Raymundo Ortega Nieto
Expediente 443/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raymundo Ortega Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 102 a 111), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 443/2019, fue legalmente notificada a la parte quejosa el cuatro de diciembre de la presente anualidad (foja 116); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracciones II y III, así como vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de doce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 7) se decretó la suspensión de plano; por tanto, con fundamento en la fracción III del referido punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Destino Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su depuración, conforme el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, del referido acuerdo. Archivo reciente Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. MESA IV-B
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 443/2019-IV-B promovido por Raymundo Ortega Nieto, por conducto de Rusbel Daniel Vásquez Sánchez, contra las autoridades y por lo actos precisados en los considerandos cuarto y quinto, así como por la consideraciones esgrimidas en el diverso sexto de esta resolución.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena glosar al expediente el informe justificado rendido por el 1. Agente del Ministerio Público Coordinador de la Fiscalía Local de Salina Cruz, Oaxaca, en su denominación correcta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Notifíquese. VI-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena glosar al expediente el informe justificado rendido por el 2. Delegado Regional de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado, en su denominación correcta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexa a su informe, las que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, consistentes en: 1. Copia certificada del acta de infracción número 306660, a nombre del infractor Raymundo Ortega Nieto. 2. Copia certificada del certificado médico expedido el doce de octubre del año en curso, por el doctor Héctor Villalobos de la Cruz, quien diagnosticó al aquí quejoso Raymundo Ortega Nieto. 3. Copia certificada de la "Remisión de persona detenida" de doce de octubre de dos mil diecinueve, con motivo del arresto administrativo por incurrir en una falta administrativa, a nombre de Raymundo Ortega Nieto, dirigido al Comisionario de la Policía Municipal con sede en esta ciudad. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día señalando como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Al caso se invoca la tesis XXVII.3o.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1451 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5 (abril de 2014), tomo II, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese. VI-B
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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