Raymundo Arista Olvera
Expediente 1347/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Raymundo Arista Olvera
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Raymundo Arista Olvera, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...VII
- Principal
...El veinte de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta con un escrito de demanda. Conste. Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de octubre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Visto el escrito de demanda de cuenta, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1347/2021-VII-A; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. En ese tenor, vista la demanda de amparo promovida por Raymundo Arista Olvera, contra actos del Director, y Titular del Área Médica, ambos del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, una vez examinada la demanda en su integridad se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. De esta manera, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama la omisión de proporcionarle atención médica de urología y medicamentos para el padecimiento derivado de una infección en las vías urinarias; es decir, aspectos relacionados con las condiciones de internamiento como es, la falta de atención médica por especialistas de acuerdo con los padecimientos que presenta. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114 y 115, los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. (.)." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución del cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116, fracciones I y II, y 117 del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos numerales, se obtiene, en lo que aquí interesa, la existencia de la figura de la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En este punto, resulta indispensable definir qué es una condición de internamiento, la cual debe ser entendida como cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad del centro de reinserción social, siendo entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III VI y VII; 10, fracciones II, IV y V, y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Definido lo anterior, se explica el procedimiento para la presentación de la petición. Ésta se formulará por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contado a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. En el caso de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución en los siguientes plazos, diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, tratándose de actos de naturaleza instantánea; y en cualquier momento, si los efectos del acto son continuos o permanentes; esto en cuanto a la petición ordinaria. Ahora, en los casos en que el interesado justifique que las peticiones recaen sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato quedaría sin materia la petición -caso urgente-, podrá acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición; supuesto en el que, el juzgador de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, de ser el caso que al acto impugnado tenga el carácter de positivo. Cuando se trate de actos de naturaleza omisiva, el juez de ejecución determinará con la misma celeridad las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. En suma, las disposiciones citadas evidencian que los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones derivadas de dicho tópico, además el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones vinculadas que impliquen violación de derechos fundamentales, y que tienen facultades para decretar de oficio y de plano la suspensión de los actos materia de inconformidad. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en el caso que nos ocupa, se estima que el quejoso, ya sea como procesado o sentenciado, en términos de los numerales 2 y 3, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, ante la actitud omisa de la autoridad penitenciaria, debió agotar la petición administrativa o el recurso correspondiente previsto en las disposiciones transcritas y elevar su solicitud al juez de ejecución, en términos de los artículos 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal ya citados, pues como se vio, los jueces de ejecución están facultados para conocer todas las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones derivadas de dicho tópico que impliquen violación de derechos fundamentales. Sin que sea óbice a lo anterior las hipótesis excepcionales a la causal de improcedencia que se invoca, en las que no será necesario agotar el principio de definitividad en los siguientes supuestos: a) Cuando mediante la interposición del recurso, la ley del procedimiento no suspenda de oficio el acto impugnado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o solo se aleguen violaciones directas a la constitución. c) Cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, el contenido de las normas invocadas pone en evidencia que, incluso, tratándose de actos omisivos o negativos, como acontece en la especie, el interesado está en condiciones de acudir ante el juez de ejecución a plantear su inconformidad y solicitarle que, de oficio, suspenda de inmediato el acto omisivo que motiva su petición; hipótesis que, en términos de la propia Ley Nacional de Ejecución, ameritará que, de considerarlo procedente, el juzgador pronuncie las acciones inmediatas a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. En tal contexto, es evidente que la Ley Nacional de Ejecución Penal no establece mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, en la medida que esta última medida cautelar requiere, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; 3. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; 5. Que deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Elementos que se encuentran presentes como condiciones necesarias para efectos de la suspensión de oficio del acto reclamado en términos de la invocada Ley Nacional de Ejecución Penal. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011614, visible en la página 1316, Libro 30, Mayo de 2016, tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Por otra parte, tampoco es dable considerar que la Ley Nacional de Ejecución Penal establezca un plazo mayor al que fija la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, en la medida que esta última en sus numerales112 y 139 establece que el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre la suspensión provisional en el plazo de veinticuatro horas; mientras que, en aquel cuerpo legal, se indica que el juez de ejecución tiene facultades para suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición. Asimismo, es claro que en el caso no se trata de un acto que carezca de fundamentación pues la teleología de dicha norma evidencia que tal hipótesis atañe a actos de naturaleza positiva distinta a la que se reclama en el caso específico. Igualmente, se destaca que en el caso la instancia agotable ante el juez de ejecución está prevista en una ley en sentido formal y no en un reglamento o alguna otra disposición de inferior jerarquía. De ahí, puede arribarse a la seguridad de que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis excepcionales a la causa de improcedencia analizada. Resta decir que no es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que el quejoso se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame la omisión de proporcionarle atención médica de urología y medicamentos para el padecimiento derivado de una infección en las vías urinarias, pues debe tomarse en consideración que se encuentra sujeto a un proceso penal (en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de una omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa respecto de sus condiciones de internamiento; situación que provoca que los internos deban acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se regula principalmente por los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tampoco es óbice para concluir lo anterior que en el caso, se considere que existe una violación directa a la Constitución Federal, en específico, podría tratarse de una transgresión al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en éste se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular. Por ende, resulta jurídicamente inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos, en materia penitenciaria, en esta ley secundaria, la probable transgresión de aquéllos no debe ser analizada en forma autónoma, sino a través de un procedimiento, en este caso, aquel que se denomina petición administrativa donde se encuentra inmersa la posibilidad de acudir ante el juez de ejecución en los términos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que las autoridades administrativas y jurisdiccionales, conozcan sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tienen que seguir los quejosos a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, pagina 230, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Es por ello que las deficiencias que se imputan de manera directa al titular del centro de reclusión en el que se encuentra interno el promovente del amparo, deben ser encaminadas a través de ese procedimiento administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previsto en los artículos 107 a 115, antes de acudir al juicio de amparo, lo que no se hizo. En tales condiciones, si contra los actos reclamados proceden los medios de defensa citados, que como ya se vio, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, mediante los cuales puede ser revocado o modificado, y los mismos no fueron agotados en todas sus fases, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto que se intenta es improcedente, por no observarse el principio de definitividad que lo rige, lo que impone el desechamiento de la demanda de mérito. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido..-. M-VII
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