Raymundo Hernández Torres
Expediente 684/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2020
Partes del expediente
- Raymundo Hernández Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
La autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copias certificadas de diversas constancias con las que justifica su informe. 3. Designa delegados. Se tiene por rendido el informe justificado. Delegados. Se tienen como delegados a las personas citadas en el oficio de cuenta. Litis constitucional. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado señalado en el numeral 1 del capítulo correspondiente, consistente en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de proveer la ejecución de laudo dictado en el expediente D114/2007, a efecto de hacer efectivos los apercibimientos de ley al Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, para que precise el lugar en el que se encuentran los bienes embargados por el aquí quejoso, con la finalidad de que se constituya el perito oficial nombrado por el quejoso y pueda emitir su dictamen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la(s) autoridad(es) responsable(s), manifiesta(n) y acredita(n) que: Se proveyó respecto a la ejecución del laudo dictado en el expediente ****, dado que el día veinte de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito de la parte quejosa, y requirió a la parte demandada H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que en el plazo de tres días, haga del conocimiento las colindancias y ubicación física de los bienes inmuebles***** a efecto de que el perito valuador se constituya en ellos y proceda a realizar el dictamen correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una multa contemplada en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, requirió al Registro Público de la Propiedad del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla a fin de que le informara las colindancias y ubicación física de los referidos inmuebles. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse pronunciado respecto a la solicitud de la parte actora, aquí quejosa, consistente en ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral ****, dado que emitió el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, en el que ordenó girar los oficios correspondientes para requerir a la parte demandada H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que en el plazo de tres días, haga del conocimiento las colindancias y ubicación física de los bienes inmuebles***** a efecto de que el perito valuador se constituya en ellos y proceda a realizar el dictamen correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una multa contemplada en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; así como al Registro Público de la Propiedad del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla a fin de que le informara las colindancias y ubicación física de los referidos inmuebles. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto al primer acto reclamado y que quedó establecido en líneas que anteceden. En diverso tenor, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar al quejoso, de manera personal, respecto al señalamiento preciso que haga el Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, del lugar en que se encuentran los bienes que le fueron embargados; y que es necesario conocer para que en los mismos se constituya el perito oficial nombrado al quejoso y pueda emitir su dictamen de manera legal y correcta, se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, ordenó girar los oficios correspondientes para requerir a la parte demandada H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que en el plazo de tres días, haga del conocimiento las colindancias y ubicación física de los bienes inmuebles **** a efecto de que el perito valuador se constituya en ellos y proceda a realizar el dictamen correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una multa contemplada en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; así como al Registro Público de la Propiedad del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla a fin de que le informara las colindancias y ubicación física de los referidos inmuebles. Con lo anterior, se sustenta la inexistencia del acto reclamado - omisión de notificar al quejoso, de manera personal, respecto al señalamiento preciso que haga el Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, del lugar en que se encuentran los bienes que le fueron embargados; y que es necesario conocer para que en los mismos se constituya el perito oficial nombrado al quejoso y pueda emitir su dictamen de manera legal y correcta -, pues será hasta en tanto la autoridad responsable reciba la contestación por parte de la demandada H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, o bien por parte del Registro Público de la Propiedad del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, cuando esté en posibilidad de notificarle a la aquí parte quejosa el señalamiento que hagan respecto de los inmuebles materia de la ejecución, para que esté en aptitud de realizar el dictamen correspondiente. Al respecto, la jurisprudencia 99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h, de la Décima Época de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en aptitud de atender lo solicitado, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. En la especie, de las constancias remitidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se observa que en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, ordenó girar los oficios correspondientes para requerir a la parte demandada H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que en el plazo de tres días, haga del conocimiento las colindancias y ubicación física de los bienes inmuebles "LILI" y "LA CAÑADA" a efecto de que el perito valuador se constituya en ellos y proceda a realizar el dictamen correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una multa contemplada en el artículo 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; así como al Registro Público de la Propiedad del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla a fin de que le informara las colindancias y ubicación física de los referidos inmuebles; por lo que, aún en el juicio de origen no se cuenta con dicha información para podérsela hacer del conocimiento a la parte quejosa. Lo anterior, sustenta la inexistencia del acto reclamado; lo que hace evidente que la autoridad responsable está imposibilitada para realizarle la notificación que señala como acto reclamado en esta instancia, pues será hasta que cuente con esos datos cuando podrá ordenar que se le proporcionen a la parte quejosa, a fin de que emita el dictamen correspondiente; sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado analizado en este apartado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del diez de noviembre de dos mil veinte
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la(s) certificación (ones) de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de quince días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a la autoridad responsable para rendir su informe justificado requerido en acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veinte. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las diez horas del diez de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
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