Raymundo Ortiz Vences
Expediente 1424/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/10/2022
Partes del expediente
- Raymundo Ortiz Vences
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 57 a 67), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Destrucción de expediente. Devolución de documento. Ahora, como existe un anexo exhibido por la persona quejosa en copia simple en el presente juicio, de conformidad con el citado acuerdo, désele vista, a fin de que acuda al local de este juzgado dentro de un plazo de noventa días, a recoger el mismo, apercibida que de no hacerlo, será enviado junto con el expediente en que se actúa, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de México, para su destrucción.
- Principal
la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que el Juzgado de su adscripción se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número 1545/2022-IV de su estadística y acusa de recibo. En este sentido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, tomando pleno conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que el Juzgado de su adscripción se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número 1550/2022-IX de su estadística y acusa de recibo. En este sentido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, tomando pleno conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE:el quejoso, desahoga la prevención que se le formuló en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso; en este sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngase por cumplida la prevención en comento. Precisión del acto reclamado. En el caso a estudio, el peticionario de amparo reclama a lo siguiente: 1. De XXXXXXX, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: a. La falta de integración de los datos de prueba en la carpeta de investigación TOL/FSP/SPO/107/136747/19/05. 2. De los agentes del Ministerio Público Primero, Segundo y Tercer turno del Centro de Justicia de Lerma, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De XXXXXXXX, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca, Mesa Cuatro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De XXXXX, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. a. La falta de integración de los datos de prueba en la carpeta de investigación TOL/MET/00MPI/400/00927/18/06. 3. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México: a. La medida cautelar de presentarse a firmar cada dos meses. b. La suspensión temporal del cargo como agente del ministerio público. c. Auto de vinculación emitido en la carpeta administrativa 242/2021 de su índice. Separación de juicios. En atención al estudio integro de la demanda, a los actos precisados con anterioridad y al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, es necesario hacer referencia al artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento, el cual señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" Pues bien, dentro de la jurisprudencia que se integró conforme a la anterior ley de la materia se encuentran aquellos criterios en los que se estableció la institución de la separación de juicios, misma que si bien no estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, como tampoco lo está en la hoy vigente, fue incorporada al juicio de amparo a través de los criterios jurisprudenciales números P./J.76/97, P.J.77/97 y P.J.78/97, pronunciados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 6/96, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, localizables en las páginas 117, 118 y 119, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; "SEPARACIÓN DE JUICIO. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". Criterios de cuya lectura se colige que dicha figura jurídica tiene por objeto dividir la demanda de amparo, a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los diversos actos que provienen de juicios desvinculados entre sí, reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, y que para determinar la separación de los juicios de amparo, los actos que se reclamen en una misma demanda de garantías deben ser distintos por derivar de diferentes procedimientos, o bien, porque se reclamen a las mismas autoridades responsables, distintos actos desvinculados entre sí, aunque sean diversos los quejosos. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. Así pues, en el presente caso, y atento a que la Ley de Amparo vigente no contiene ninguna disposición en la que se prohíba la separación de juicios, esta juzgadora federal, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley, donde se da la posibilidad de determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si alguna cuestión incidental como la que aquí se presenta, se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia, considerando lo anterior, esta juzgadora procede a declarar de plano la separación de la demanda de amparo que originó el presente juicio pues, como se ve, la parte quejosa, reclama de diversas autoridades responsables, diversos actos reclamados. Así las cosas, del análisis que se realiza a las constancias de autos, se advierte que los actos reclamados derivan de diversas autoridades responsables, y corresponden a diversos expedientes o carpetas de investigación, por lo que su naturaleza jurídica es distinta, de ahí que se encuentran desvinculados entre sí; por tanto, se considera que lo procedente es dividir los actos reclamados que derivan del presente asunto, a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo. Esto, porque la citada diversidad de actos reclamados tiene naturaleza distinta y su estudio llevaría al análisis de aspectos jurídicos ajenos entre sí, entonces no existe razón para que en un mismo juicio se estudien conjuntamente. Máxime que la jurisprudencia invocada con antelación, como ya se dijo, resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del referido artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente. Por ende, es procedente decretar la separación de juicio en los siguientes términos: Quedará para conocimiento en el presente juicio de amparo el acto reclamado consistente en: De XXXXXXXX, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: La falta de integración de los datos de prueba en la carpeta de investigación TOL/FSP/SPO/107/136747/19/05. Consecuentemente, se ordena obtener copia certificada de la demanda de amparo donde conste la fecha respectiva de su presentación a través del buzón judicial y una vez efectuado lo anterior, se remita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que le dé el trámite de registro respectivo y la turne administrativamente como corresponda, por cuanto hace al acto reclamado siguiente: De los agentes del Ministerio Público Primero, Segundo y Tercer turno del Centro de Justicia de Lerma, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De XXXXXXXX, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca, Mesa Cuatro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De XXXXXXX, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. - La falta de integración de los datos de prueba en la carpeta de investigación TOL/MET/00MPI/400/00927/18/06. Se remite por conocimiento previo. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de la consulta del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se tramitó el juicio de amparo 1384/2021, en el cual en esencia se reclamó: 1. La resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 665/2021, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante el cual se confirmó el auto de vinculación a proceso de diez de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, en la carpeta administrativa 242/2021. 2. Asimismo, que mediante sentencia definitiva de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 3. Resolución que fue revocada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante sesión de siete de julio de dos mil veintidós, en la que se negó la Justicia de la Unión. Lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, la quejosa en la presente instancia reclama al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México: 1. La medida cautelar de presentarse a firmar dos meses 2. La suspensión temporal del cargo de Ministerio Público. 3. El auto de vinculación emitido en la carpeta administrativa 242/2021 de su índice. En ese contexto, se evidencia que dichos actos reclamados deriva de la carpeta administrativa 241/2021 del índice Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo que se considera que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es el órgano jurisdiccional al cual le corresponde conocer del presente juicio, por conocimiento previo. Lo anterior, por las razones siguientes: a) El catorce de mayo de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 23/2002 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el cual abroga el diverso Acuerdo General 50/2001 del propio órgano colegiado, cuyo objeto era lograr una mejor regulación en los ingresos, así como una distribución equitativa de los asuntos entre los órganos jurisdiccionales federales, así como establecer reglas para el turno de asuntos relacionados, por la intervención de las mismas partes y/o por provenir de un mismo procedimiento, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo del asunto, para evitar resoluciones contradictorias. b) Dicho lo anterior, por Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil catorce, se modificaron las reglas de turno suprimiéndose el sistema de asuntos relacionados en los juicios de amparo directo e indirecto y recursos que de ellos derivaran, sobre la base de que existían, con el objeto de evitar que la carga de trabajo de esos asuntos se concentrará en un sólo órgano jurisdiccional. Dejando a salvo los derechos de Ia Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para resolver cualquier cuestión no prevista, mediante consulta. c) Así las cosas, el veintiuno de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; el cual, implementó nuevamente el turno de asuntos relacionados, cuyo objeto es el mejoramiento del sistema de distribución de asuntos, en aras de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. d) No obstante lo anterior, el catorce de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de asuntos y las consultas de turno. Es importante señalar que, una de las consideraciones importantes que dieron pie a la reforma del acuerdo referido es que se redujo a cinco años la búsqueda de antecedentes en el sistema de turno relacionado, señalando que para que se actualice el turno relacionado de asuntos, basta con que se detecten antecedentes de captura en el sistema que permitan la vinculación de juicios, sin que para ello sea necesario algún análisis de fondo. Bajo esa línea, se considera necesario traer a colación específicamente el contenido de los artículos 45 y 46 fracción IV, los cuales establecen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación, de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente." Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos;" De lo anterior, se desprende que existen dos formas de efectuar el turno de los nuevos asuntos ingresados en las Oficinas de Correspondencia Común que auxiliar a los órganos jurisdiccionales, a saber: - Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y - Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Luego, en relación con ello, la disposición normativa en cita, establece que es facultad del órgano jurisdiccional que recibe un nuevo asunto, estimar que corresponde conocer por razón de turno a diverso juzgador, si en el caso detecta antecedentes de captura que permitan concluir que éste ya resolvió sobre la pretensión que hace valer el quejoso. En este sentido, tomando en consideración que uno de los criterios generales de relación en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación es cuando se promuevan demandas de amparo contra actor provenientes del mismo expediente jurisdiccional seguido en forma de juicio, al que tenga el último antecedente del asunto, tal como lo señala el artículo 46 fracción II referido. Ahora, como se dijo en párrafos precedentes, este Juzgado de Distrito, al analizar lo dispuesto en el artículo 45, en relación con el 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, se estima que el presente juicio de amparo promovido por XXXXXXX, se ubica en la hipótesis de un asunto relacionado por conocimiento previo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Lo anterior, toda vez que resolvió el juicio de amparo 1384/2021 y del que como ya se dijo con anterioridad, para su resolución analizó el contenido de la carpeta administrativa 242/2021, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por tanto, se estima procedente remitir directamente este juicio al mencionado órgano jurisdiccional; solicitándole informe si acepta o no el conocimiento previo del mismo. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 461 Quater, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, establece que cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer. Hágase del conocimiento la presente determinación judicial a las partes; asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por tanto, como se señaló en párrafos precedentes, el presente juicio de amparo se resolverá respecto al acto reclamado, consistentes en: La falta de integración de los datos de prueba en la carpeta de investigación TOL/FSP/SPO/107/136747/19/05. 1 Artículo 46 Quater. El procedimiento que deben seguir los órganos jurisdiccionales para formular una consulta de turno es el siguiente: I. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo; VICTOR FLORES NICOLAS DESECHAMIENTO EL MINISTERIO PÚBLICO NO AUTORIDAD RESPONSABLE Con apoyo, en los artículos 61 fracción XXIII en relación al 1º fracción I, 5° fracción II y 217 de la Ley de Amparo. procede desecharla de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En este sentido, los artículos 1º fracción I y 5° fracción II disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De los numerales citados se advierte que, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se aprecia que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que la acción inconstitucional es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Así, el acto combatido, no puede considerarse como un acto de autoridad, en virtud que la causa penal se encuentra en la etapa intermedia, por lo que ha concluido la intervención del ministerio público en calidad de autoridad dentro del proceso penal, quedando la dirección del procedimiento a cargo del Juez de Control. Esto, porque dada la fase en que se encuentra la causa penal, es decir, en la etapa intermedia, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. De ahí que si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el Imputado es culpable, presentará su acusación ante el Juez. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, o el Ministerio Público en el caso que corresponda, propondrán las pruebas que presentarán en el juicio, y el juez de control decidirá cuales admitirá. Por ello, es que el Ministerio Público, en esta etapa carece de facultades para recabar datos de prueba. Con independencia de que el imputado tuvo expedito su derecho para ofrecer en las etapas previas de investigación, los datos de prueba que considerara convenientes. Por tanto, si el Ministerio Público carece de facultades para integrar datos de prueba a la carpeta de investigación, porque en la etapa en que se encuentra la causa, pasa a ser parte del mismo, entonces es indudable que no le reviste la calidad de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. En consecuencia se actualiza en modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII en relación al 1º fracción I, 5° fracción II y 217 de la Ley de Amparo. Por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. No obstante lo anterior, esta juzgadora también advierte que el acto que nos ocupa actualiza de manera manifiesta e indudable una diversa causal de improcedencia EL ACTO NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN En el caso esta Juzgadora advierte que se actualiza, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Así como el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, d la ley de la materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, el acto reclamado consistente en la falta de integración de datos de prueba en una carpeta de investigación, pues la afectación que en su caso, no constituye un acto de imposible reparación, en razón de que la investigación está sujeta a control judicial y, de acuerdo con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el justiciable, hasta antes de presentada la acusación, tiene la posibilidad de exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesarios la incorporación de datos de prueba a a la investigación. Por lo que la falta de incorporar datos de prueba no constituye un acto que resuelva de manera definitiva la cuestión, ya que los efectos que pudiera causar sobre los derechos del imputado podrán ser reparados si éste o su defensa pide, ante el juez de control y antes de la presentación de la acusación, la petición de diligencias de investigación o incorporación de datos de prueba que no fueron incorporados. Esto es así, en razón de que dicha cuestión constituye un aspecto relacionado con los derechos procesales de las partes que no son susceptibles de impugnar a través de amparo indirecto, ya que se trata de aspectos adjetivos o de carácter intraprocesal cuyo estudio corresponde al juicio de amparo directo. Conforme a lo expuesto, el acto reclamado por la parte quejosa no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que no afecta sus derechos sustantivos el hecho de que el acto reclamado consistente en la falta de integración de datos de prueba en una carpeta de investigación, pues la afectación que en su caso se llegare a generar no es de los de imposible reparación, por lo que se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis normativa que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de ahí que debe desecharse la demanda de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos.
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