Raymundo Gutierrez Medina
Expediente 147/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raymundo Gutierrez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO [8580]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del cual se en cumplimiento al acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, remite las constancias que acreditan la debida diligenciación del despacho 527/2021 (orden 917/2021), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso la sentencia dictada en el presente juicio. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico Por otra parte, de la constancia de notificación levantada por la actuaria adscrita al juzgado despachado se advierte que asentó, entre otras cosas, lo siguiente: En atención a su contenido, se hace innecesario notificar la sentencia dictada en el presente juicio por diversa vía al quejoso; lo anterior, virtud a que el Licenciado Juventino Rosas Aceves, quien asiste en el carácter de Defensor Público Federal, al peticionario de amparo de que se trata, le fue notificada dicha resolución, el pasado veinticinco de febrero. Con independencia de lo anterior, dese vista al Defensor Público de que se trata, con el razón actuarial que nos ocupa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. FIRME FALLO. Consecuentemente, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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I. Uruapan, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DESPACHO [6322]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese el comunicado suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del cual, pretende devolver diligenciado el despacho 527/2021, orden 917/2021, enviado con la finalidad de notificar al quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, el auto de veintidós de marzo pasado, así como la sentencia definitiva de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, revisadas las constancias anexadas a la comunicación de mérito, se advierte que la actuaria adscrita al Juzgado despachado, hizo constar lo siguiente: Sin que de dicha razón, se desprenda que la referida fedataria, haya requerido al personal del Centro Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, le informaran el motivo del egreso del multicitado quejoso, asimismo, omitió asentarlo en la razón correspondiente; no obstante, que específicamente se instruyó para que se realizara de esa forma. Ahora, revisadas las constancias de autos, se advierte que mediante oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/2176/2020, firmado por la Directora del Centro Federal de referencia, informó a este Juzgado Federal, que el peticionario de amparo, ingreso al mismo el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, lo que genera confusión a lo manifestado por la abogada penitenciaria encargada; consecuentemente, mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el despacho 108/2021, orden 202/2021, derivado del auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, debidamente diligenciado por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, en el que se advierte que el quejoso fue notificado personalmente de ese auto y además se corrobora que hasta esa fecha, estuvo recluido en ese centro. Tomando en consideración lo antes expuesto, mediante oficio que derive del presente acuerdo, requiérase al Juez de referencia, para dentro del término de tres días computados legalmente, comisione a quien corresponda para que se constituya en el citado Centro Federal y cumpla cabalmente con lo expuesto en la comunicación oficial girada, esto es, de ser posible notifique personalmente al peticionario de amparo Raymundo Gutiérrez Medina, el contenido del auto de veintidós de marzo pasado, y la sentencia emitida por este Juzgado Federal el veintidós de febrero de dos mil veintiuno y en el caso de que dicho peticionario de amparo ya no se encuentre interno en el referido Centro Federal requiera al personal del mismo, para que le informe el motivo del egreso del multicitado quejoso, debiendo asentarlo en la razón correspondiente; asimismo, remita las constancias que acrediten que realizó bajo esos términos la diligencia en comento. Una vez que acontezca lo anterior, acuérdese lo conducente, respecto de las constancias relativas al despacho que remita la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE.
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I. Uruapan, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 291-AQ, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, devuelve SIN DILIGENCIAR el despacho 290/2021, orden 495/2021, enviado a efecto de notificar al quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. Ahora bien, toda vez que dé la razón actuarial levantada por la licenciada Ana Lilia Quiroz Paredes, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, se advierte que el motivo por el que no le fue posible llevar a cabo la notificación ordenada por este Juzgado Federal el pasado veintidós de febrero de dos mil veintiuno, lo fue debido a que al constituirse legalmente en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-MICHOACAN" fue informada por parte de la abogada penitenciaria de iniciales E.G.D.L. que "Con el nombre que buscas no se encontró registro de interno, es el único dato que en este momento tengo para darte", sin que se advierta que se haya asentado la razón por la que la parte quejosa dentro del presente expediente ya no se encuentra interna dentro de dicho Centro Federal de Readaptación Social; máxime que mediante oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/2176/2020, firmado por la Directora General del multicitado Centro Federal de Readaptación Social, informó que efectivamente el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, ingreso a ese Centro Federal el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. NOTIFICACION AL QUEJOSO. En ese contexto, toda vez que de autos se advierte que efectivamente el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique al peticionario de amparo Raymundo Gutiérrez Medina, el presente proveído, así como el contenido de la sentencia emitida por este Juzgado Federal el pasado veintidós de febrero de dos mil veintiuno; así como para que en el caso de que dicho peticionario de amparo ya no se encuentre interno en el referido Centro Federal de Readaptación Social, requiera al personal de dicho Centro Penitenciario, informe el motivo del egreso del multicitado quejoso, debiendo asentarlo en la razón correspondiente. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. CÚMPLASE y NOTIFIQUESE PERSONALMENTE MEDIANTE DESPACHO AL QUEJOSO.
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I. R E S U L T A N D O I. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado en esa fecha a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Director General del Centro Federal Readaptación Social Número Diecisiete "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. 2. Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México. 3. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México. 4. Coordinador General de Centros Federales Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: EL TRASLADO REALIZADO EL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DEL CENTRO ESTATAL DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN, CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN, EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA RECLUIDO. La parte quejosa señaló a su parecer como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1º, 14 segundo párrafo, 16 y 18 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite y se suspendieron de plano los actos reclamados; se solicitaron los informes de dicha suspensión y el justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió al quejoso para que manifestara la denominación correcta de las autoridades señaladas como "4. mas otras Autoridades no señaladas como responsables. Estan obligadas a Realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo" (sic); sin que haya realizado algún pronunciamiento; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus trámites, en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, previo requerimiento al quejoso, se tuvo como autoridad responsable a la Jueza de Ejecución de Sentencias del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, de quien reclamó la resolución de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual calificó de legal el traslado efectuado en contra del quejoso dentro del expediente de ejecución 18/2018 y su acumulado 1304/2017, para lo cual se le solicitó su informe de ley. Así, luego de haberse reactivado el juicio de amparo en que se actúa, con motivo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la audiencia constitucional, tuvo verificativo a las diez horas con veintisiete minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia penal y reclamarse actos atribuidos a autoridades residentes en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Buenavista Tomatlán, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por las responsables en apoyo a sus informes de ley: El traslado autorizado el veintidós de julio de dos mil diecinueve y realizado del del Centro Estatal de Ixtlahuaca, Estado De México al Centro Federal De Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en donde actualmente se encuentra recluido. Y en ampliación de demanda: La resolución de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se calificó de legal el traslado efectuado en contra del quejoso dentro del expediente de ejecución 18/2018 y su acumulado 1304/2017. TERCERO. Análisis relativo a la existencia del acto reclamado. 3.1 De la inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido al Coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Ciudad de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa (foja 60). En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, únicamente respecto del acto reclamado a esta autoridad, pues de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado lo emitió diversa autoridad, lo que torna improcedente la hipótesis fáctica que contempla el diverso artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia I.5º.P. J/3 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, página 1363, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". 3.2 De la existencia del acto reclamado. El acto reclamado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, Director General del Centro Federal Readaptación Social Número Diecisiete "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán y Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México y Jueza de Ejecución Penal en el Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México ES CIERTO, pues así lo manifestaron, las autoridades antes citadas, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 33 a 55, 76 y 82 a 110), lo cual se corrobora con las copias certificadas que remitieron como complemento a dichos informes, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Apartado relativo a las causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, cuyo análisis es oficioso para la suscrita, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso, respecto del acto que reclama el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, y que se hace consistir de manera esencial lo siguiente: El traslado autorizado el veintidós de julio de dos mil diecinueve y realizado del Centro Estatal de Ixtlahuaca, Estado De México al Centro Federal De Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en donde actualmente se encuentra recluido; orden de traslado el cual aduce el quejoso fue ordenado de manera ilegal. La resolución de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, mediante la cual se calificó de legal el traslado efectuado en contra del quejoso dentro del expediente de ejecución 18/2018 y su acumulado 1304/2017. Ahora, por técnica jurídica abordaremos en primer término el acto reclamado marcado con el inciso a), el cual en el presente juicio resulta improcedente, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, veamos el porqué. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En relación con la causa de improcedencia que se invoca, es dable precisar que ésta se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: 1) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. De esta manera, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al finalizar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede estar acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, dado que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Tal supuesto ha sido interpretado por el Pleno y la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en los siguientes criterios de rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." 2) El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, de manera ilustrativa, la Primera Sala y la otrora Tercera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han precisado en criterios aislados sobre el particular, lo siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS." En el caso que ocupa la atención de este órgano de control constitucional, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado; por lo que a efecto de corroborar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene decir que el acto reclamado a las autoridades que han quedado precisadas con antelación, ha sido sustituido por diversa resolución; en consecuencia, tal acto ha dejado de tener efectos legales propios, por lo que resultaría ocioso el análisis de su constitucionalidad. En ese contexto, se tiene que el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México, al Centro Federal De Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, así como su ejecución. Orden contenida en el oficio OADPRS/18191/2019 de cinco de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, residente en Ciudad de México. Traslado que fue comunicado al Juzgado de Ejecución de Sentencias del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, por encontrarse a su disposición el sentenciado aquí quejoso. Así como que dentro del expediente de 18/2018 y su acumulado 1304/2017, el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se calificó de legal la orden de traslado del ahora quejoso Raymundo Gutiérrez Medina. Por tanto, se considera que esta última determinación incide en la vigencia y ejecución de la orden de traslado emitida por la autoridad penitenciaria, en virtud de que si en un primer momento la autoridad penitenciaria realizó el traslado del quejoso, y en segundo lugar lo hizo del conocimiento a la autoridad judicial la cual, por mandato constitucional, es la obligada a pronunciarse sobre la autorización o no de esos movimientos; se estima, entonces, que respecto del primer acto sobrevino la causa de improcedencia en estudio, pues debe estimarse que lo que ahora rige la situación del quejoso es la determinación de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, emitida por el órgano jurisdiccional competente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.167 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2507, Libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015278, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto en razón de la sustitución de la orden impugnada, se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, contra los actos reclamados a las responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; y Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México. Corolario, y respecto al acto reclamado a la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, por el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, marcado con el inciso b), se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo es el de definitividad, por virtud del cual el juicio de amparo sólo puede promoverse si previamente se han agotado, los recursos o medios de defensa establecidos por la ley ordinaria que rige a la determinación impugnada y que tengan por objeto modificarla, revocarla o nulificarla; lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo. Ahora bien, el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, norma aplicable tratándose de la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según disposición expresa del artículo 2º, establece la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre traslados. Dichos preceptos establecen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: . VII. Traslados;.". -Lo resaltado es propio de este Tribunal Constitucional- En el caso, el quejoso se encuentra a disposición del Juzgado de Ejecución de Sentencias del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en los autos del expediente de ejecución 18/2018 y su acumulado 1304/2017; quien el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, declaró legal el traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México, al Centro Federal De Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Sin embargo, la ley ordinaria, concretamente, el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece un medio ordinario de impugnación para combatir los actos relativos a traslados efectuados en fase de ejecución de sanciones penales, específicamente, el recurso de apelación, el cual debió promover Raymundo Gutiérrez Medina, previo a la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, dado que el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa (recurso de apelación) previo a instar la protección constitucional, es incuestionable que el presente juicio se torna improcedente por inobservancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en la página 678, del Tomo VI, Parte TCC., Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 257209, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." Además, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, el quejoso no se encuentra en ninguno de los casos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, inciso a), b), c) y d) de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado (orden de traslado) no pone en peligro la vida del aquí quejoso, no deriva del cumplimiento de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso y no se trata de una persona extraña al procedimiento; y, en esa medida, es inconcuso que debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del mismo ordenamiento se impone sobreseer en el juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento antes señalado, impide a esta resolutora entrar al estudio de la cuestión de fondo en este juicio de amparo, siendo aplicable sobre el particular la tesis de jurisprudencia II.3º. J/58, publicada en la página 57, Tomo 70, del mes de Octubre de 1993, registro 214593, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO, IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Sin que sea necesario estudiar alegación a manera de causa de improcedencia invocadas por las responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, toda vez que no cambiarían el sentido de la presente resolución. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 414, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-2000, tomo VI, materia común, página 414, registro 195744, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En el entendido de que diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Ahora, tomando en consideración que el quejoso Raymundo Gutiérrez Medina, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique al peticionario de amparo la presente resolución. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEXTO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XVIII y XXI, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 147/2020-II, promovido por Raymundo Gutiérrez Medina, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente determinación. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente; al quejoso por medio de despacho y por oficio a las autoridades responsables.
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