Raymundo Reyes Rodríguez

Expediente 628/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
628/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
26/12/2016

Partes del expediente

  • Raymundo Reyes Rodríguez
  • Juez Único Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 23047/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de nueve de diciembre pasado y se le remitieron tres tomos de pruebas.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la Jueza Única Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, en cuya representación acudió su defensora particular **********, para el efecto de que el Juez responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada; y Dictara una nueva con plenitud de jurisdicción, pronunciándose en torno a la procedencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos propuesto. b) Por providencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió a la Jueza Única Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, cumpliera con él. c) Luego, mediante oficio 1649 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable allegó copia certificada de las constancias con las que adujó cumplir con la sentencia concesoria. d) Con motivo de lo anterior, el uno de diciembre del año en curso se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de cinco de julio del año en curso y pronunció otra con plenitud de jurisdicción, donde ordenó dar entrada al incidente de libertad por desvanecimiento de datos propuesto por Raymundo Reyes Rodríguez, a través de su defensora particular. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, el Juez responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Única Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual remite la constancia con la que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días de que disponían las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, transcurrió sin que ninguna lo haya hecho; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que el terminó de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para el Juez responsable y Agente del Ministerio Público que le está adscrito, con el cual computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstos carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, puesto que la sentencia emitida en el presente juicio, fue dictada en ejercicio de la potestad jurisdiccional. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Juez Único Penal de Partido, con sede en Acámbaro, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, en relación con el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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