Raymundo Alonso Bonilla
Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raymundo Alonso Bonilla
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió con su escrito de demanda y se le apercibe de que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrán ser destruidos, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA..; NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió con su escrito de demanda y se le apercibe de que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrán ser destruidos, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; NOTIFÍQUESE PERSONAL AL QUEJOSO. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1142/2022-VII y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda se aprecia que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso dictado en el juicio ejecutivo mercantil M0504/2022, mediante el cual la juez responsable requirió al quejoso para que entregara los bienes embargados en dicho sumario al nuevo depositario designado por la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo haría uso de la fuerza pública. Cabe precisar que según los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso y de la copia sellada del pagaré que adjuntó a su demanda, se advierte que el monto de la suerte principal es por la cantidad de ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser combatido a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio y el quejoso no lo agotó previo a instar esta acción constitucional. El citado numeral de la Ley de Amparo contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual implica el agotamiento o ejercicio previo y necesario de los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, al existir algún medio ordinario de defensa, el amparo deviene improcedente en caso que no sea agotado. Asimismo, es necesario destacar que los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, establecen que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Son irrecurribles las resoluciones y sentencias dictadas en negocios cuya suerte principal sea inferior a setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco mil pesos con cuarenta y seis centavos. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco mil pesos con cuarenta y seis centavos. De lo anterior se colige que, si bien la legislación mercantil prevé que las resoluciones que se dicten en un proceso mercantil cuyo monto sea inferior al indicado, son irrecurribles; el Alto Tribunal ha interpretado que el término "irrecurrible" solo se refiere a que son inatacables mediante el recurso de apelación, por lo que el gobernado sigue teniendo un medio de impugnación ordinario -revocación- para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en los numerales 1339 y 1340 del citado código, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en especie el numeral 1334 del Código mercantil prevé un medio de defensa -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora, en el caso no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues a pesar de que el quejoso se ostenta como tercero extraño a la contienda de origen, de la copia sellada del acuerdo reclamado que adjuntó a su demanda se advierte que la juez responsable le reconoció previamente el carácter de depositario de los bienes embargados, pues acordó lo siguiente: "[.] se tiene a la parte actora revocando el nombramiento de depositaria hecho con anterioridad a favor de Raymundo Alonso Bonilla (quejoso) [.]". Lo anterior pone en evidencia que el quejoso se encuentra incorporado a la relación jurídico-procesal en el juicio de origen, pues se le reconoció previamente el carácter de depositario judicial en dicha contienda; por tanto, no tiene el carácter de tercero extraño y, en ese sentido, está en posibilidad de comparecer a defender sus intereses, entre ellos los que alega en la demanda de amparo que nos ocupa, con el carácter que le fue reconocido en el procedimiento de origen. Finalmente, no se pierde de vista que el acto que se reclama pudiera tener efectos que sean de imposible reparación; sin embargo, aun cuando se trate de actos de esa naturaleza, existe la obligación de agotar los recursos ordinarios previo a acudir a la instancia de derechos fundamentales. Ahora, tampoco se pierde de vista que el quejoso pretende ostentarse como tercero extraño en la demanda de amparo; sin embargo, como se advierte de la relatoría de antecedentes, así como de los documentos que anexa a la misma, no le corresponde tal carácter, pues tiene reconocido el estatus jurídico de depositario judicial (auxiliar de la administración de justicia), por lo que todos los elementos atinentes a su actuación, pueden ser revisados por el juez a petición del impetrante. En consecuencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en bulevar Vasco de Quiroga 4315, de la colonia Deportiva II, código postal 37239, de esta ciudad. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte quejosa proponiendo como formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico que indica en su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo, a Daniel Juan Marín Perea, Guillermo Francisco Caloca Mayorga, Román Sinhue Caloca Mayorga, Jorge Aníbal Arteaga Moncada y Carlos de Jesús Rodríguez Nicolás, pues demuestran estar facultados para ejercer la profesión de abogados, ya que tienen registradas sus cédulas profesionales 3526811, 7624496, 09145526, 2316017, 8596524, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos de la citada ley, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Guillermo Loyola Cárdenas, Carlos Cárdenas Suarez y María Guadalupe Alonso Aguilar, por no contar con dicho registro en ese sistema ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales ante los Órganos de Jurisdiccionales. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONAL AL QUEJOSO. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1142/2022-VII y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda se aprecia que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso dictado en el juicio ejecutivo mercantil M0504/2022, mediante el cual la juez responsable requirió al quejoso para que entregara los bienes embargados en dicho sumario al nuevo depositario designado por la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo haría uso de la fuerza pública. Cabe precisar que según los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso y de la copia sellada del pagaré que adjuntó a su demanda, se advierte que el monto de la suerte principal es por la cantidad de ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser combatido a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio y el quejoso no lo agotó previo a instar esta acción constitucional. El citado numeral de la Ley de Amparo contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual implica el agotamiento o ejercicio previo y necesario de los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, al existir algún medio ordinario de defensa, el amparo deviene improcedente en caso que no sea agotado. Asimismo, es necesario destacar que los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, establecen que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Son irrecurribles las resoluciones y sentencias dictadas en negocios cuya suerte principal sea inferior a setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco mil pesos con cuarenta y seis centavos. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco mil pesos con cuarenta y seis centavos. De lo anterior se colige que, si bien la legislación mercantil prevé que las resoluciones que se dicten en un proceso mercantil cuyo monto sea inferior al indicado, son irrecurribles; el Alto Tribunal ha interpretado que el término "irrecurrible" solo se refiere a que son inatacables mediante el recurso de apelación, por lo que el gobernado sigue teniendo un medio de impugnación ordinario -revocación- para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en los numerales 1339 y 1340 del citado código, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en especie el numeral 1334 del Código mercantil prevé un medio de defensa -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora, en el caso no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues a pesar de que el quejoso se ostenta como tercero extraño a la contienda de origen, de la copia sellada del acuerdo reclamado que adjuntó a su demanda se advierte que la juez responsable le reconoció previamente el carácter de depositario de los bienes embargados, pues acordó lo siguiente: "[.] se tiene a la parte actora revocando el nombramiento de depositaria hecho con anterioridad a favor de Raymundo Alonso Bonilla (quejoso) [.]". Lo anterior pone en evidencia que el quejoso se encuentra incorporado a la relación jurídico-procesal en el juicio de origen, pues se le reconoció previamente el carácter de depositario judicial en dicha contienda; por tanto, no tiene el carácter de tercero extraño y, en ese sentido, está en posibilidad de comparecer a defender sus intereses, entre ellos los que alega en la demanda de amparo que nos ocupa, con el carácter que le fue reconocido en el procedimiento de origen. Finalmente, no se pierde de vista que el acto que se reclama pudiera tener efectos que sean de imposible reparación; sin embargo, aun cuando se trate de actos de esa naturaleza, existe la obligación de agotar los recursos ordinarios previo a acudir a la instancia de derechos fundamentales. Ahora, tampoco se pierde de vista que el quejoso pretende ostentarse como tercero extraño en la demanda de amparo; sin embargo, como se advierte de la relatoría de antecedentes, así como de los documentos que anexa a la misma, no le corresponde tal carácter, pues tiene reconocido el estatus jurídico de depositario judicial (auxiliar de la administración de justicia), por lo que todos los elementos atinentes a su actuación, pueden ser revisados por el juez a petición del impetrante. En consecuencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en bulevar Vasco de Quiroga 4315, de la colonia Deportiva II, código postal 37239, de esta ciudad. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte quejosa proponiendo como formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico que indica en su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo, a Daniel Juan Marín Perea, Guillermo Francisco Caloca Mayorga, Román Sinhue Caloca Mayorga, Jorge Aníbal Arteaga Moncada y Carlos de Jesús Rodríguez Nicolás, pues demuestran estar facultados para ejercer la profesión de abogados, ya que tienen registradas sus cédulas profesionales 3526811, 7624496, 09145526, 2316017, 8596524, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos de la citada ley, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Guillermo Loyola Cárdenas, Carlos Cárdenas Suarez y María Guadalupe Alonso Aguilar, por no contar con dicho registro en ese sistema ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales ante los Órganos de Jurisdiccionales. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 11,099 expedientes
- Raúl Valdez Pérez y Otros.1425/2016
- Raúl Valdez Pérez y Otros.1612/2016
- Raúl Valle Rodríguez y Otros.1178/2013
- Raúl Varela García207/2020
- Raymundo Alcantar Villanueva711/2017
- Raymundo Alcantar Villanueva y Otros.682/2015
- Raymundo Esteban Rodríguez Mondragón1361/2015
- Raymundo Fabricio Duran Hurtado3/2022
- Raymundo Gómez Islas y otros y Otros.794/2015
- Raymundo Gutiérrez Mares533/2018
- Raymundo Olivares Pineda1495/2017
- Raymundo Reyes Rodríguez1023/2021