Raymundo Alejandro Tamayo Uicab
Expediente 297/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santiago Tamayo Uicab
- Raymundo Alejandro Tamayo Uicab
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- CAUSA EJECUTORIA ACUERDO: Vista la cuenta y certificación de cuenta, la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que se sobreseyó en este juicio de amparo, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá su destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existe documento original exhibido por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFIQUESE.
- Principal
MESA IV.- Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 al 79, 124 y 225 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- SE SOBRESEE este juicio de amparo promovido por ..., contra actos que reclama del Fiscal General del Estado, Director de la Policía Estatal de Investigación, Secretario de Seguridad Pública del estado y Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todas con residencia en esta ciudad, consistente en la incomunicación y detención del directo quejoso, así como su ejecución. SEGUNDO. Captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. TERCERO. Téngase al quejoso oponiéndose a que se publiquen sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. NOTIFIQUESE.
- Principal
MESA IV.- Agréguese a estos autos el oficio, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintinueve de septiembre del actual, remitiendo las constancias conducentes de la carpeta de investigación A3-26/2020, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional correspondiente. Sin que sea el caso poner a la vista de las partes dichas documentales, con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, toda vez que las mismas no forman parte de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sino que se encuentran en los casos de excepción previstos en dicha Ley. Se dice lo anterior, toda vez que de conformidad con la Ley de Amparo, se pueden requerir constancias con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, que faculta a la suscrita a recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, y cuando las partes soliciten al Juez que requiera las constancias que no le hubieran sido expedidas con toda oportunidad, para ofrecerlas como pruebas en el juicio de amparo. De lo que se advierte que las constancias que se agregan en este auto, no forman parte de las remitidas por la responsable como justificación a su informe justificado, sino que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de que la suscrita las consideró necesarias para la resolución del presente juicio de garantías, esto es, fueron solicitadas con la facultad que otorga dicho numeral a la suscrita. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: No. Registro: 199,454 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Contradicción de tesis 8/96. Entre las sustentadas por el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de enero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número 17/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IV.- Vista la cuenta y certificación que antecede, se acuerda: toda vez que se encuentra fijada para el día de hoy a las catorce horas con cuarenta minutos para la celebración de la audiencia constitucional y aún no se cuenta con las constancias que le fueron requeridas al Fiscal General del Estado a fin de poder resolver el presente asunto; por tal motivo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo a las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE.
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