Raymundo Olea Fabian

Expediente 1424/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1424/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2023

Partes del expediente

  • Raymundo Olea Fabian

Actuaciones

  1. Principal

    Firme auto. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para recurrir el acuerdo que desechó la demanda sin que se hubiese hecho; en ese sentido con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a) 98 y 99 de la Ley de Amparo y 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles se declara que ha quedado firme el auto en cita. Archivo. En su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido y remítase en la remesa de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 20*******fracción IV***l Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal*****que establece las disposiciones en materia de valoración***digitalización***transferencia******resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales*******publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15********************17 y 18 del citado Acuerdo General************por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General*******resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo********y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General*********en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico********************de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma********************adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado********se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física*******para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física************y aquellos qu genere el personal del órgano jurisdiccional*********para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. integración del expediente. De igual manera********conforme al acuerdo citado**** *****hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física*** ********serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad********************no así las que se reciban de manera electrónica********************las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio********************debido a su naturaleza Notifíquese. IV

  2. Principal

    citatorio se notifica por medio de lista el proveido de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés a la parte quejoso De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ******************************************************** Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés emitida por la Primera Sala Civil de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que confirmó la diversa de veintidós de junio del año que transcurre en la que el Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil de ese tribunal declaró infundado el incidente de falsedad promovido por el aquí quejoso, en contra de la firma que calzaba el ocurso en donde la codemandada Gabriela Cabello Reyes promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento al juicio 402/2019. Al respecto, la suscrita juzgadora concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Ciertamente, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al establecerse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino fue taxativo al indicar el significado de tal cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, el acto combatido en estudio por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal que la resolución que ponga fin al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la codemandada sea favorable al quejoso, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían, pues sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primer grado con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, si el acto combatido en el presente juicio lo constituye la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés en la que la Primera Sala Civil de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó la diversa de veintidós de junio del año que transcurre en la que el juez de origen declaró infundado el incidente de falsedad promovido por el aquí quejoso, en contra de la firma que calzaba el ocurso en donde la codemandada Gabriela Cabello Reyes promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, dicho fallo no constituye un acto dentro del juicio de origen cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasiona consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo incidental, amén que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas. Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, tal disposición legal define en forma concreta que los actos de imposible reparación son aquellos que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en otras palabras, excluyó la posibilidad de interpretar qué actos podrían ser considerados como de imposible reparación, limitándolo a los que transgredieran materialmente derechos sustantivos. Por tanto, es evidente que tal resolución no puede considerarse como acto en el juicio de primera instancia que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental, constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo que se emita en la incidencia de mérito. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro del incidente en estudio. En efecto, el acto reclamado no puede considerarse que tenga efectos de imposible reparación, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, dado que no se trata de una actuación autónoma al incidente de nulidad de actuaciones en el que se encuentra la particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa; sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para considerar conducente esta instancia constitucional, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino que debe tenerse presente la naturaleza jurisdiccional del procedimiento del cual derivan los actos reclamados. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, al tratarse de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. ************************************************************* En efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. **************************************************************** Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas en la sentencia interlocutoria que ponga fin al incidente de cancelación de pensión alimenticia, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o bien, vía amparo indirecto de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MESA* IV

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