Raymundo Martínez Castañeda

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Raymundo Martínez Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en 2 el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Escrito de cuenta. Agréguese a los autos el escrito suscrito por **********************, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención que le fue formulada en auto de veintidós de abril del año en curso. Al respecto, de un análisis integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa, en lo conducente, reclama en esta vía lo siguiente: Le atribuye en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, la emisión del oficio ****************, de tres de marzo de dos mil veintidós en su ámbito de facultades que le otorga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, el grado de participación es directo pues dicha autoridad emitió dicha inspección, sobre el paraje conocido como Ampliación Selene, a un costado del camino viejo a San Francisco poblado de San Francisco Tlatenco, alcaldía Tláhuac. De la cual se podría derivar la emisión de una orden de neutralización o cualquier acción análoga y/o aseguramiento precautorio de materiales, así como de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramienta y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que dé lugar a la imposición de la medida de seguridad, el aislamiento o retiro temporal parcial o total de los bienes de las obras o actividades, contenidas en el oficio ***************. Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Cabe precisar que el escrito inicial y su aclaración no pueden desvincularse ni analizarse por separado, ya que ambos integran la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 35/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. . Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ***********************, por propio derecho, ya que -como se explicará más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Antecedentes relevantes. 1. El ocho de abril de dos mil veintidós, los quejosos se dieron por conocedores del oficio *************, de tres de marzo del año en curso, emitido por la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, de cuyo contexto se desprenden los actos que se reclaman incluyendo la inspección ordenada en el citado comunicado, sobre el paraje conocido como Ampliación Selene, a un costado del camino viejo a San Francisco poblado de San Francisco Tlatenco, en la alcaldía Tláhuac. 2. Que además en el citado comunicado se desprende que podría derivar la emisión de una orden de neutralización o cualquier acción análoga y/o aseguramiento precautorio de materiales, así como de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramienta y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que dé lugar a la imposición de la medida de seguridad, el aislamiento o retiro temporal parcial o total de los bienes de las obras o actividades. 3. Sin embargo, consideran que la orden de inspección se encuentra insuficiente mente fundada y motivada pues refieren son los legítimos poseedores y propietarios del inmueble ya que mediante el procedimiento administrativo de inmatriculación 27/03/16229/92263/1981, de ocho de diciembre de 1981, en el que comparecieron los quejosos **********************, donde fue procedente a inmatricular el contrato privado de compra venta sobre el predio denominado "*********************" ubicado en camino a Santa Catarina sin número, San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, considerando que no existe derecho alguno de la autoridad para llevar a cabo inspecciones de la índole que señala en el comunicado *******************, de tres de marzo del año en curso; por lo que promueven el presente juicio de amparo para combatir esa determinación. Improcedencia En el caso, respecto del acto reclamado antes referido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, en la medida en que no afectan derechos sustantivos de los quejosos. Fundamento. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en sus dos incisos, si bien es cierto que se refiere a la procedencia del juicio, aplicado en sentido contrario, contiene un supuesto de improcedencia que opera cuando se reclamen actos que provienen de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no constituyan la resolución definitiva o que dictados en ese procedimiento no constituyan actos de imposible reparación. Destacado lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, motivo por el cual se impone destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios complementarios que son orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Las características de excepcionalidad citadas requieren que se satisfagan íntegramente, criterio que se encuentra en la tesis P. LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, cuyo rubro es "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS". En síntesis, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro de un procedimiento para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos y las garantías contenidas en la Constitución General de la República; luego, en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, pues de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante sería improcedente el amparo indirecto. De conformidad con los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se trate la resolución final, por transgresiones cometidas en ésta o bien violaciones procesales, que dejaron sin defensa al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como actuaciones en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstas las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine y, como excepción, cuando, en su caso, los actos en procedimiento que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación; entendiendo como tales, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. En ese orden de ideas, es importante precisar que los artículos 23, 44, 202, 202 Bis, 202 Bis 1 y 202 Bis 2, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, establecen lo siguiente: . De lo anterior se desprende que la inspección ordenada mediante el oficio ****************, de tres de marzo de dos mil veintidós, tiene por objeto verificar si el propietario cuenta con la autorización previa en materia de impacto ambiental expedida por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, si ha dado cumplimiento a los términos y condiciones en ella establecidos, si lleva a cabo las medidas necesarias que garanticen la protección, preservación, restauración y mejoramiento ecológico del área competencia del Gobierno de la Ciudad de México. En efecto, previamente a los actos de inspección, la autoridad ambiental expedirá una orden escrita, fundada y motiv ada, en la que se indique que está dirigida al propietario, poseedor u ocupante del medio de transporte, bien o recurso natural de que se trate, o al responsable del aprovechamiento, extracción, posesión o afectación de los bienes o recursos naturales respectivos, así como el objeto de la diligencia y su alcance. Lo anterior, es lo que servirá de base para que, de ser el caso, la Secretaría, coordine el servicio de inspección y vigilancia ambiental en la Ciudad de México, con el propósito de establecer los criterios y lineamientos para verificar el cumplimiento de las disposiciones y sus reglamentos, para lo cual deberá realizar según corresponda, visitas domiciliarias o actos de inspección, a través de personal autorizado por la Secretaría. En el caso, la quejosa reclama el oficio 01393/2022, de tres de marzo del año en curso, emitido por la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, de la cual se advierte la inspección ordenada en el citado comunicado, sobre el paraje conocido como Ampliación Selene, a un costado del camino viejo a San Francisco poblado de San Francisco Tlatenco, en la alcaldía Tláhuac. Y como consecuencia la posible medida de seguridad consistente en la orden de neutralización o cualquier acción análoga y/o aseguramiento precautorio de materiales, así como de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramienta y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que dé lugar a la imposición de la medida de seguridad, el aislamiento o retiro temporal parcial o total de los bienes de las obras o actividades, misma que la parte quejosa en su escrito de desahogo manifestó desconoce, el cual reviste evidentemente el carácter de futuro y de realización incierta, lo cual no afecta sus derechos sustantivos, pues de su escrito inicial de demanda y de desahogo no se advierte que el citado acto de inspección se haya materializado, así como la imposición de alguna medida de seguridad. Por tal motivo, lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación pues en lo referente al tema del que se duele la parte quejosa, sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una determinación satisfactoria. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por *******************. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad que ahí se indica, en representación de la responsable Administrador Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual rinde su informe justificado, designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y solicita el uso de medios electrónicos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Asimismo, no ha lugar a dictar mayor proveído en relación con el uso de medios electrónicos que solicita, toda vez con anterioridad se autorizó a las partes el uso de los mismos. Atento a lo anterior y tomando en consideración la certificación de cuenta, en la que se asienta que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; es menester diferir anticipadamente de oficio la audiencia citada, a efecto de que transcurra el plazo de ley, por lo que, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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