Raymundo Ortega Robledo
Expediente 1314/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Raymundo Ortega Robledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios de las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretaría ambos del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos; así como, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mediante los cuales rinden informe previo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada ley conforme a su artículo 2, se da vista a las partes con el contenido de los informes previos para su conocimiento y efectos legales conducentes. Ahora bien, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilios para oír y recibir notificaciones los mencionados en los oficios de referencia; así como medios alternativos de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporcionan. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que aún no transcurre el término de cuarenta y ocho horas concedido a la autoridad responsable Director General de la Comisión Nacional del Agua, para que rinda su informe previo. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y siete minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma Notifíquese; por lista a las partes.
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que aún no transcurre el término de cuarenta y ocho horas concedido a la autoridad responsable Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México, para que rinda su informe previo. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el cual comunica el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 626/2020 de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional estima que no debe de conocer del juicio de amparo 1314/2023-II de la estadística de este juzgado, con motivo del conocimiento previo planteado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, e intégrese el cuaderno de antecedentes al principal, únicamente con las constancias que obran en original. Ahora bien, el homólogo oficiante señala que no debe conocer del asunto por conocimiento previo planteado por este juzgado, al considerar que no se trata de los mismos actos reclamados y autoridades responsables en ambos juicios, en ese sentido, este órgano de control constitucional, no insiste en declinar el conocimiento previo del presente juicio de amparo. En tal virtud, se ordena seguir con la secuela procesal del presente juicio de amparo, por lo que se provee: V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Antonio Camacho Muñoz, Raymundo Ortega Robledo, Leobardo Vázquez Ramírez, Anselmo Ortega Romero, Petra Cruz Rodríguez, Juan Antonio Vázquez Ramírez y Leticia Ramírez García en su carácter de comuneros de Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, mediante la cual, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Comandante de la Guardia Nacional. Secretaria de Defensa Nacional. Fiscal General de la República. Titular de la Policía Federal Ministerial. Director General de la Comisión Nacional del Agua. Gobernador Constitucional del Estado de México. Secretario General de Gobierno del Estado de México. Fiscal General de Justicia del Estado de México. Secretaria de Seguridad del Estado de México. Subsecretario de la Secretaría de Policía Estatal del Estado de México. Presidente Municipal de Ecatepec, Estado de México. Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México. Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México. Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Estado de México. Fiscal Regional en Ecatepec, Estado de México. Acto Reclamado -La orden y ejecución para privar de la posesión a los quejosos del predio denominado "el caracol" con una superficie de: 79.8781 hectáreas. ADMISIÓN DE DEMANDA. Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. No pasa inadvertido para este juzgado la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE CONTRA ACTOS QUE TIENEN O PUEDEN TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR TOTAL O PARCIALMENTE, EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA, DE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O DISFRUTE DE DERECHOS AGRARIOS A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL, SIN QUE PARA ELLO RESULTE APLICABLE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.". Pues, si bien es cierto, en materia agraria la suspensión de oficio y de plano debe decretarse siempre que se actualicen los supuestos previstos por el artículo 126, de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; también lo es que para ello es menester que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa. Lo anterior es así, dado que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación y, en su fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros; regula el ejercicio de los derechos de éstos sobre la tierra y de aquéllos sobre su parcela; establece que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, indica lo siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. NO PROCEDE CONCEDERLA CUANDO LA PARTE QUEJOSA ES UNA PERSONA INDIVIDUAL DE DERECHO AGRARIO QUE PROMUEVE POR SU PROPIO DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al decidir si procede o no conceder la suspensión de oficio y de plano, cuando quien promueve el juicio de amparo es una persona individual de derecho agrario que acude al juicio constitucional por su propio derecho. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede conceder la suspensión de oficio y de plano cuando quien promueve el juicio de amparo es un sujeto individual de derecho agrario que acude al juicio constitucional por su propio derecho. Justificación: Al resolver la contradicción de tesis 6/2022, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 31/2022 (11a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una parte de la ejecutoria, analizó el desarrollo histórico-legislativo de la institución de la suspensión de oficio y de plano en materia agraria, estableció que su propósito es preservar la integridad de los derechos colectivos agrarios y determinó que dicha suspensión, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede cuando se reúnen dos requisitos, a saber: que el juicio de amparo haya sido promovido por un núcleo de población y que los actos reclamados tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Atento a ese criterio, en relación con el diverso sustentado por la propia Segunda Sala en la tesis aislada 2a. LII/2020 (10a.), en la cual estableció que en la Ley de Amparo vigente desapareció la figura de la representación sustituta, que permitía a los titulares de derechos agrarios individuales promover el juicio de amparo en defensa de derechos colectivos, se concluye que cuando el juicio de amparo sea promovido por una persona individual titular de derechos agrarios, por su propio derecho, no se surte la hipótesis normativa del artículo 126 en cita y, en consecuencia, no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano que ahí se establece, pues en ningún caso puede acudir en defensa de los derechos de los núcleos de población, ni siquiera en el supuesto de que el acto reclamado afecte tanto derechos individuales como colectivos ya que, en todo caso, corresponde a dicho núcleo decidir si lo reclama a través del juicio de amparo. No se soslaya que con la prerrogativa procesal de los sujetos individuales agrarios de obtener la suspensión incidental, se cumple con los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades señaladas como responsables: Su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviarlos debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. APERCIBIMIENTO Apercibidas las autoridades responsables que de no remitir su informe; o bien, rendirlo sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se les impondrá a cada una de ellas en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. OBLIGACIÓN DE INFORMAR ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia, e informen, de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; debiendo indicar el número de expediente bajo el que se tramita ese juicio, e indicar qué órgano jurisdiccional conoció de éste. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. REQUERIMIENTO AL DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL AGRARIO Por otro lado, en atención a que el acto que aquí se reclama, puede tratarse de actos que tienen o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión de un bien inmueble que pertenece al régimen comunal, con fundamento en el artículo 75 de la ley de la materia, requiérase al Director del Archivo General Agrario, para que, dentro del término de cinco días siguientes al de su legal notificación, remita copias certificadas de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela respecto de la ********************. Se le apercibe, que para el caso de no cumplir este requerimiento o no informar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. SE DESIGNA REPRESENTANTE COMÚN. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por el primer párrafo, del artículo 13 de la Ley de Amparo, y como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común de los peticionarios del amparo a ******************** PRUEBAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales recibidas mediante el oficio de cuenta; las que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS Por lo que respecta a su solicitud del documento que adjunta a su escrito inicial de demanda, dígase que por el momento no es posible acceder a su petición, toda vez que, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son susceptibles de devolución todos los documentos originales que se exhiban en el juicio de amparo, también lo es que, dicho artículo señala son susceptibles de devolución aquellos que no fueron objetados en su oportunidad; en consecuencia, una vez que se dicte resolución ejecutoria previa insistencia que sobre el particular se reitere por escrito se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables; así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y atento a lo ordenado en el cuaderno principal de donde deriva la presente incidencia, procédase a proveer lo atinente a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo 1314/2023-II, promovido por ****** y **** en su carácter de comuneros de Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Comandante de la Guardia Nacional. Secretaria de Defensa Nacional. Fiscal General de la República. Titular de la Policía Federal Ministerial. Director General de la Comisión Nacional del Agua. Gobernador Constitucional del Estado de México. Secretario General de Gobierno del Estado de México. Fiscal General de Justicia del Estado de México. Secretaria de Seguridad del Estado de México. Subsecretario de la Secretaría de Policía Estatal del Estado de México. Presidente Municipal de Ecatepec, Estado de México. Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México. Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México. Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Estado de México. Fiscal Regional en Ecatepec, Estado de México. ACTO RECLAMADO -La orden y ejecución para privar de la posesión a los quejosos del predio denominado "el caracol" con una superficie de: 79.8781 hectáreas. INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a las citadas autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendir por dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo. Al efecto, remítaseles copia simple de la demanda, del escrito de ampliación y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. Es menester señalar que, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuman ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. APERCIBIMIENTO Se apercibe a las autoridades ordenadoras que de no remitir su informe previo se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. Que exista la solicitud del quejoso. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario, en principio, establecer el acto reclamado respecto del cual solicita la medida cautelar que, en esencia, consisten en: La ejecución para privar de la posesión a los quejosos del predio denominado "el caracol" con una superficie de: 79.8781 hectáreas. Ahora bien, del apartado relativo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no emitan actos tendentes a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute a la parte quejosa del predio denominado "el caracol" con una superficie de: 79.8781 hectáreas. Precisado dicho aspecto, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En cuanto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, tienen el carácter de positivos, pues se presentan con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades. En esas condiciones, por su naturaleza, los efectos y consecuencias del acto reclamado son susceptibles de suspenderse, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece, en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicitan quienes resultan directamente agraviados con los actos reclamados, pues según lo expuesto en la demanda, la parte quejosa es quien será directamente afectada con los actos tendentes a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute. Por tanto, se trata de las personas que resentirán la afectación en sus derechos fundamentales. Además, que a la demanda se anexaron las siguientes documentales: Copia certificada de los certificados de derechos sobre tierras de uso común 000000013534, 000000013564, 000000013588, 000000013563, 000000013548, 000000013587 y 000000036763, a nombre de los quejosos Antonio Camacho Muñoz, Raymundo Ortega Robledo, Leobardo Vázquez Ramírez, Anselmo Ortega Robledo, Petra Cruz Rodríguez, Juan Antonio Vázquez Ramírez y Leticia Ramírez García, respectivamente. Copia certificada de los certificados parcelarios 000000010130, 000000010161, 000000010186, 000000010160, 000000010140, 000000010185, 000000052755, a nombre de los quejosos, Antonio Camacho Muñoz, Raymundo Ortega Robledo, Leobardo Vázquez Ramírez, Anselmo Ortega Robledo, Petra Cruz Rodríguez, Juan Antonio Vázquez Ramírez y Leticia Ramírez García, respectivamente. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (.)." Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito se estima cumplido, pues con el otorgamiento de la suspensión de los efectos y consecuencias del acto reclamado no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Habida cuenta que con el otorgamiento de la medida cautelar no se permite la realización de alguno de los actos que el legislador en el artículo 129 de la ley de la materia, enunció como ejemplos de lo que podría causar perjuicio al interés social y contravenciones al orden público. En consecuencia, al concurrir los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 en relación con el diverso 138, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para los siguientes efectos: Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se continúe con los actos tendentes a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute a la parte quejosa del predio denominado "el caracol" con una superficie de: 79.8781 hectáreas. Tomando en cuenta el peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, de conformidad a lo previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional decretada subsistirán hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. Sin que haya lugar a fijar garantía, toda vez que el quejoso acude a esta instancia en su calidad de comunero. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./j.80/2019 (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO AGRARIO. EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL QUE SE EXENTA A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, ES APLICABLE TAMBIÉN A LOS EJIDATARIOS QUE ACUDEN EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS DERECHOS AGRARIOS. El artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que "la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". Dicho beneficio debe entenderse aplicable también a los ejidatarios que acuden en lo individual al juicio de amparo en defensa de sus derechos agrarios, pues del análisis histórico-evolutivo de las reformas constitucionales y legales referentes al "amparo agrario", se advierte la existencia de un espectro normativo protector que comprende tanto a los sujetos colectivos (ejidos y núcleos de población) como a los individuales (ejidatarios, comuneros, avecindados, etcétera), quienes acuden en defensa de sus derechos agrarios. Sostener lo contrario resultaría discriminatorio y contrario al espíritu del Constituyente, pues implicaría dar un trato desigual a sujetos de derecho agrario regulados bajo el mismo régimen tutelar de derechos." La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados provienen de autoridades diversas a las señaladas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Desde este momento atento al principio de celeridad que rige en el incidente de suspensión, en términos del párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y vía electrónica a la parte quejosa.
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