Raymundo Leyva Leyva

Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1123/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Raymundo Leyva Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito electrónico de cuenta, firmado por *****, autorizado del directo quejoso, atento a su contenido, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interpuesto el recurso de queja planteado en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo intentada. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo, y una vez que se haya notificado el presente auto a la parte recurrente, previo acuerdo, remítase el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, así como el informe en relación a la queja, al que deberá adjuntarse copia certificada de las constancias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por el quejoso Raymundo Leyva Leyva, en atención a su contenido, y con apoyo en la certificación secretarial que antecede, se tiene al ocursante desahogando la prevención formulada en auto de cuatro de septiembre del año en curso, refiriendo bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, en relación al escrito de demanda se provee: DESECHAMIENTO Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, así como del escrito de cuenta por el que el impetrante de amparo desahoga la prevención formulada en proveído de cuatro de septiembre del año en curso, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que el peticionario de amparo reclama de la autoridad señaladas como responsables los actos que a continuación se indica: "1. De la Autoridad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, reclamo el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó la suspensión provisional de funciones y salarios, equivalente al 70% de mis ingresos reales como empleado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 2. Licenciada Eira Chávez Zavaleta, Presidenta de la Comisión de honor y Justicia de la Policía Estatal, la ejecución del auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 3. Subsecretaria de Administración, apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la ejecución del auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 4. Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la ejecución del auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero." Asimismo, del escrito de cuenta, a través del cual desahoga la prevención formulada en presente asunto y refiere: "Bajo protesta de decir verdad, el suscrito tuve conocimiento de la retención del porcentaje de mi salario, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta, deviene improcedente respecto del acto reclamado expresamente precisado en el capítulo respectivo, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV, segundo párrafo del artículo 61 en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de la demanda de garantías debió efectuarse, dentro de los quince días siguientes al en que el peticionario tuvo conocimiento, se enteró o fue notificado del acto que tilda de inconstitucional. En efecto, el precitado numeral 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el normativo 18 de la misma Ley especial establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo intentado es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, salvo en los casos de excepción que se mencionan el artículo 18 de la Ley de Amparo; luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En este contexto, tenemos que el promovente de amparo tuvo conocimiento del acto reclamado que derivó en la suspensión provisional de sus funciones, así como de la suspensión del setenta por ciento de su salario que percibía como empleado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, desde el dieciséis de febrero del año en curso, tal y como él mismo lo expresa bajo protesta de decir verdad, en el escrito de cuenta, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de cuatro de septiembre del año en curso. Luego, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, es inconcuso que el término de quince días para instar esta vía constitucional ha transcurrido con exceso; lo que pone de manifiesto que la misma fue presentada fuera del término legal que refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sin que el presente asunto se encuentre en alguno de los actos de excepción previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del entonces Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Al respecto, resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia identificada con el número P./J.115/2010, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en las fracción XIV, segundo párrafo del artículo 61 en relación con el diverso 17 y 18, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por el quejoso Raymundo Leyva Leyva, mediante el cual refiere desahogar la prevención formulada en acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, previo análisis de actuaciones y atento al contenido del escrito de cuenta, dígase al promovente que no ha lugar a tenerle desahogada la prevención en comento, toda vez que no atiende cabalmente las precisiones hechas en auto de cuatro de septiembre del presente año. Lo anterior, se considera así, dado que en el referido auto de cuatro de septiembre de la presente anualidad, se le precisó que debía expresar en qué fecha se enteró, se hizo sabedor o tuvo conocimiento, que se le había suspendido el setenta por ciento del salario que percibe sobre sus ingresos reales como empleado de la Secretaría de Seguridad Pública; ello, en razón de que manifestó que esto ocurrió, desde la primera quincena del mes de febrero del año en curso. Por tanto, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no fenece el plazo de concedido para desahogar la referida prevención, pues aún faltan tres de los cinco días otorgados para tal efecto, se considera así porque el escrito de cuenta fue recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el once de septiembre actual; es decir, cuando había transcurrido solamente dos días de los cinco concedido para ello. En mérito de lo anterior, se suspende dicho término, mismo que reiniciará el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con la prevención atendiendo a los puntos indicados en la misma, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de cuatro de septiembre del año en curso, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la tesis XXII.1º.8 K (10ª.), de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1414, libro 5, abril de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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