Raymundo Pérez Montales
Expediente 787/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Raymundo Pérez Montales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiséis de septiembre del año en curso (fojas 48 a 50), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la parte tercera interesada, mediante el cual ofrece pruebas y formula alegatos; lo anterior sin mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de veintiséis de septiembre del año en curso (fojas 48 a 50) se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido del proveido de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho: Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez y Diligenciario, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado, respectivamente. Pruebas. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa a su oficio, el juez responsable consistente en copia certificada de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 430/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Interdicto de Retener la Posesión, así como la notificación efectuada al quejoso Raymundo Pérez Montales, el veinte de septiembre siguiente; lo anterior, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Así, del contenido de las constancias remitidas por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, así como de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa Raymundo Pérez Montales, mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 23), se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En relación con el tema que nos ocupa, derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar la sentencia definitiva dentro del expediente 430/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Interdicto de Retener y Recuperar la Posesión, así como su falta de notificación. Ahora bien, del oficio 1797, el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, manifestó que con fecha diecisiete de septiembre del año en curso, se dictó sentencia en el expediente 430/2016, el que se notificó a la parte quejosa, el veinte del mes y año que transcurren, de lo que el quejoso informó en su referido escrito de veintiuno del mes y año en curso. Luego, si en el caso, como se observa el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del juicio origen, el que se notificó al quejoso el veinte de septiembre siguiente, por lo que es inconcuso que cesó la omisión reclamada por la parte quejosa, y se cumplió así con el imperativo constitucional. Lo anterior pone de manifiesto que los efectos de la omisión reclamada ha cesado, al quedar destruida en forma total e incondicional, no obstante la respuesta se realizó durante la sustanciación de esta instancia; dejando con ello de existir la violación constitucional alegada, como si se hubiere concedido el amparo ordenando a las autoridades responsables respetar el derecho que se trata y cumplir lo que este exige, esto es, se dictó la sentencia correspondiente en el expediente 430/2016, y se notificó la misma a la parte quejosa. En ese sentido, dejó de existir lesión en el ámbito jurídico de la parte quejosa que pudiera ser resarcida a través del otorgamiento del amparo, pues se ha acatado el derecho incumplido con la omisión de las responsables, como si se hubiere concedido la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y dos minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesada, el contenido del proveido de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho: Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez y Diligenciario, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado, respectivamente. Pruebas. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa a su oficio, el juez responsable consistente en copia certificada de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 430/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Interdicto de Retener la Posesión, así como la notificación efectuada al quejoso Raymundo Pérez Montales, el veinte de septiembre siguiente; lo anterior, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Así, del contenido de las constancias remitidas por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, así como de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa Raymundo Pérez Montales, mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 23), se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En relación con el tema que nos ocupa, derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar la sentencia definitiva dentro del expediente 430/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Interdicto de Retener y Recuperar la Posesión, así como su falta de notificación. Ahora bien, del oficio 1797, el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, manifestó que con fecha diecisiete de septiembre del año en curso, se dictó sentencia en el expediente 430/2016, el que se notificó a la parte quejosa, el veinte del mes y año que transcurren, de lo que el quejoso informó en su referido escrito de veintiuno del mes y año en curso. Luego, si en el caso, como se observa el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del juicio origen, el que se notificó al quejoso el veinte de septiembre siguiente, por lo que es inconcuso que cesó la omisión reclamada por la parte quejosa, y se cumplió así con el imperativo constitucional. Lo anterior pone de manifiesto que los efectos de la omisión reclamada ha cesado, al quedar destruida en forma total e incondicional, no obstante la respuesta se realizó durante la sustanciación de esta instancia; dejando con ello de existir la violación constitucional alegada, como si se hubiere concedido el amparo ordenando a las autoridades responsables respetar el derecho que se trata y cumplir lo que este exige, esto es, se dictó la sentencia correspondiente en el expediente 430/2016, y se notificó la misma a la parte quejosa. En ese sentido, dejó de existir lesión en el ámbito jurídico de la parte quejosa que pudiera ser resarcida a través del otorgamiento del amparo, pues se ha acatado el derecho incumplido con la omisión de las responsables, como si se hubiere concedido la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y dos minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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