Raymundo Maya Quirino

Expediente 877/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
877/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Raymundo Maya Quirino

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Raymundo Maya Quirino, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintisiete de agosto del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por RAYMUNDO MAYA QUIRINO, por su propio derecho, contra actos del Primer Fiscal de la Procuraduría General del Estado de San Luis Potosí, y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 877/2018-IV. Ahora bien, examinada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.] la orden de presentación, comparecencia, detención y/o orden de aprehensión o cualesquiera otra connotación que se le dé y tenga por objeto privarme de mi libertad dictada por las autoridades señaladas, como responsables en contra del suscrito, dentro de la carpeta de investigación que está siendo iniciada contra el suscrito de la cual manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD desconozco número de Carpeta de Investigación, además del número de mesa donde se esté llevando dicha investigación. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado en la presente demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, el quejoso reclama de las autoridades responsables la orden de presentación, comparecencia, detención y/o aprehensión o cualesquiera otra que tenga por objeto de privarlo de su libertad. Actos respecto de los cuales tuvo conocimiento el once de marzo del año en curso, pues en el apartado de acto reclamado de su escrito de demanda, señala expresamente lo siguiente: "[.] Fecha de notificación: EL DlA 11 DE MARZO DEL 2018, acudieron a mi domicilio policías municipales el cual está ubicado en calle Allende número 16 en la localidad de Pardo perteneciente al municipio de Villa de Reyes estado de San Luis Potosí,[.]"; hecho del cual hace depender de las ordenes privativas de libertad que reclama, por lo tanto, el disidente se hizo sabedor de tales actos desde el once de marzo de dos mil dieciocho. De lo expuesto con antelación, es válido concluir que el término de quince días para instar la acción constitucional en contra de los actos reclamados, transcurrió en exceso, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento de dichos actos desde el once de marzo de dos mil dieciocho. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veinticuatro de agosto del año que transcurre, turnada el mismo día a este Juzgado, según se advierte del sello receptor de dicha Oficina, es evidente que transcurrió con exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de la materia. En efecto, toda vez que de la manifestación esgrimida por el quejoso en su libelo constitucional hacen prueba plena en su contra, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se desprende que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el once de marzo de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que el plazo para promover el juicio de amparo respecto de los actos reclamados transcurrió del doce de marzo al seis de abril del mismo año, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de marzo y uno de abril del presente año, ni el diecinueve, veintiocho, veintinueve y treinta de marzo del mismo año, que no fueron laborables y el veintiuno del mismo mes y año, que no corrieron términos. Sobre el tópico es aplicable el criterio contenido en la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." De ahí que si del sello de recepción correspondiente se desprende que la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y turnada el mismo día a este Juzgado, es patente que se hizo fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa por lo que transcurrió con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. Lo anterior, jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa al haber transcurrido con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional, si previamente la consintió. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Debiendo destacarse que los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional, no están en el supuesto de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento que prevé la fracción IV del artículo 17 de la Ley de la materia, lo anterior pues precisamente la investigación y prosecución de los delitos la lleva a cabo un Ministerio Público del procedimiento penal, en términos de los artículos 21 Constitucional y 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde deviene inconcuso que los actos reclamados, cuyo origen se atribuye precisamente a la investigación de delitos, no se pueden considerar como ataques a la libertad fuera de procedimiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de la materia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación invocada, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por RAYMUNDO MAYA QUIRINO, por su propio derecho, contra actos del Primer Fiscal de la Procuraduría General del Estado de San Luis Potosí, y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 877/2018-IV. Ahora bien, examinada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.] la orden de presentación, comparecencia, detención y/o orden de aprehensión o cualesquiera otra connotación que se le dé y tenga por objeto privarme de mi libertad dictada por las autoridades señaladas, como responsables en contra del suscrito, dentro de la carpeta de investigación que está siendo iniciada contra el suscrito de la cual manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD desconozco número de Carpeta de Investigación, además del número de mesa donde se esté llevando dicha investigación. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado en la presente demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, el quejoso reclama de las autoridades responsables la orden de presentación, comparecencia, detención y/o aprehensión o cualesquiera otra que tenga por objeto de privarlo de su libertad. Actos respecto de los cuales tuvo conocimiento el once de marzo del año en curso, pues en el apartado de acto reclamado de su escrito de demanda, señala expresamente lo siguiente: "[.] Fecha de notificación: EL DlA 11 DE MARZO DEL 2018, acudieron a mi domicilio policías municipales el cual está ubicado en calle Allende número 16 en la localidad de Pardo perteneciente al municipio de Villa de Reyes estado de San Luis Potosí,[.]"; hecho del cual hace depender de las ordenes privativas de libertad que reclama, por lo tanto, el disidente se hizo sabedor de tales actos desde el once de marzo de dos mil dieciocho. De lo expuesto con antelación, es válido concluir que el término de quince días para instar la acción constitucional en contra de los actos reclamados, transcurrió en exceso, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento de dichos actos desde el once de marzo de dos mil dieciocho. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veinticuatro de agosto del año que transcurre, turnada el mismo día a este Juzgado, según se advierte del sello receptor de dicha Oficina, es evidente que transcurrió con exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de la materia. En efecto, toda vez que de la manifestación esgrimida por el quejoso en su libelo constitucional hacen prueba plena en su contra, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se desprende que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el once de marzo de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que el plazo para promover el juicio de amparo respecto de los actos reclamados transcurrió del doce de marzo al seis de abril del mismo año, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de marzo y uno de abril del presente año, ni el diecinueve, veintiocho, veintinueve y treinta de marzo del mismo año, que no fueron laborables y el veintiuno del mismo mes y año, que no corrieron términos. Sobre el tópico es aplicable el criterio contenido en la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." De ahí que si del sello de recepción correspondiente se desprende que la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y turnada el mismo día a este Juzgado, es patente que se hizo fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa por lo que transcurrió con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. Lo anterior, jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa al haber transcurrido con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional, si previamente la consintió. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Debiendo destacarse que los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional, no están en el supuesto de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento que prevé la fracción IV del artículo 17 de la Ley de la materia, lo anterior pues precisamente la investigación y prosecución de los delitos la lleva a cabo un Ministerio Público del procedimiento penal, en términos de los artículos 21 Constitucional y 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde deviene inconcuso que los actos reclamados, cuyo origen se atribuye precisamente a la investigación de delitos, no se pueden considerar como ataques a la libertad fuera de procedimiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de la materia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación invocada, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente."

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