Raymundo Martínez Cancino
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raymundo Martínez Cancino
Actuaciones
- Principal
Se advierte que no se interpuso el recurso de queja contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno emitido por este juzgado de distrito, en el que se desechó de plano la demanda y que el término de cinco días para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa que es a quien en todo caso le perjudica, sin haberlo interpuesto; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Raymundo Martínez Cancino, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese y regístrese el juicio de amparo con el número 32/2021-6, que es el que cronológicamente le corresponde. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; esto es, pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado por el impetrante es: La orden de retención o suspensión definitiva de su sueldo como profesor, dependiente de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. En el contexto anterior, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II,1 de la Ley de Amparo, por las consideraciones a saber. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Correlativo a lo anterior, conforme al artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como su numeral 5°, fracción II, el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Preceptos legales que establecen la procedencia del juicio de amparo, la cual se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.2 Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de garantías. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa consiste en la retención o suspensión del pago de su salario que devenga en su calidad de trabajador (profesor) dependiente de la Secretyaía de Educación de Tamaulipas. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1o. de la Ley de Amparo, y 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la relación entre el hoy quejoso con las aludidas autoridades no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación al encontrarse en un mismo nivel como patrón-trabajador, pues el acto que en esta vía combate lo realiza en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios para la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en el presente asunto, no constituye, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones de naturaleza meramente laboral (descuentos a su sueldo). Apoya a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Por último, se estima que no es obstáculo para arribar a dicha determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada en la página 929, libro X, julio de 2012, tomo 2, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; lo anterior, en virtud de que en los casos como el que nos ocupa, donde existen diversidad de criterios firmes para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pueden válidamente constatarse los requisitos de procedencia desde el auto inicial, ello de acuerdo con las manifestaciones expuestas en el escrito de demanda y la naturaleza del acto reclamado, lo que constituye un límite razonable en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 Constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues en la especie, aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, pues con ello no variaría la naturaleza del acto impugnado. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Raymundo Martínez Cancino. Autorizado Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jorge Luis Miranda Nuño. Notificaciones electrónicas De igual manera, se permite al citado profesionista, el acceso al expediente electrónico con la cuenta FIREL que tiene dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario jorgemiranda. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al promovente: el acceso al expediente electrónico, la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que sean no personales y las que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, el autorizado deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario a nombre de jorgemiranda únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Se hace del conocimiento a las partes el sistema de citas para consulta de expedientes o comparecencias En otro entorno, conforme los artículos 2°, fracción VIII, 3°, 4° y 6° todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes señalado, se hace del conocimiento de las partes que desde del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/Servicios jurisdiccionales, dentro del cual los justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, encontrarán el apartado "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas con el objeto de consultar expedientes, el desahogo de comparecencias o requerimientos. En cuanto a la generación de citas, cuando desee acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto se establezcan. Publicaciones en lista de acuerdos Por otra lado, dado que aún no se permitirá el ingreso de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que las listas de acuerdos serán colocadas en un espacio de fácil acceso en el edificio, para quienes acudan sin contar con una cita. Transparencia Así también, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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