Raymundo García Chávez

Expediente 354/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
354/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Raymundo García Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Xalisco, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de cinco de septiembre del año en curso, emitida dentro del conflicto competencial número 29/2018, de su índice, suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en la que determinó que la competencia corresponde al citado Juzgado Octavo, para el conocimiento de la demanda de garantías promovida por Luis Adrián Jáuregui Rodríguez, en su carácter de representante de Raymundo García Chávez, directo quejoso, contra actos del Pleno del Congreso del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, acátese la ejecutoria en sus términos y acúsese el recibo de estilo correspondiente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio 6956/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, a través del cual transcribe el acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de referencia, mediante el cual, comunica que admitió el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; consecuentemente, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales conducentes y estése a la espera de la resolución que recaiga al conflicto de mérito.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio 38011, signado por el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, emitido dentro del juicio de amparo indirecto 400/2018, al cual, adjunta los autos originales del sumario constitucional de previa cita, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Luis Adrián Jáuregui Rodríguez, en su carácter de representante de Raymundo García Chávez, directo quejoso, contra actos del Pleno del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades; lo anterior, con motivo de que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, nuevamente se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de mérito por razón del territorio, mismo que fue dirigido a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Tepic, Nayarit, para el Turno respectivo, sin embargo, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, lo remitió al juicio de amparo 354/2018, del índice de este Órgano de Control Constitucional, debido a que con antelación ya le había asignado el número de registro 000714/2018, según se aprecia de la papeleta que adjuntó de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho. Luego, en términos del dispositivo 48 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DETERMINA QUE NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgador remitente, por los motivos que a continuación se establecen. Luego, dadas las características del acto reclamado y con el propósito de sustentar la decisión que se adopta por este Órgano Jurisdiccional, es oportuno precisar que la competencia es de orden público y de estudio preferente. Además, la competencia en un sentido jurídico general comprende una idoneidad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción) obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea de juzgamiento entre los diversos organismos judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación identificó la figura anterior como competencia constitucional y jurisdiccional, señalando que por la primera debe entenderse la capacidad que, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Carta Federal, corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre determinadas materias; y por competencia jurisdiccional, la capacidad de un órgano, parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás órganos que dependen de ese tribunal, y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado. Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios; de tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Asentado lo anterior, se impone transcribir el numeral 37 de Ley de Amparo en vigor, mismo que consideró se actualizaba en la especie el Juez declinante, el cual indica: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se obtienen las siguientes hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. 2. Con independencia del lugar en el que radica la autoridad emisora del acto reclamado, es Juez competente el que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 3. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones que haya prevenido será el competente para conocer de la demanda de amparo. Como acaba de verse, el anterior precepto normativo establece las reglas genéricas conforme a las cuales se establece la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto por parte de los Jueces de Distrito. Sin embargo, el caso que se actualiza en la especie es el contenido en el diverso artículo 38 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Atento al texto del anterior dispositivo legal, cuando se promueva juicio de amparo contra actos de un Juez de Distrito, es decir en la hipótesis de que este último tenga el carácter de autoridad responsable, será competente para conocer del mismo otro Juez Federal del mismo Distrito y especialización si lo hubiere o en caso contrario, el más cercano dentro de la jurisdicción a la cual pertenezca. Al respecto, cabe indicar que la parte solicitante de garantías, señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 35, última parte de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, que contiene el Decreto 6792, publicado el miércoles uno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Periódico Oficial Órgano de Información del Estado, así como su inconvencionalidad, aplicada en contra del agraviado al iniciarle un procedimiento de juicio político por parte del Congreso del Estado de Nayarit (XXXII LEGISLATURA), a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de igual forma, se duele de la instauración o incoación y la resolución que se dicte dentro del juicio político de que se trata, así como las consecuencias que de este deriven, tales como la suspensión, remoción, destitución e inhabilitación del cargo que ostenta como Magistrado Numerario del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y las notificaciones que se pretendan practicarle, estas últimas atribuidas a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit y otras autoridades responsables. En este orden de ideas, la sola circunstancia de que este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tenga el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de amparo, genera que sea incompetente legalmente para el conocimiento del mismo, por disposición expresa del artículo 38 de la Ley de Amparo que fue trascrito con antelación. En el entendido, que los parámetros del antedicho precepto 38 de la Ley de Amparo de referencia, no fueron analizados por el Juez Federal declinante, pues ninguna referencia se hizo a sus postulados, pese a que como se indicó, son los que se actualizan en el caso concreto. En este orden de ideas, la única forma en la que puede surtirse la competencia de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en casos como el presente en que fue señalado como autoridad responsable, consiste en que se haya desechado la demanda en cuanto a esta autoridad se refiere o bien, que no se le haya reconocido el carácter de autoridad responsable, circunstancias que no fueron atendidas en la resolución de incompetencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dentro de los autos del sumario de garantías 400/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Sin que sea óbice a lo anterior, que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Juez oficiante, haya determinado en lo que al caso interesa, que no le deviene el carácter de autoridad responsable a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, debido a que al rendir informe con justificación se negó el acto reclamado por la parte quejosa, pues el hecho de que se niegue el acto de molestia no se traduce en que se dejó de ser autoridad responsable, sino únicamente implica el sentido en el que se está rindiendo el propio informe solicitado dentro del juicio de amparo 400/2018 de su índice de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo. Máxime que la parte quejosa no tuvo oportunidad de desvirtuar la negativa de esta autoridad responsable y allegar los medios de convicción que considerara pertinentes para acreditarlo, por lo que esta juzgadora considera que el momento procesal oportuno para analizar la competencia de un órgano jurisdiccional para resolver en definitiva un juicio, una vez que éste se encuentra radicado en un órgano jurisidiccional, es en audiencia constitucional, pues incluso durante el desarrollo de ésta la parte amparista tiene posibilidad de ofrecer los medios de convicción con los que acredite la existencia del acto que reclama. Sobre ese tópico jurídico, por analogía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 1/95, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".entonces resulta natural que en el caso de que la o las autoridades señaladas como responsables ejecutoras nieguen los actos que a ellas se les reclama y no se desvirtúe esa negativa por la parte quejosa, al celebrarse totalmente la audiencia constitucional que es el momento en el que también se podrían desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan los actos reclamados, emerja la incompetencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción radiquen esas autoridades señaladas como ejecutoras, pero que respecto de las cuales no haya quedado acreditado en autos la existencia de los actos que se les reclamaron, ya que de lo contrario se estaría estableciendo una competencia para conocer del juicio de amparo, contraria a la teleología que el legislador dejó plasmada en el. .Conviene señalar aquí lo siguiente: toda vez que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras pueden, desde la emisión de su informe justificado negar los actos que se les reclamen, entonces el quejoso, jurídicamente tiene como oportunidad para controvertir y desvirtuar esa negativa, desde que se le da vista con el contenido de esos informes justificados, hasta la celebración de la audiencia constitucional; de manera tal que técnicamente hablando, si iniciada la celebración de la audiencia de referencia, en su fase de pruebas, no queda acreditada en autos la existencia de esos actos reclamados a autoridades ejecutoras, esta particular situación debe motivar el desarrollo total de dicha audiencia, salvo el dictado de la sentencia, y entonces el Juez de Distrito debe proceder a formular la declaración de incompetencia respectiva, declinándola en favor del diverso Juez de Distrito en cuya jurisdicción y de acuerdo a las constancias de autos, aparezca que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 52 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (.) Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia P./J. 9/2001, que se invoca al presente caso, por las razones que en ella se informan, la cual es localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." (Subrayado añadido) De lo anterior destaca que la parte quejosa puede desvirtuar las negativas desde que se le da vista con el contenido del informe justificado, hasta la celebración de la audiencia constitucional, por lo que el juez que considere carecer de competencia para resolver determinado juicio debe en principio motivar el desarrollo total de dicha audiencia, salvo el dictado de la sentencia, y después, debe proceder a formular la declaración de incompetencia respectiva, declinándola en favor del diverso Juez de Distrito que resulte competente. Lo anterior es así, en razón de que, se reitera, la vista otorgada con el informe justificado es con la finalidad de que la parte inconforme con su contenido pueda aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia, para acreditar sus pretensiones, por lo que en caso de que la autoridad niegue el acto dicha facultad cobra mayor importancia para la parte quejosa, porque le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se informa, la Jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Página: 386, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". (Subrayado añadido) Motivo por el cual, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada, pues se insiste, en el auto de incompetencia no se efectuó pronunciamiento alguno relativo a si este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, tenía o no el carácter de autoridad responsable de manera fundada y motivada, así como tampoco analizó si ocurría lo propio con el resto de los Jueces Federales y Locales de Nayarit, que se encargan de resolver las controversias en materia civil y administrativa en la Entidad, aunado a que no existió un desechamiento parcial de la demanda de garantías en específico, en lo que atañe a los actos reclamados de este Juzgado Federal. En este sentido, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, se encuentra impedido para aceptar la competencia, precisamente porque hasta la fecha existe un señalamiento directo de que tiene el carácter de autoridad responsable que no fue desvirtuado en forma alguna por el Juez de Distrito declinante. Además, en observancia del principio pro persona contenido en el artículo 1o, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y, al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, resulta que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda (Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan), porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que en su opinión por la razón de que este Juzgado Federal negó el acto reclamado al rendir su informe justificado es motivo suficiente para determinar que no le reviste el carácter de responsable no permite presumir fundadamente que ese Juzgador Federal es el competente. Consecuentemente, por los motivos señalados, este Órgano de Control Constitucional no acepta la competencia declinada en razón de territorio, para conocer del acto reclamado, por ello, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de la Materia, devuélvase el juicio de amparo 400/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, asimismo se le solicita se sirva comunicar si insiste en declinar su competencia o no, y en su caso, acuse el recibo correspondiente. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de veintisiete de abril del año en curso, emitida dentro del conflicto competencial número 5/2018, de su índice, suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en la que determinó que la competencia corresponde al citado Juzgado Octavo, para el conocimiento de la demanda de garantías promovida por Luis Adrián Jáuregui Rodríguez, en su carácter de representante de Raymundo García Chávez, directo quejoso, contra actos del Pleno del Congreso del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, acátese la ejecutoria en sus términos y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; sin que haya lugar a agregar incidente de suspensión por no haberse tramitado el mismo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que este Órgano de Control Constitucional, no aceptó la competencia y remitió los autos al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, quien declinó la competencia planteada; sin embargo, será quien legalmente deberá conocer del juicio de amparo del cual se deriva el presente cuaderno de antecedentes, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente actuación, es susceptible de destrucción.

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