RAYMUNDO MICHELL LÓPEZ LÓPEZ y Otros.
Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla
- RAYMUNDO MICHELL LÓPEZ LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo para impugnar a través del recurso de queja, conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento, la resolución de once de noviembre de este año, por la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, conforme a la certificación de cuenta. CAUSA ESTADO, SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO En consecuencia, al no haberse impugnado la resolución de once de noviembre de la anualidad que transcurre a través del recurso que al efecto prevé la Ley de Amparo, en el plazo fijado para ello, es evidente que la resolución que tiene por no presentada la demanda de amparo ha causado estado, en términos del precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE De conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda y no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACION EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. SEGUNDO REQUERIMIENTO AL ACTUARIO JUDICIAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a la certificación que antecede en la que se hace constar que de la revisión del expediente electrónico correspondiente al juicio de amparo en que se da cuenta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no obra la constancia en la que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional encargado de practicar las notificaciones derivadas de este asunto, se comunicó al número telefónico 5574128663 y, en primer lugar, se cercioró que pertenece a Osvaldo Rodríguez López y, hecho lo anterior, lo cuestionó en el sentido de que si aún continúa siendo apoderado de la empresa CR-FACT SAPI DE CV, así como algún domicilio en el que ésta pueda ser emplazada dentro del presente juicio y, de no corresponder el número telefónico a la persona antes precisada, pero sí a la moral buscada, que solicitó a quién lo atendió, proporcione el domicilio de la moral; tal y como se le requirió el veintiocho de octubre pasado y se le reiteró el doce de este mes y año. Por tanto, se requiere al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, encargado de practicar esa diligencia, para el efecto de que de contar con tal constancia, de inmediato la integre al expediente electrónico respectivo. En el entendido que, si no cuenta con ella, se ordena que de manera inmediata la realice, con miras a abreviar y agilizar el trámite y resolución del presente expediente, en acato irrestricto a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, procediendo a su pronta integración electrónica, así como de estar en posibilidad de acordar lo conducente. CÚMPLASE LO REQUERIDO AL ACTUARIO JUDICIAL.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE PROVEIDO Puebla, Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. DILIGENCIA JUDICIAL QUEJOSO NO RATIFICA DEMANDA DEMANDA POR NO PRESENTADA Vista la diligencia practicada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal el nueve de noviembre de dos mil veinte, se advierte que el quejoso directo Raymundo Michell López López, no ratificó la demanda promovida en su nombre por María Claudia López Luna, ello en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte. En tales condiciones, al no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, se hace efectivo el apercibimiento con que se previno en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte y, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. INFORME CUMPLIMIENTO SUSPENSIÓN DE PLANO. SIN MAYOR ACUERDO Por otra parte, agréguense a los autos los oficios de cuenta del Jefe de Departamento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y otra autoridad, y anexos que al mismo acompaña, recibidos vía correo electrónico y en la Oficina de Correspondencia Común, por los que informan el cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso Raymundo Michell López López; únicamente para que obren como en derecho corresponda en razón de que en párrafos precedentes se tuvo por no presentada la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Toda vez que el quejoso Raymundo Michell López López se encuentra privado de su libertad personal en el interior del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial encargado de las notificaciones derivadas del presente expediente, se constituya con las medidas de seguridad e higiene correspondientes a fin de evitar la propagación del virus Covid-19, en el interior de dicho recinto carcelario y notifique de manera personal a la parte quejosa el contenido del presente acuerdo, debiendo entregarle copia autorizada con firma electrónica del mismo. Por tanto, dado que en el presente acuerdo se ordena una notificación personal, se hace saber al actuario encargado de practicar la diligencia, que deberá ajustarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realiza la notificación y de las personas justiciables, ello en términos de los establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto y en el lugar de su reclusión.
- Principal
Vista la demanda de amparo instada por María Claudia López Luna quien se ostenta como madre de Raymundo Michell López López, contra los actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 897/2020. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Raymundo Michell López López se encuentra privado de su libertad e incomunicado en el interior del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 15, 109, 112 y 115 de la Ley de Amparo se tiene a María Claudia López Luna promoviendo en nombre de Raymundo Michell López López, demanda de amparo en contra los actos y autoridades antes referidas, en razón de que al parecer éste último no puede promover por sí mismo. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso Raymundo Michell López López, para el efecto de que cesen de inmediato los actos de incomunicación y tortura, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior comuníquese de inmediato por medio de oficio a las autoridades responsables. Por otra parte, toda vez que la promovente refiere que el quejoso Raymundo Michell López López se encuentra delicado de salud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Raymundo Michell López López, para que en caso de que se encuentre en estado de salud grave, el Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, adopte las medidas necesarias para que se proporcione al referido quejoso la atención y servicio médico necesario y, en caso, de ser indispensable sea atendido por un especialista en la patología, que el promovente refiere padece, lo cual deberá de acreditar mediante las documentales necesarias, de las cuales se corrobore que ha acatado con lo ordenado por este órgano jurisdiccional dentro de la suspensión de plano otorgada. Además, el Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, de Puebla, debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del citado quejoso, ello en atención a lo manifestado por el promovente en el punto tercero del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo. Lo anterior en virtud de que no se contraviene disposiciones de orden público, por el contrario, el interés social exige que las personas reciban atención médica, tomando en consideración que conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; situación que impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando, entre ellos, el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión, quienes siguen gozando de dicha prerrogativa. Así mismo, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, incluso los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. En tal sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Así mismo, la sala indicó, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. El criterio citado, puede ser consultado en la tesis aislada, publicada en la página 457, del tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Así mismo, sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 574, tomo II, diciembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República." También, en lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XXVIII, octubre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD, conforme a lo dispuesto en el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Mediante oficio que al efecto se gire, se requiere al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla y al resto de las autoridades responsables, para que dentro del término de DOCE HORAS, informe acerca de la forma o términos en que dio cumplimiento a esta suspensión, remitiendo las constancias que acrediten el mismo, así como copia certificada del expediente clínico penitenciario del quejoso Raymundo Michell López López; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el secretario autorizado para recibir el correspondiente informe lo es Édgar Moreno González, mismo que podrán remitir a las direcciones siguientes: correo electrónico a las cuentas siguientes: edgar.moreno.gonzalez@correo.cjf.gob.mx edgarmorenogonzalez99@gmail.com edgarmorenogonzalez@outlook.es Con la obligación de confirmar la recepción al teléfono móvil con número 22 27 53 63 04 en un horario de las nueve a las quince horas de lunes a viernes o, al correo: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Con la obligación de confirmar la al teléfono 01 22 22 37 66 67 en el mismo horario señalado con antelación. En el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Así mismo, toda vez que el quejoso Raymundo Michell López López no puede promover por sí mismo, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de amparo y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo se comisiona al actuario judicial de este órgano jurisdiccional, para que estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la diligencia: 1.- Se constituya en el recinto oficial que ocupa las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, con el objeto de localizar al quejoso directo Raymundo Michell López López. 2.- De fe del estado físico del quejoso y le haga saber el motivo de la diligencia. 3.- Le notifique el contenido íntegro del presente proveído y le corra traslado con la copia del mismo. 4.- Los requiera para que manifieste si se encuentra incomunicado. 5.- Le ponga a la vista la demanda de amparo promovida por Raymundo Michell López López en su nombre, de lectura a la misma y enterado de su contenido, los prevenga para que en el momento de la diligencia, o dentro del plazo de tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Concluida la diligencia encomendada se solicita al actuario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. Se requiere a las autoridades responsables y a cualquier otro funcionario, servidor público o empleado que labore en la sede de las autoridades responsables, para que brinden el apoyo necesario para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo y de la función judicial. En el entendido de que el estado de salud del quejoso o el área en que se encuentre dentro del mismo centro de reclusión, no es impedimento para el desahogo de la diligencia ordenada en el presente acuerdo, ya que, como se señaló, la diligencia ordenada al actuario judicial se desahogará en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Se apercibe a las autoridades responsables que de incurrir en actos tendentes a obstaculizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá a la autoridad responsable, servidor público o empleado que corresponda una multa de mil días a que se refiere el artículo 259 con relación al 237, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha diligencia al tener el carácter de urgente y dada la naturaleza que la suspensión de los actos aquí impugnados, es innegable que se trata de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Aunado a lo anterior, hágasele saber a las referidas autoridades que demás de la multa impuesta, que de resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional entraña la comisión de un delito establecido en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. NOTIFICACIÓN A AUTORIDADES A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a las autoridades responsables mediante oficio vía ordinaria. Hágasele del conocimiento a las autoridades responsables que en caso de que se nieguen a recibir cualquier notificación derivada del presente juicio, en términos de la fracción I del artículo 28 de la Ley de la Materia, se les impondrá una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, con fundamento en el diverso 245 de la Ley de Amparo. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. DOMICILIO. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los abogados indicados en el escrito de demanda, ello por encontrarse su nombre y cédula profesional en el Registro Nacional de profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXHORTACIÓN AL RESTO DE LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa y a sus autorizados para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". INSTRUCCIÓN ACTUARIO JUDICIAL Se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que tan luego practique las notificaciones y diligencias ordenadas en el presente acuerdo, digitalice las razones circunstanciadas correspondientes y las integre al expediente electrónico o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Raymundo Flores Godos608/2017
- Raymundo Gerardo Leon Velasco593/2017
- Raymundo Hernández Pacheco982/2021
- Raymundo Leon Perez1106/2018
- Raymundo López Lima1372/2022
- Raymundo Martínez Villegas197/2018
- Raymundo Nazaret Robles Trujillo339/2015
- Raymundo Perez Tlaxcaltecatl737/2017
- Raymundo Quiroz Ordaz712/2017
- Raymundo Quiroz Ordaz871/2017
- Raymundo Reyes Hernández616/2021
- Raymundo Ruiz Camacho901/2021