Raymundo Alfredo Ramírez Casasola
Expediente 441/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- Raymundo Alfredo Ramírez Casasola
- Loreto Ascencio Francisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
...En consecuencia, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el diverso 2° de la Ley de Amparo, por los motivos antes expuestos, se ordena la regularización del procedimiento, y se deja sin efectos el acuerdo de valoración y archivo; pero únicamente en cuanto a la valoración documental contenida en dicho auto, no así por cuanto hace al envío del archivo...
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a primero de marzo de dos mil diecinueve. Vista dada con el cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: Efectos. En sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 98 de estos autos); este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: Dejará insubsistente la sentencia reclamada y, Emitiera una nueva, la que en derecho correspondiera, pero en la que resolviera la controversia tomando en consideración que el entonces demandado, objetó el alcance y valor probatorio de los contratos de enajenación de derechos parcelarios que exhibió el actor como sustento de su acción, por dos motivos: - El primero, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley Agraria, para ser titular de derechos agrarios, es necesario ser titular de derechos ejidales, los cuales sólo pueden ser adquiridos siempre y cuando se tenga por lo menos la calidad de avecindado, calidad que adquirió el actor hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo con el acta de calificación registral de esa fecha, por lo que su posesión apta para prescribir corre a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, y no desde que dijo entró en posesión de las parcelas, el trece de abril de dos mil cuatro, con motivo de la suscripción de los contratos; y, - El segundo, porque no cumplieron con las formalidades y requisitos previstos en el artículo 80, incisos a) y b), de la Ley Agraria. Además, lo que también manifestó sobre la constancia de posesión de veintiuno de abril de dos mil quince, en los términos siguientes: ".5.- Por lo que respecta a las constancias de fecha 21 de abril de 2015, expedidas por el comisariado ejidal en turno, se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, toda vez que son expedidas en fecha reciente, por lo cual no son útiles para acreditar la temporalidad de la posesión que dice ostenta el actor." (Foja 31 y 32 de la ejecutoria de amparo). Informe en cumplimiento de la autoridad responsable. En cumplimiento a lo anterior, por oficio sin número de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con residencia en Tlalnepantla, en el Estado de México, remitió copia certificada del auto de esa misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete. Finalmente, mediante oficio T.U.A.DTO.10/UAJ/898/2018, de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia en cumplimiento de esa misma fecha. Análisis de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con los efectos del fallo protector, porque siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo dado que, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete y dictó una nueva sentencia, de la cual es necesario precisar los alcances de la misma y reproducir las consideraciones en que se basó el tribunal agrario para emitirla, lo que se analiza a continuación: - Resolvió la controversia tomando en consideración que el entonces demandado, objetó el alcance y valor probatorio de los contratos de enajenación de derechos parcelarios que exhibió el actor como sustento de su acción de la manera siguiente: ". A los contratos de enajenación de derechos parcelarios de fecha trece de abril de dos mil cuatro, suscritos por CIRO RAMIREZ CRUZ, como cedente y JUAN ROMERO ESTEVEZ como cesionario (fojas 09 y 12), se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que con dichas documentales quedó acreditado que CIRO RAMIREZ CRUZ, en su calidad de cedente, cedió a título oneroso en favor de JUAN ROMERO ESTEVEZ, las parcelas números 304 y 314, amparadas con los certificados parcelarios números 1015441 y 1015442, respectivamente, por la cantidad de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), cada una de las parcelas, siendo que en dichos documentos intervinieron como testigos ALEJANDRO PEREZ PEREZ y JOSÉ ROMERO MARTÍNEZ, y que dichos contratos de cesión de derechos parcelarios fueron ratificados ante el Licenciado EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA, Notario Público número 117, del Estado de México, con residencia en Tecámac, con fecha quince de abril de dos mil cuatro, lo anterior, toda vez que el demandado únicamente objetó los contratos en cuanto a su alcance y valor probatorio por las siguientes causas: ".toda vez que de la lectura de los mismos se desprende que los mismos carecen de la formalidad jurídica que los debe revestir, independientemente, de que los mismos pueden ser antedatados y por ser supuestamente entre particulares, no hay certeza de que hayan sido suscritos por quienes en el intervinieron; además de no cumplir con los requisitos señalados por el artículo 80 de la Ley Agraria." . Por otra parte, debe referirse que los contratos de cesión de derechos parcelarios de fecha trece de abril de dos mil cuatro, fueron ratificados por CIRO RAMIREZ CRUZ y JUAN RAMIRO ESTEVEZ, ante el Licenciado EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA, Notario Público número 117, del Estado de México, con residencia en Tecámac, con fecha quince de abril de dos mil cuatro, haciéndose constar que con motivo de dicha ratificación se levantaron las actas números NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, respectivamente, en el Protocolo ordinario de esa Notaría, con lo que se acredita la suscripción de los contratos de cesión entre CIRO RAMIREZ CRUZ y JUAN RAMIRO ESTEVEZ, y la fecha cierta de los mismos, dada la ratificación ante Notario Público de las citadas cesiones. . - El primero, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley Agraria, para ser titular de derechos agrarios, es necesario ser titular de derechos ejidales, los cuales sólo pueden ser adquiridos siempre y cuando se tenga por lo menos la calidad de avecindado, calidad que adquirió el actor hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo con el acta de calificación registral de esa fecha, por lo que su posesión apta para prescribir corre a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, y no desde que dijo entró en posesión de las parcelas, el trece de abril de dos mil cuatro, con motivo de la suscripción de los contratos. - El segundo, porque no cumplieron con las formalidades y requisitos previstos en el artículo 80, incisos a) y b), de la Ley Agraria; consideraciones que el tribunal agrario en la sentencia en cumplimiento adujo de la manera siguiente: ". al respecto es de señalarse que la objeción que hace el quejoso es improcedente, en virtud de que si bien el actor adquirió la calidad de avecindado hasta dos mil catorce, el artículo 48 de la Ley Agraria no prevé como presupuesto de legitimación para la actualización de la figura de la prescripción positiva de parcelas ejidales, que el poseedor cuente necesariamente con aquel carácter, ya que la demostración de tal posesión "en concepto de titular de derechos de ejidatario", debe relacionarse con las disposiciones de la Ley Agraria tendientes a regular lo relativo a los individuos que potencialmente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario; y toda vez que JUAN ROMERO ESTEVEZ acredita que obtuvo la posesión de las parcelas 304 y 314 del plano interno del ejido de Santiago Cuautlalpan, mediante los contratos de cesión de derechos parcelarios de fecha trece de abril de dos mil cuatro, con ello queda acreditada "la causa generadora de su posesión", entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para habérsele transferido el dominio sobre las parcelas en cuestión, a fin de estar en aptitud de dilucidar primeramente, si en realidad poseyó "en concepto de titular de derechos de ejidatario", para en seguida determinar lo referente a los plazos en que habrá de operar la prescripción, ya que la posesión debe ser de naturaleza originaria y no precaria o derivada. En congruencia con lo anterior, se concluye que JUAN ROMERO ESTEVEZ al estar en posesión de las parcelas motivo de juicio, potencialmente puede adquirir la calidad de ejidatario, por cuanto que se encuentra incorporado a la vida legal y productiva del ejido, formando así parte de la clase campesina; y, por tanto, que su legitimación para poseer en concepto de titular de derechos de ejidatario en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, no depende del reconocimiento de la calidad de avecindado.. Se procede ahora, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo número 441/2017, al análisis del segundo motivo por el que RAYMUNDO ALFREDO RAMIREZ CASASOLA objeta los contratos de enajenación de derechos parcelarios de fecha trece de abril de dos mil cuatro, al contestar la demanda, por virtud del cual alega que dichos contratos no cumplieron con las formalidades y requisitos previstos en el artículo 80, incisos A) y B), de la Ley Agraria, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 80.- (SE TRANSCRIBE)..". Al respecto, es de precisarse que los contratos referidos, si cumplieron con los requisitos señalados por el inciso A), ya que los contratantes sí realizaron la manifestación de conformidad por escrito ante dos testigos y la ratificaron ante fedatario público. En cuanto al cumplimiento al requisito marcado con el inciso B), es de señalarse que si bien no se acreditó que en la celebración de dichos contratos se hubiera cumplido con la notificación del derecho del tanto a la esposa e hijos del finado ejidatario, ello no es suficiente para desvirtuar la causa generadora de la posesión, ya que cuando un contrato no cumple con los requisitos del artículo 80 de la Ley Agraria, estará afectado de nulidad relativa, pudiendo convalidarse aún por prescripción. - Además, lo que también manifestó sobre la constancia de posesión de veintiuno de abril de dos mil quince, en los términos siguientes: ".5.- Por lo que respecta a las constancias de fecha 21 de abril de 2015, expedidas por el comisariado ejidal en turno, se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, toda vez que son expedidas en fecha reciente, por lo cual no son útiles para acreditar la temporalidad de la posesión que dice ostenta el actor." . A las constancias de posesión de fecha veintiuno de abril de dos mil quince (fojas 21 y 25), suscritas por JOSE LUIS AVILA MONROY, LORENZO SALVADOR PEREZ GONZALEZ y ANGEL GUTIERREZ VILLEGAS, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del poblado al rubro citado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que fueron objetados por RAYMUNDO ALFREDO RAMIREZ CASASOLA, y cuya objeción se ordenó analizar en la ejecutoria que se cumplimenta, no se les otorga valor probatorio, en virtud de que dichas constancias son ineficaces para acreditar que JUAN ROMERO ESTEVEZ ha tenido la posesión de las parcelas números 304 y 314 desde el año dos mil cuatro, como lo refieren en las citadas documentales, en virtud de que no son la prueba idónea para demostrar la posesión desde la fecha que se refieren, tampoco fueron expedidas en cumplimiento de una asamblea, ni se expresó que los elementos se consideraron para hacer constar dicha posesión. ".". Por lo anteriormente expuesto, se determina que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos que le fueron solicitados en la ejecutoria de amparo del que deriva el presente asunto. Conclusión. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercera interesada. En su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. (Dos firmas ilegibles).
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, sin hacer mayor pronunciamiento, en razón de que, mediante auto de tres de diciembre del presente año, se tuvo por recibida la copia certificada de la sentencia con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Cúmplase. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta y anexo certificado que se compaña, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del oficio 2699/2018, del índice de este tribunal colegiado, por el que se le remitió copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el presente asunto, y los autos originales del juicio agrario 327/2015, descritos en el oficio de cuenta, e informa las medidas tendentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el tribunal agrario deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva, la que en derecho corresponda, pero en la que resuelva la controversia tomando en consideración que el entonces demandado, objetó el alcance y valor probatorio de los contratos de enajenación de derechos parcelarios que exhibió el actor como sustento de su acción, por dos motivos: Primero, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley Agraria, para ser titular de derechos agrarios, es necesario ser titular de derechos ejidales, los cuales sólo pueden ser adquiridos siempre y cuando se tenga por lo menos la calidad de avecindado, calidad que adquirió el actor hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo con el acta de calificación registral de esa fecha, por lo que su posesión apta para prescribir corre a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, y no desde que dijo entró en posesión de las parcelas, el trece de abril de dos mil cuatro, con motivo de la suscripción de los contratos; y, Segundo, porque no cumplieron con las formalidades y requisitos previstos en el artículo 80, incisos a) y b), de la Ley Agraria. Además, lo que también manifestó sobre la constancia de posesión de veintiuno de abril de dos mil quince, en los términos siguientes: ".5.- Por lo que respecta a las constancias de fecha 21 de abril de 2015, expedidas por el comisariado ejidal en turno, se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, toda vez que son expedidas en fecha reciente, por lo cual no son útiles para acreditar la temporalidad que dice ostenta el actor." Ahora bien, en atención a que los efectos de la concesión del amparo otorgado al quejoso; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se le concede por única ocasión un plazo de diez días hábiles improrrogable para que dé cumplimiento a la sentencia constitucional, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el juicio de amparo y anexos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el caso de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad correspondiente. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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