Raymundo Robles López

Expediente 347/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
347/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Raymundo Robles López

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 347/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 1. Se declara que ha causado estado. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo 2. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se desechó la demanda de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino (destruible). Conforme al artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de que el mismo es destruible. 5. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 347/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida *** contra actos del juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, presentada en línea el ocho del mes y año en curso, sin firma electrónica, y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número **** . 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Consideraciones previas. Primeramente, se precisa que la parte quejosa reclama en este juicio el acto siguiente: Mismo que, como quedó precisado en la certificación de cuenta, no está previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas; tampoco, se trata de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se trata de una pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Por lo anterior, en el caso, la demanda de amparo presentada no se encuentra en el supuesto de excepción previsto en el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo (carecer de firma electrónica). 4. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Una vez analizada la demanda de amparo, se estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que carece de firma electrónica. En dichos preceptos se prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución Federal o de la misma ley. Al tenor de dicha fracción se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve, es decir, debe contar con su firma, pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el artículo 3º de la Ley de Amparo se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónica, en este caso -como se advierte de la certificación de cuenta- el promovente presentó su escrito de demanda de manera electrónica. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. La normatividad que regula la firma electrónica para la presentación de demandas es el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, publicado el doce siguiente en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 2, fracción XVI, 14, 15 y 16 de ese instrumento normativo se prevé lo siguiente: "Articulo 2. Para los efectos de este Acuerdo General, se entenderá por: XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 15. El Portal de Servicios en Línea funcionará las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema." De los artículos transcritos se puede concluir que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada. En ese sentido, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el asunto en estudio se tiene que la demanda de amparo no fue firmada de manera electrónica por el promovente, pues no se emitió el certificado digital correspondiente (evidencia criptográfica). Lo anterior implica que, al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo, no existe la posibilidad de identificar a su autor y, como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. En efecto, al mandar su archivo electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el promovente que realizó el trámite correspondiente no firmó electrónicamente, es decir, olvidó marcar el recuadro respectivo. No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA". Como se advierte, la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Como se ve, el Pleno del Máximo Tribunal señaló que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se advierte la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Así las cosas, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio, ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, se estima que se debe seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4.1 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) es inconcuso que la demanda de que se trata carece de firma electrónica y no se requiere prueba adicional para acreditarlo; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Además, como ya se dijo, en la demanda de amparo no se reclaman actos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo ni por el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sería una excepción para que no se adjunte la evidencia criptográfica relativa a la respectiva firma electrónica. 4.2 Conclusión. Al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, razón por la cual procede su desechamiento de plano. *** Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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