Raymundo Rebolledo Lara
Expediente 867/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raymundo Rebolledo Lara
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de treinta de septiembre de la presente anualidad, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Vicente Salazar López, Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, fracción XVI, 3, fracción I, y 5 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y los numerales 13, 14, fracción VIII y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; ante Pedro Pablo Díaz Cassou, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES, CON EXCEPCION A LAS QUE SON DE MANERA PERSONAL, LA RESOLUCION QUE DICE; Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, y de un estudio de las constancias que obran en este expediente, se provee: INCOMPETENCIA El suscrito juzgador federal estima que, en el particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Con base al anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se hayan ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Como Ordenadoras: Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Jueza Cuadragésimo Tercero de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte. Como Ejecutoras: Fiscal General del Estado de Veracruz. Fiscal Coordinador de Fiscales Auxiliares de la Fiscal General del Estado de Veracruz. Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Fiscal General del Estado de México. Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fiscal Central para la Investigación de Delitos Financieros. Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Coordinador de Cumplimientos y Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Actos reclamados: De las Autoridades Responsables señaladas como Ordenadoras reclamo el libramiento de la ilegal, infundada e inmotivada Orden de Aprehensión, o Presentación, mediante la cual pretenden privarme de mi libertad personal. De las Autoridades Responsables señaladas como Ejecutoras reclamó la ejecución o materialización que pretenden dar a dicha orden de aprehensión o presentación. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado, orden de aprehensión o presentación, la reclama el quejoso a autoridades ordenadoras de la Ciudad de México y del Estado de México, y que por la naturaleza de dicho acto, se concluye que puede ejecutarse en el lugar donde el impetrante se localiza. Ahora, en el particular se advierte que al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables ejecutoras señaladas con residencia en Veracruz, Veracruz, que son: Fiscal General del Estado de Veracruz. Fiscal Coordinador de Fiscales Auxiliares de la Fiscal General del Estado de Veracruz. Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Expresa y categóricamente negaron los actos de ejecución que se les reclaman, sin que al efecto la parte quejosa hubiera desvirtuado dichas negativas, aun cuando a ésta correspondía dicha carga. Por su parte, la autoridad ordenadora, Jueza Cuadragésimo Tercero de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado manifestó que sí es cierto el acto reclamado, ya que el extinto Juzgado Sexto Penal del que dicha autoridad es sustituta, libró las siguientes órdenes de aprehensión: En la causa 195/2009 (ahora 615/2019), en fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, libró orden de aprehensión en contra del peticionario de garantías, por el delito de FRAUDE GENÉRICO (DIVERSOS DOCE). En la causa 149/2010 (ahora 617/2019), en fecha uno de julio de dos mil trece, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dictada en el R.P. 172/2012, deducido del juicio de amparo 283/2012-3, libró orden de aprehensión en contra del peticionario de garantías por el delito de FRAUDE GENÉRICO (DIVERSOS VEINTE). De igual manera, la autoridad ejecutora Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia del acto de ejecución de las órdenes de aprehensión o presentación en contra de Jorge Ortiz Muñoz, emitida por la Juez Cuadragésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, por oficio 6279, de siete de diciembre de dos mil nueve, en la partida 617/2019, antes 149/2010, del extinto Juzgado Sexto Penal, por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude genérico. De todo lo anterior, se advierte que son competentes para conocer de la demanda que nos ocupa, los JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lugar en el que fue librada la orden de aprehensión reclamada -radicada en el Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, y comunicada para su ejecución y cumplimiento mediante oficio 6279 de siete de diciembre de dos mil nueve, a la autoridad ejecutora Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México-, fundamentalmente porque el acto reclamado fue aceptado por la autoridad ejecutora Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con sede en dicha localidad, quien al rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia del acto de ejecución que se le atribuye. Todo lo cual constituyen elementos suficientes para suponer que la orden de aprehensión reclamada contra el quejoso se ejecutará en dicha ciudad, por así haberlo aceptado las autoridades responsables ordenadora y ejecutora a que se hizo referencia en párrafos precedentes, ambas con residencia en la Ciudad de México, y donde ejercen jurisdicción los JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En efecto, según quedó establecido antes, la Ley de Amparo, en su artículo 37, primer párrafo, prevé que tratándose de actos positivos por tener ejecución material, el juez de Distrito competente lo será aquél que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo que revela que el legislador dio preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Supuesto que se actualiza en la especie, puesto que se reitera, las autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Veracruz, Fiscal Coordinador de Fiscales Auxiliares de la Fiscal General del Estado de Veracruz, Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, todas con residencia en Veracruz, Veracruz, negaron expresa y categóricamente los actos de ejecución que se les reclama, sin prueba alguna en contrario que desvirtúe sus negativas. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en la Ciudad de México, en turno, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, la orden de captura, la pretende ejecutar la autoridad ejecutora residente en la Ciudad de México. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 5, tomo XIII, de enero de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." En tales condiciones, toda vez que este juzgador federal carece de otros elementos objetivos necesarios para determinar que la ejecución del acto reclamado pueda darse en el domicilio distinto a lugar en el que reside la autoridad ejecutora que aceptó la existencia del acto de ejecución que se le reclama, residente en la Ciudad de México; y al advertirse del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el lugar en el que va a tener ejecución la resolución reclamada en la especie en el la Ciudad de México, el cual, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Sexto de Distrito, y corresponde a los JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2011, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radictadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las anteriores circunstancias, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, POR RAZÓN DE TERRITORIO, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que lo son los JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, quienes ejercen jurisdicción donde reside la autoridad ejecutora responsable que aceptó como cierta la ejecución del acto reclamado; de ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. Asimismo, toda vez que se remite el original del juicio de amparo 513/2021-III; por tanto, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, y en el que comunique si acepta o no la competencia declinada a su favor. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, por oficio con firma electrónica tanto a las autoridades responsables así como a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México y por lista electrónica a las restantes partes.
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