Raymundo Arriaga Saavedra
Expediente 1524/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1524/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Raymundo Arriaga Saavedra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación del secretario de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Se notifica al promovente, el auto. Vista la certificación que antecede, y considerando que el promovente del presente juicio, no dio cumplimiento a lo ordenado por auto de dieciséis de noviembre del presente año, mediante el cual se mandó aclarar la demanda de amparo; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la citada demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Se notifica por lista al promovente Torreón, Coahuila, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio 5924/2018-SA, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica la resolución dictada dentro del amparo directo 967/2018, en la que dicho tribunal colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Raymundo Arriaga Saavedra, contra actos del Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, y otras, por lo cual, declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en la Laguna en turno, y remitió el cuadernillo formado con el original del escrito de presentación y demanda de amparo. En consecuencia, con base en el artículo 45 de la Ley de Amparo, esta juzgadora asume en la vía indirecta el conocimiento de la demanda de amparo que nos ocupa; acúsese el recibo de estilo. Fórmese y regístrese con el número de expediente de amparo 1524/2018-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. En ese sentido, a fin de proveer lo que corresponda respecto de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción V, en relación con los artículos 108 y 110, todos de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, exhiba siete copias de su escrito de demanda, para su distribución entre las partes, a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que tal y como lo precisa la disposición legal mencionada, con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes, y en el caso, el promovente no exhibió copias de su escrito de demanda, siendo que se requieren siete para ser distribuidas de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados, dos para la tramitación del incidente de suspensión y una más para el agente del Ministerio Público adscrito. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2006, página 170, Novena época, identificada con la tesis 1a/J. 106/2005, materia común, cuya literalidad dispone: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Prevención que es necesaria para dar cabal cumplimiento a los requisitos que imponen al promovente los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, en relación a la suspensión del acto reclamado, concedida por el Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, y en atención a lo determinado por la superioridad en auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación la realizó dentro del trámite del amparo promovido en la vía directa, por lo que a partir de este momento, se deberá de estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicio de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, con este auto inicial. Se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 85/2016 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 1105, del texto siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL AMPARO DEL QUE DERIVA DICHO RECURSO SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO A PARTIR DE QUE EL JUEZ INICIA SU TRÁMITE. Cuando un tribunal colegiado de circuito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo, por corresponder a un juez de distrito su trámite y resolución, debe declararse sin materia el recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la situación de facto sobre la suspensión y los medios de defensa relacionados, está supeditada al trámite del amparo directo, pues la autoridad responsable emite su decisión en torno a la suspensión u omite pronunciarse al respecto, en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal y, por tanto, al declararse incompetente el tribunal colegiado de circuito para conocer del juicio de amparo, pierde esa calidad, para conservar únicamente la de autoridad responsable y deja de tener capacidad legal para resolver sobre la suspensión y, en consecuencia, la materia del recurso de queja, ya sea en su omisión o pronunciamiento, desaparece cuando el juez de distrito recibe los autos del juicio de amparo e inicia su trámite". Se autoriza a los licenciados Salvador Murillo Jiménez y Jorge Adrián Díaz Santana, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su cédula profesional se encuentre inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se le tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente procedimiento.
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