Raymundo Alatorre Sánchez

Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
649/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Raymundo Alatorre Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; comisiónese a la Oficial Judicial "A", a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de quince de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo por los actos ahí indicado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    RECLU OTE Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ..., contra actos del Juzgado Quincuagésimo Sexto Penal de la Ciudad de México; regístrese en el libro de gobierno con el número 649/2022-IV. De los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta se advierte lo siguiente: El seis de julio de dos mil veintidós en sesión ordinaria, el Comité Técnico decidió reubicar entre otros al quejoso de la estancia 9, zona 3, del anexo 7 a diferentes estancias y zonas del reclusorio. Inconforme, el once de julio de la presente anualidad, a las once horas con veintiún minutos, el aquí quejoso interpuso, por escrito, recurso de revisión contra la determinación del Comité Técnico, ante el Juez Quincuagésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, en funciones de juez de ejecución a efecto de que suspendiera la sanción disciplinaria citada. Lo que se corrobora con el escrito que anexa a su demanda. La demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el catorce de julio de dos mil veintidós, a las ocho horas con treinta y cinco minutos. En razón de ello, este juzgador considera que la demanda de amparo resulta improcedente. DESECHAMIENTO El suscrito considera que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de contestar el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda no se había agotado el plazo con el que contaba la autoridad responsable para dar contestación a dicha petición, por lo que, hasta ese momento no existía alguna afectación a sus derechos subjetivos. En efecto, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: "Artículo 123. Auto de inicio. Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación." Así, como se advierte del precepto transcrito la autoridad competente cuenta con un plazo de setenta y dos horas para emitir el auto inicial al escrito presentado por la parte quejosa; por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (ocho horas con treinta y cinco minutos del catorce de julio de dos mil veintidós), es inconcuso que se encontraba transcurriendo el término establecido en el artículo 123° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que al tratarse de un acto de naturaleza omisiva debe acudirse a la normatividad aplicable para determinar si en el caso existe la obligación para actuar como lo pretende el amparista, de ahí que si en el caso se encontraba transcurriendo el plazo que la legislación de la materia establece para que las autoridades puedan contestar las solicitudes correspondientes, como ya se dijo, en este momento no existe afectación a los derechos sustantivos del amparista. Aunado a lo anterior, en el propio precepto señalado se establece que el auto que admita la solicitud deberá hacerse por escrito y notificarse de manera inmediata al promovente que no podrá exceder de veinticuatro horas y para el caso que no sea así se entenderá admitida. En esas condiciones, como ya se indicó, hasta el momento de la presentación de la demanda no existía afectación a los derechos humanos del quejoso derivado de la omisión reclamada. Es aplicable, en lo conducente, el criterio que sustenta la Primera Sala, visible en página 53, Tomo Vll, Junio de 1998, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro digital: 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En razón de todo lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII y 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. DE LA PARTE QUEJOSA: El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México; por tanto, notifíquesele personalmente esta determinación, así como las subsecuentes, en el lugar donde se encuentra recluido. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Instrúyase al actuario que corresponda, para que en el momento de la diligencia, de existir oposición a recibir el oficio que derive del presente asunto ante el error o imprecisión no sustancial en la denominación de la autoridad responsable o en la cita de su nombre que no permita individualizarla o distinguirla, proceda conforme a sus facultades establecidas en el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, a fin de lograr la notificación encomendada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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