente, remitió copia certificada de la resolución que dictó el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de septiembre de dos mil trece, dictada en la causa penal número 306/2013; y, con libertad de jurisdicción dictó otra resolución bajo su estricta responsabilidad y en el sentido de tener por acreditado el delito de extorsión (fojas 1426 a 1446) Sin embargo, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable el debido cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de inconformidad, esto es, para que dictara una resolución en la que determinara cuál es la conducta concreta que se actualiza, analizando el cuerpo del delito de extorsión en atención a los tres elementos desglosados en la referida ejecutoria, a fin de resolver si se acredita cada uno de ellos con las pruebas que obran en el proceso penal, y remitiera las constancias que así lo acreditaran (fojas 1455 y 1456) En consecuencia, el Juez de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante oficio 2286 de quince de diciembre de dos mil dieciséis, recibido el dieciséis de diciembre siguiente, remitió copia certificada de la resolución que dictó el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de septiembre de dos mil trece, dictada en la causa penal número 306/2013; y, con libertad de jurisdicción dictó otra resolución y en la que analizó los elementos que integran el tipo penal de extorsión, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, y consideró que aquél es de los denominados por la doctrina como alternativamente formados, cuya naturaleza radica que para que se actualice no existe una conducta exclusiva, sino variantes que derivan del empleo de la disyuntiva "o", que obliga a decidir entre una u otra opción, lo que obliga a precisar con detalle cada una de las hipótesis previstas y estimó que el tipo básico de extorsión se encuentra integrado de tres elementos, a saber: respecto del primer elemento, señaló que "si la conducta desplegada es con ánimo de obtener un millón de pesos mediante la amenaza, situación importa un lucro para los activos, en virtud de pretender un numerario al que no tenían derecho. Además de solicitarle al agraviado dejar de prestar sus servicios como representante legal de la empresa con la que los activos sostenían una contienda laboral que se ventilaba en la junta de Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, Morelos, con el fin de obtener un provecho o beneficio ante el detrimento defensivo de la moral **********; a) Respecto del segundo elemento, adujó que la conducta delictiva tiene por objeto el daño patrimonial, por lo cual consideró que a través del agraviado, pretendían obtener una parte del peculio de la empresa que aquel representaba legalmente. Así como el daño físico tanto al agraviado como a sus familiares, considerando las amenazas de muerte declaradas por los activos, además precisó que dicho elemento no incluye resultado material y se configura independientemente de que se consiga o no el propósito, considerando que el tipo tiene como elemento "el ánimo" del sujeto activo de conseguir un lucro o provecho indebido; es decir, que bastaba la existencia de tal propósito para que el delito se establezca agotado, sin necesidad de la consumación material de la finalidad propuesta. Y, respecto del tercer elemento manifestó que quedó justificada la hipótesis relativa a una persona jurídica a la que el amenazado por razón de relación laboral se encontraba determinado a proteger, es decir, que por tratarse del representante legal de la empresa ********el agraviado debía atender a los intereses de su representada. Asimismo, a personas físicas como los son la familia del propio agraviado, quienes por cuestión de consanguinidad les debe cuidado. Con lo anterior determinó que sí se acredita cada uno de los elementos con las pruebas que obran en el proceso penal mismas que señaló y valoró y por lo tanto resolvió que se acreditaba del cuerpo del delito de extorsión, así como la probable responsabilidad penal del quejoso ********* aszek en la comisión de ese delito y por vía de consecuencia, decretó la orden de búsqueda, aprehensión y detención en contra de Román Marek Zawadski Matyjaszek en su comisión (fojas 1483 a 1493). Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con el oficio de cumplimiento (foja 1494). En esas condiciones, como la autoridad responsable, dictó una nueva resolución en la que estableció los elementos del delito de extorsión y las pruebas que lo acreditan decretando la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso purgando los vicios de los que adolecía la resolución combatida, ha lugar a tener por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio. Sin que sea obstáculo a la determinación de tener por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio, las manifestaciones que realiza el autorizado del quejoso en el escrito reservado en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el sentido de que el juez responsable no acató el fallo de amparo: 1) al no detallar los elementos propios del delito en comento, 2) así como precisar de manera fundada y motivada, con qué pruebas se acredita cada uno de ellos, como lo relativo para la probable responsabilidad; y en su caso, los valorara adecuadamente conforme a la ley adjetiva local, por lo que considera que darle cabal cumplimento a la sentencia concesoria de amparo, traería como consecuencia que el juez responsable negara la orden de aprehensión materia del presente asunto, 3) pues no existen en la causa pruebas suficientes que incriminen a su representado, que el objeto de esa orden de aprehensión dictada en contra del hoy quejoso, es que su representado no reciba el pago por virtud de un laudo laboral pronunciado a su favor, mismo que obra en los autos del presente juicio de amparo y que la causa de origen, 4) también se enderezó contra otra persona que también había ganado un juicio laboral en contra de la empresa para la que trabaja el tercero interesado, y que este juzgado federal, con la denominación anterior a la actual, la amparó en el juicio 1426/2013, promovido contra el auto de formal prisión, derivado de la causa penal en comento. Lo anterior, porque el Juez Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la resolución que dictó dió cumplimiento a los lineamientos de la resolución del recurso de inconformidad dictada por la superioridad, es decir, como se señala en párrafos que anteceden, 1) detalló los tres elementos que integran el tipo básico de extorsión detallando a cuál de las disyuntivas que señala la descripción del delito encuadra la conducta desarrollada; 2) además, de establecer las pruebas que adminiculadas y valoradas de acuerdo al código adjetivo penal, determinó la autoridad responsable eran suficientes hasta ese momento para acreditar hechos que acreditaban el delito por el cual giró la orden de aprehensión; en relación a los restantes puntos que señala el promovente, dígasele que son materia de fondo del proceso penal del que deriva la orden de aprehensión, aunado que el amparo que se le concedió versa sobre irregularidades formales que dieron lugar a la protección constitucional; por lo cual deberá de estarse a lo acordado en el presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio, en primera instancia, y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Principal

    V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el ******************** una vez transcurridos cinco años, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda en el presente juicio de garantías y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARCO ANTONIO MEXICANO BARBOSA, EL ACUERDO DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia de protectora de garantías (fojas 75 a 81). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de forma, para el efecto de que: ".1. Deje insubsistente el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, pronunciado en el incidente de incremento de la pensión alimenticia provisional, derivado del juicio de alimentos 486/2015, solo por cuanto hace a la admisión del medio de prueba consistente en el informe solicitado al representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social; 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo auto en el cual, de reiterar el sentido de la resolución reclamada, precise los fundamentos y motivos por los cuales es procedente admitir como medio de prueba el informe solicitado al representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del puesto y salario de la aquí quejosa, quien es tercera extraña a la contienda natural; atendiendo, entre otras, a las consideraciones vertidas en la presente sentencia de amparo." (foja 81). Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 90 y 91). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, el Juez Quinto Familiar de Puebla mediante oficio 4051, recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, informó del dictado del auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual dejó insubsistente el proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, pronunciado en el incidente de incremento de la pensión alimenticia provisional, derivado del juicio de alimentos 486/2015; además, determinó que no había lugar a acordar la prueba ofrecida por la parte demandada, consistente en el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de si la quejosa ***** como enfermera en esa Institución, al estimar que se pudieran vulnerar derechos en perjuicio de ésta persona (foja 94). Finalmente, mediante auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento de ejecutoria, sin que hiciera manifestación alguna (fojas 95 y 105). Por tanto, si el Juzgado responsable dejó insubsistente el auto reclamado de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, y determinó que no había lugar a acordar la prueba ofrecida por la parte demandada, consistente en el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de si la quejosa ***** como enfermera en esa Institución, al estimar que se pudieran vulnerar derechos en perjuicio de ésta persona; son razones por las que se considera que la sentencia dictada en autos ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó y concedió el amparo solicitado en primera instancia por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JOSÉ ISIDRO FRANCISCO CAMACHO HERNANDEZ LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... en contra del acto y por las autoridades que han quedado precisados en el resultando primero, en términos del considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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