Raymundo Efrain Vargas Lugo

Expediente 705/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
705/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Raymundo Efrain Vargas Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito signado por ***; en tal virtud, se tiene por cumplido el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional mediante proveído del catorce de junio de dos mil veintidós. En ese orden y vista la demanda de amparo promovida por el representante del quejoso ***, contra actos del H. Tribunal Laboral Burocrático, se advierte que la misma es notoriamente improcedente por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" En el caso particular, se advierte, que se materializa la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, en relación con el diverso 217, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna" De la fracción XXIII, del artículo 61 transcrito, se observa que en forma genérica indica la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el mismo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Bajo ese contexto y para el caso que nos ocupa, es de observarse el contenido de la jurisprudencia número P./J.17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de agosto de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas" En esa tesitura, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En presente juicio de amparo la parte quejosa reclamó del Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, el auto del dos de marzo de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente ***, en el que se declaró incompetente para conocer y resolver la demanda presentada por el quejoso contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y ordenó remitir dicha demanda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Lo anterior toda vez que de las documentales que acompañó el hoy quejoso a su escrito de demanda, advirtió que el actor se desempeña como policía anticrimen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, por lo que la autoridad competente para resolver la controversia planteada en términos del artículo 15, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango, era el aludido tribunal. En ese sentido, el acto reclamado señalado previamente no hace procedente el amparo que nos ocupa, puesto que la incompetencia declarada por el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, en el expediente ***, no constituye un acto definitivo, y su análisis será factible junto con la determinación en donde la autoridad a la cual se le declinó la competencia acepte o no la misma, sólo así alcanzará el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues aunque la autoridad responsable determinó que la el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, es el competente para conocer de la demanda presentada por el impetrante de amparo, dicha determinación se encuentra sujeta a que el referido tribunal acepte la competencia declinada a su favor. Dicho de otra manera, la declaratoria de incompetencia, por sí misma, no constituye una determinación susceptible de impugnarse por la vía de amparo indirecto, ya que está supeditada a un acto cuya afectación no se ha materializado, pues el que la autoridad hubiera determinado que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, es el competente para conocer el juicio ***, ello no tiene como consecuencia forzosa la aceptación del mismo, pues podría darse el supuesto de que éste rechace la competencia planteada, en cuyo caso, se dará origen al conflicto competencial correspondiente y será hasta el momento en que se resuelva el conflicto, o bien, cuando se acepte la competencia que se produzca la afectación a los derechos del gobernado. De ahí que el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio ***, en la que la responsable se declaró incompetente para conocer del mismo, al no ser un acto definitivo, hace improcedente el presente juicio de amparo de conformidad con la jurisprudencia previamente citada. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, se desecha la demanda de amparo promovida por el representante del quejoso ***. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito firmado por el promovente ***, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada mediante auto de catorce de junio del año en curso, mismo que se formuló en los siguientes términos: "a. Personalidad. Acredite la personalidad con la que comparece a promover juicio de amparo en representación del directo quejoso ***; toda vez que de la documental que acompañó a su escrito inicial de demanda, consistente en el proveído del dos de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral de origen TLB/050/2022, del índice de la responsable, no se advierta que ante la misma se le tenga reconocida la personalidad con la que comparece a instar la acción constitucional de amparo. (.)" Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el promovente no desahoga en sus términos dicho requerimiento, toda vez que no acompaña documento idóneo para acreditar la personalidad con la que comparece a promover juicio de garantías; ello es así, toda vez que el anexo que exhibió a su ocurso de cuenta, es relativo al acuse de recibo de la demanda presentada ante el Tribunal Laboral Burocrático, no así de constancia alguna en la que se reconozca la personalidad con la que insta la acción constitucional en representación de ***. En ese sentido, toda vez que el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se requirió al promovente aclarara su escrito inicial de demanda, fue notificado el dieciséis siguiente, surtiendo sus efectos el diecisiete del mes y año en cita y, en virtud de que el ocurso que se provee fue presentado el veintitrés siguiente, se suspende el término concedido para desahogar la prevención en comento. Por tanto, el término concedido se reanudará una vez que surta efectos la notificación del presente proveído y concluido el mismo, se determinará lo conducente respecto del escrito inicial de demanda, así como de la ampliación que hace de la misma; ello a acorde a la jurisprudencia de rubro "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO: PROMOVENTE. AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito firmado por el promovente ***, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada mediante auto de catorce de junio del año en curso, mismo que se formuló en los siguientes términos: "a. Personalidad. Acredite la personalidad con la que comparece a promover juicio de amparo en representación del directo quejoso ***; toda vez que de la documental que acompañó a su escrito inicial de demanda, consistente en el proveído del dos de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral de origen TLB/050/2022, del índice de la responsable, no se advierta que ante la misma se le tenga reconocida la personalidad con la que comparece a instar la acción constitucional de amparo. (.)" Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el promovente no desahoga en sus términos dicho requerimiento, toda vez que no acompaña documento idóneo para acreditar la personalidad con la que comparece a promover juicio de garantías; ello es así, toda vez que el anexo que exhibió a su ocurso de cuenta, es relativo al acuse de recibo de la demanda presentada ante el Tribunal Laboral Burocrático, no así de constancia alguna en la que se reconozca la personalidad con la que insta la acción constitucional en representación de ***. En ese sentido, toda vez que el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se requirió al promovente aclarara su escrito inicial de demanda, fue notificado el dieciséis siguiente, surtiendo sus efectos el diecisiete del mes y año en cita y, en virtud de que el ocurso que se provee fue presentado el veintitrés siguiente, se suspende el término concedido para desahogar la prevención en comento. Por tanto, el término concedido se reanudará una vez que surta efectos la notificación del presente proveído y concluido el mismo, se determinará lo conducente respecto del escrito inicial de demanda, así como de la ampliación que hace de la misma; ello a acorde a la jurisprudencia de rubro "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" Notifíquese personalmente.

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