Raymundo Belmonte Vega
Expediente 1252/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raymundo Belmonte Vega
- Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Ciudad
Actuaciones
- Principal
...se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo... se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Raymundo Belmonte Vega, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con quince minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1252/2021, promovido por Raymundo Belmonte Vega Por acuerdo del Juez, el Secretario de Juzgado hace constar que no se encuentra presente ninguna de las partes no obstante su legal notificación; asimismo; a lo que se provee: hágase relación de ellos, en la fase procesal correspondiente. Enseguida, por instrucción del Juez el Secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 5) y a las demás constancias de autos; asimismo, dicho funcionario hace constar que la autoridad señalada como responsable fue omisa en rendir informe justificado, no obstante estar debidamente notificada (foja 10). A lo que el Juez acuerda: téngase por efectuada la relación de constancias. Se declara abierto y cerrado el período probatorio, así como la fase de alegatos, al no existir probanzas por desahogar, ni alegatos por formular, en virtud que las partes no los hicieron valer. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez, dicta la siguiente S E N T E N C I A: Vistos los autos del juicio de amparo 1252/2021-2; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Octavo de Distrito, Raymundo Belmonte Vega, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la negativa de dictar laudo dentro del juicio laboral 1126/2018, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 8,14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número de expediente 1252/2021-2; se ordenó pedir informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado; dar al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en eL ??????????????? Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado carece de ejecución siendo ejercida la acción de amparo dentro de la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la negativa de dictar laudo en el juicio laboral 1126/2018 del índice de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, (registro 192097) página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es presuntivamente cierto el acto reclamado en virtud de que la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta localidad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante estar legalmente notificada para ello, de conformidad en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo (foja 10). CUARTO. En virtud que no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes las hicieron valer, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe con justificación, y tomando en cuenta que el acto reclamado por el peticionario de amparo lo constituye la negativa de dictar laudo en el contencioso 1126/2018 del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, lo cual debe decirse no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende del estado procesal en que se encuentre el expediente de origen, lo cual no se puede determinar con la presunción de certeza, sino que es necesario tener a la vista las constancias motivo del acto reclamado, para así estar en condiciones de analizar si la negativa que se atribuye a la responsable es inconstitucional, lo cual de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde demostrar a la parte quejosa. Resulta preciso transcribir lo que dispone dicho??????????????? numeral y párrafo: "Artículo 117. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley." Por tanto, de la transcripción del citado dispositivo legal, se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y las garantías que dice el quejoso se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo, y al no haber aportado prueba alguna para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, y que además se violen en su perjuicio las garantías constitucionales que refiere en su demanda de amparo. Se afirma lo anterior, pues no basta el simple hecho de que la parte impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; sin embargo, al haber sido omisa la autoridad responsable en rendir su respectivo informe justificado, y atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho, y la violación de las garantías constitucionales de que dicen son objeto con el actuar de la responsable, es decir, demostrar que realmente existe el acto reclamado, de ahí que lo constitucional o inconstitucional de éste, dependa el estado en que se encuentra el juicio de origen, y de acreditarse éstos supuestos -que en la especie no aconteció-, del estado procesal del juicio natural, así como de las pruebas o datos que la responsable tenga en consideración para mantener su conducta omisiva, por lo que al no haber acreditado la parte quejosa tales circunstancias, es decir, lo que argumenta en el único concepto de violación de su demanda de amparo, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional de los actos reclamados, menos aún determinar que se viole en su perjuicio las garantías constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 279 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Novena Época (registro 917813), página 232, que es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con Justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." (Énfasis añadido). También apoya la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, identificada con el número III. 1o. A. 59 K, tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, (registro 209904) página 402, que textualmente dispone: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACION ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO EL. No es la naturaleza de la violación que se alegue, lo que determina si un acto reclamado en amparo es o no inconstitucional en sí mismo, sino que, para establecer cuándo tiene ese carácter, debe estarse a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual señala substancialmente, que un acto no es en sí mismo violatorio de garantías, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto; de lo que resulta, que cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no debe ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de garantías en sí mismo." De igual manera, cobra aplicación la jurisprudencia VI. 2o. J/241 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 39, tomo 64, Abril de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216529, cuyo rubro y texto marcan: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." Ante tales razonamientos, y al no haber demostrado la parte quejosa con prueba alguna la inconstitucionalidad de los actos que reclama, debe NEGARSE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Raymundo Belmonte Vega. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Raymundo Belmonte Vega, en contra de la autoridad mencionada en el resultado primero de esta resolución, contra el acto y por el motivo precisado en el considerando segundo y cuarta de la misma. Notifíquese.
- Principal
...se admite la demanda de amparo... Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con quince minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno. ...pídase a la autoridad responsable el informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído. ...hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa... Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. ...En otro contexto, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. ... Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. ...Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. ...
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