Raymundo Castillo Diaz
Expediente 538/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Raymundo Castillo Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Atento a la certificación secretarial de cuenta y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 14138/2021 y 14139/2021, por los cuales se notificó a las autoridades responsables foráneas, la sentencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, mas no dichas autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía jurídica, la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente es susceptible de depuración, esto es, sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resolución del otorgamiento de la suspensión de plano y, en su caso, violación a la misma; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse, conforme a los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado.
- Principal
VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 538/2021, promovido por Raymundo Castillo Díaz, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; R E S U L T A N D O: MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 3 PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno en esa fecha a este Juzgado Cuarto de Distrito, Raymundo Castillo Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS: 1) LIC. HUGO MEJÍA PATRICIO, DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO;. 2) LIC. ISAÍAS JUÁREZ MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE REINSERCIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO. 3) C. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.. "ACTOS RECLAMADOS. 1) El acto que hoy se reclama en la presente DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO es el TRASLADO ILEGAL PRACTICADO EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO RAYMUNDO CASTILLO DÍAZ EL 6 DE JULIO DE 2020, llevado a cabo por las autoridades administrativas y/o mencionadas como RESPONSABLES Y EJECUTORAS anteriormente, ya que es un traslado involuntario y violatorios de garantías, además de ser carente de fundamentación y motivación sin los trámites de ley correspondientes y sin la intervención judicial." SEGUNDO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se decretó la suspensión de oficio y de plano, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 4 previo diferimiento tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado es atribuido a diversas autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 5 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es el siguiente: ? La orden de traslado ejecutado el seis de julio de dos mil veinte, del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al centro penitenciario de esta ciudad. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto.2 2 Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." (Consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 76, abril de 1994, página 68). MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 6 Ahora bien, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, al señalar que mediante oficio CRSH-1702/2020, de seis julio de dos mil veinte, el Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, solicitó a ese órgano jurisdiccional que calificara de legal el traslado de Raymundo Castillo Díaz, del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, el cual por auto de siete de julio siguiente, ese juzgado con fundamento en el artículo 52 fracciones I, II y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, calificó de legal dicho traslado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 2/2001-II, que dicha autoridad judicial remitió en apoyo a su informe justificado, el cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de una documental pública. Igualmente, las autoridades responsables ejecutoras Director General de los Centros Penitenciarios de Reinserción Social del Estado de Guerrero y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en la ciudad de Chilpancingo, si bien negaron la existencia del acto reclamado, señalando la segunda que no tiene facultades para emitir órdenes de traslado, pues es facultad exclusiva del Comité Técnico de ese centro penitenciario, lo cierto es que al tratarse de autoridades ejecutoras debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, ya que al tratarse de MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 7 autoridades ejecutoras están obligadas a acatar las determinaciones de la ordenadora; máxime que la autoridad judicial responsable señaló que fue la segunda de dichas autoridades penitenciarias quien acudió ante ese juzgado a solicitar la convalidación del referido traslado; de ahí que debe entonces tenerse por cierto los actos reclamados a las citadas autoridades ejecutoras. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro y texto, indican: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, este juzgador advierte de oficio que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, como enseguida se justifica. Con relación a la orden de traslado que reclama, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 8 fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -- - XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El citado precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos, y respecto a este es necesario precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso (sustitución procesal), se actualiza cuando los efectos del acto cesan, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando contra éste, recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la anterior, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. De las constancias de autos, se desprende que por resolución emitida el siete de julio de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en la causa penal 2/2001-II, se convalidó la orden de traslado. En ese sentido, se advierte que la determinación MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 9 dictada por el referido juez sustituyó procesalmente el traslado ordenado y materializado el seis del citado mes y año por las autoridades penitenciarias; en consecuencia, se entiende que los efectos de este último cesaron, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad judicial tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo. Por lo anterior, se sobresee el presente juicio amparo respecto del acto y autoridades referidas, con apoyo en la fracción XXI, del artículo 61 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis I.9º.P.167 P (10ª), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2507, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, registro: 2015278, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 10 efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia." De igual forma, por las razones que contiene, la tesis XXII.P.A.62 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 5295, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, registro 2020164, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO EMITIDA Y EJECUTADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O PENITENCIARIA CON BASE EN CONVENIOS DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES PENITENCIARIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA FEDERACIÓN. ASPECTOS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DE FONDO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. De conformidad con los artículos 51, 52, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado de un sentenciado que compurga pena de prisión firme se considera, en dicha legislación, como una condición de internamiento susceptible de control por parte del Juez de ejecución penal y que incluso su análisis puede realizarse posteriormente a la ejecución material del traslado en determinados casos de naturaleza urgente. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclaman esos actos, no se surte la improcedencia del procedimiento constitucional que conmina al reo al previo agotamiento de la instancia ante el Juez de ejecución. Es así, pues si bien el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad de que la Federación y los Estados puedan celebrar convenios para que los sentenciados extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa y que, de igual manera, para el caso de internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley, pueden establecerse restricciones a sus comunicaciones, entre otras medidas de vigilancia especial, lo cierto es que la contravención a esta disposición constitucional, que tiene por objeto los fines constitucionales que establece el propio artículo 18 en materia de reinserción social, podría implicar actos de autoridad que constituyan violaciones directas a MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 11 este dispositivo constitucional, así como a las convenciones y tratados internacionales en materia de normas mínimas para las personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Aspectos que ubican a este tipo de casos en la hipótesis de excepción al principio de definitividad, conforme al segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la materia de fondo en este tipo de casos será justamente corroborar que las razones del traslado no se surten a partir de la mera invocación de conceptos jurídicos indeterminados, como la seguridad nacional, la seguridad interior, delincuencia organizada o la necesidad de medidas especiales basadas en el estudio criminológico del reo (derecho penal de autor), sino que el operador jurídico habrá de estimar que la ausencia de razones o fundamentos fácticos y probatorios debidamente explicitados o, peor aún, contradictorios o incongruentes, habrán de motivar la concesión del amparo, no así la negativa y mucho menos el sobreseimiento en el amparo por la causa en comento." CONVALIDACIÓN DEL TRASLADO Ahora, sólo a mayor abundamiento, a pesar de que no se reclamó la resolución que convalida el traslado de la parte quejosa, emitida el siete de julio de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 2/2001-II, se debe destacar que en relación a dicha actuación se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que no agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La porción normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 12 Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". La causa de improcedencia citada, reglamenta lo que jurisprudencia y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional es únicamente respecto de actos definitivos; por ende, en el presente caso, el amparo resultaría improcedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, ello a fin de que en caso de que no sea favorable esta última determinación, se pueda estar en posibilidad de comparecer contra la misma ante un Juzgado de Distrito, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. Así las cosas, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 13 insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, los cuales son: a) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, b) Cuando el acto reclamado consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad, siempre que no se trate de sentencia definitiva en proceso penal. c) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio. Se insiste, sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución; aunado a que la parte quejosa no es tercera extraña al juicio, según se advierte de las constancias relativas a la causa penal 2/2001-II, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues en ese procedimiento tiene el carácter de sentenciado; MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 14 tampoco la procedencia del recurso está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra de los actos reclamados, pues es parte en el juicio. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de los tribunales ordinarios, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 15 "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Ahora, como se dijo, respecto de la resolución que convalida el traslado reclamado se actualizaría una diversa causa de improcedencia, esto es, la prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra dicho acto procede la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, numeral que a la letra establece: "52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Lo anterior evidencia que previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario, previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala que en contra de la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.67 02/09/21 10:17:25 16 determinación emitida por un Juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación, ello en atención al principio de impugnación contenido en dicha norma adjetiva, que obligan a las partes a agotar los recursos que establece la ley del acto, con el objeto de que las determinaciones adoptadas en el mismo y contrarias a sus intereses jurídicos, sean revisadas por la autoridad que las emitió o por el superior de ésta, con el objeto de que a través de esos medios de impugnación el acto que se revisa sea en su caso revocado, confirmado o modificado, y con ello agotar los recursos antes aludidos previos a la promoción del juicio de amparo; por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prescrita en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, por cuanto a la determinación de siete de julio de dos mil veinte, emitida por el Juez responsable, en la causa penal 2/2001-II. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, registro 187016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En ese sentido, como ya se adelantó, existe la obligación legal de agotar el recurso de apelación que se ha referido en líneas precedentes, previo al ejercicio de la acción constitucional. Además, en el presente asunto, debe decirse que si bien el referido principio de definitividad prevé un caso de excepción al mismo, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; sin embargo, en el caso concreto, no se está ante ese supuesto, pues como ya se dijo, el recurso de apelación se encuentra establecido en el ordinal 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en contra de la determinación emitida por un Juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación. En esas circunstancias, con apoyo en los artículos 61, fracciones XXI y XVIII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ante la actualización de las causas de improcedencia antes analizadas. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto; se tienen por recibidos con evidencia criptográfica los oficios enviados por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, domiciliada en Nezahualcóyotl, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quinta Roo, con residencia en Chetumal, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Agua Prieta, mediante los cuales devuelven los exhortos electrónicos del índice de este órgano jurisdiccional, deducidos del presente juicio de amparo, al haber resultado infructuosas las diligencias llevadas a cabo para la localización del directo quejoso ****. En consecuencia, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Luego, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que de la razón actuarial suscrita por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Piedras Negras, al constituirse en las instalaciones de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de dicha ciudad, le solicitaron datos personales del directo quejoso ***, como son, la fecha de nacimiento, número de afiliación, si es él afiliado, o por parte de quien está afiliado, además de que deberá girarse el oficio correspondiente al Director de dicha institución, a fin de que dar contestación; sin embargo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para enviar dichos datos, dado que con la única información con que se cuenta fue remitida con los anexos que se les envió en su momento adjuntos a la comunicación que nos ocupa. De igual forma, se tiene por recibido con evidencia criptográfica el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante el cual remite las razones actuariales suscritas por los Actuarios adscritos al órgano jurisdiccional antes mencionado, en las que hicieron constar las imposibilidades que tuvieron para localizar al directo quejoso ***; asimismo, se advierte que el oficiante se encuentra en espera de los resultados de las misivas que giró para dar cumplimiento a lo solicitado, a fin de estar en posibilidad de proveer respecto de la devolución de la comunicación oficial que se le envió, de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes. Por otra parte, téngase por recibidos en el correo electrónico institucional los oficios signados por el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de San Luis Potosí, residente en San Luis Potosí, y Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante los cuales el primero de los mencionados manifiesta que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, por lo que no existe materia para dar cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a favor del directo quejoso ***. Por cuanto hace al segundo de los oficiantes, informa a este órgano jurisdiccional que dicha Comisión no encontró registro en su base de datos del directo quejoso GIOVANNI SANTANA LEÓN, por lo que dio inicio al cuadernillo de búsqueda FGJ/CBPT/1641/2021. De igual forma, solicitó la colaboración para la búsqueda y localización del directo quejoso GIOVANNI SANTANA LEÓN, a diversas instituciones de dicho Estado, por lo que se encuentra en espera de las respuestas de los oficios que giró a diversas dependencias, y comunica que en las subsecuentes búsquedas de campo será tomado en cuenta de forma integral al directo quejoso; circunstancia de la que queda enterado este juzgado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de junio de dos mil veintiuno. Vista; agréguese a los autos para surta sus efectos legales el acta de comparecencia de María de los Ángeles Méndez Cantero, Defensora de Oficio de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante la cual acepta y protesta el cargo que le fue conferido como defensora de oficio del aquí quejoso ****, para asistirlo en el presente sumario; de igual manera proporciona el correo electrónico, teléfono y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En atención a su contenido, se le tiene por aceptado y protestado el cargo conferido; de igual manera, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y proporcionando el número telefónico y correo electrónico a fin de establecer el contacto respectivo.
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