Raymundo Pérez Martínez

Expediente 1162/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1162/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Raymundo Pérez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Raymundo Pérez Martínez, por propio derecho, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. En consecuencia, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1162/2023 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la junta responsable, lo siguiente: - El auto de calificación de pruebas, emitido dentro del expediente origen, mediante el cual se le desecharon diversos medios de convicción. Así, de lo anterior, se infiere que el estado actual de los autos del que deriva el acto reclamado se encuentra en trámite precisamente en desahogo de pruebas (fase probatoria), sin sentencia. En ese sentido, se advierte que en la demanda de derechos fundamentales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De los preceptos legales reproducidos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es menester precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; el Alto Tribunal sostuvo que: los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ante ese panorama, es evidente que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la parte impetrante, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque los actos reclamados, esto es, el auto de calificación de pruebas, en este momento, no genera afectaciones de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. Lo anterior, porque al dictarse la resolución final en dicho juicio, la responsable estará en posibilidad de valorar si efectivamente existen elementos o no para desestimar la pretensión del actor, en cuanto al desahogo de las pruebas ofrecidas por éste. Con la posibilidad de que esa resolución que ponga fin al procedimiento le resulte favorable; pero en caso, contrario, será en ese momento, contra la resolución final que estará en aptitud de controvertirla, incluyendo todas las violaciones que estimen hubieren ocurrido dentro de dicho procedimiento natural. En ese sentido, se considera que el acto reclamado no transgrede de inmediato algún derecho sustantivo, porque sus consecuencias no son susceptibles de producir de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa dentro del juicio de origen. Se insiste, el procedimiento génesis se encuentra en trámite, por lo que existe la posibilidad de que la parte aquí quejosa demuestre lo que pretende, entonces si la sentencia definitiva que se emita en el juicio laboral de referencia, resultara favorable a sus intereses, haría que la violación de que se duele desapareciera por completo y no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio. Habida cuenta, que las consecuencias de la posible violación procesal se extinguirían en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, en caso de que la sentencia que se dicte en el sumario origen de que se trata, sea favorable a la parte quejosa. De ahí, que asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el juicio procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél soslayando que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la sentencia definitiva. Esto obedece, a que la intención del legislador fue la de impedir que por cada violación al procedimiento se promoviera juicio de amparo, lo cual redundaría en una justicia contraria a la que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, como se dijo, el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, previene que procede el amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, pero no cuando sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, máxime que el quejoso no es tercero extraño a juicio, pues figura como parte en el juicio de donde emana el acto reclamado. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de constitucional resulta improcedente contra actos que solo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, como anteriormente lo previa la abrogada Ley de Amparo. En consecuencia, se estima se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. domicilio y autorizados para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda de amparo, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Liborio Silva García y Marco Antonio Ambrocio Martínez, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF), y a las demás personas, únicamente por autorizadas para imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente. Correo electrónico y número telefónico. En atención al artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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