Raymundo Aguilar Rendón
Expediente 736/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raymundo Aguilar Rendón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de diez de noviembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con seis minutos del diez de noviembre diez de noviembre de dos mil dieciséis, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 736/2016, al estar en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Sonia Jumilla Zamudio secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el secretario hace relación de constancias y da cuenta con el estado procesal de autos. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, así como la admisión y desahogo de las pruebas que obran en autos, lo cual será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. Se abre el periodo de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales anunciadas por la autoridad responsable, las cuales constan agregadas en autos, dada su propia y especial naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Periodo de alegatos: Se abre el periodo de alegatos; el secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento. A lo que el Juez, acuerda: vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social exhibió pedimento, se cierra dicho período. Al no haber diligencia pendiente por desahogar se concluye la presente audiencia de ley, y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 736/2016, promovido por Raymundo Aguilar Rendón, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda y contenido. Por oficio presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito en el Estado, se adjuntó el acuerdo de catorce del mencionado mes y año, por el cual se ordenó la separación de autos en relación a la demanda de amparo promovida por Raymundo Aguilar Rendón, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 14 y 16 Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Sur, con sede en esta ciudad. Unidad del Ministerio Público de lo Penal, Especializada en Atención a Mujeres y Menores Víctimas del Delito, con sede en esta ciudad. Unidad del Ministerio Público de lo Penal, Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y contra la Familia, con sede en esta ciudad. Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Región Sur, con sede en esta ciudad. Subprocurador Regional de Justicia, Zona Sur, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Federal, encargado de la Mesa Primera Investigadora Tradicional, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Federal, encargado de la Mesa Segunda Investigadora Tradicional, con sede en esta ciudad. Fiscal en Jefe de la Mesa de Litigación e Investigación, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Estatal Preventiva, con sede en Culiacán, Sinaloa. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa. Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO La Orden de Aprehensión y su ejecución. II. Admisión y trámite. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 49 a 51), este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó comunicar a las partes la radicación del juicio, no se solicitó informes justificados en virtud de que las autoridades los habían rendidos, se ordenó dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal; Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal; Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Sur; Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal, Especializada en Atención a Mujeres y Menores Víctimas del Delito; Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal, Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y contra la Familia; Encargada de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Zona Sur; Subprocurador Regional de Justicia, Zona Sur; Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Mesa Primera Investigadora Tradicional; Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Mesa Segunda Investigadora Tradicional y Fiscal en Jefe de la Mesa de Investigación y Litigación, todos con sede en esta ciudad; Comandante de la Policía Estatal Preventiva y Director de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en Culiacán, Sinaloa, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Raymundo Aguilar Rendón. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir su informe justificado negaron la existencia de ese acto que se le atribuye (fojas 35, 42, 36, 37, 38, 18, 19, 40, 41, 39, 45 y 44) y al constituir dicho informe documental pública, se le concede valor probatorio pleno, al ser emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba idónea que desvirtuara el contenido de dicha documental; en consecuencia, es patente la negativa del acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados por el quejoso Raymundo Aguilar Rendón, a las autoridades señaladas. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, puesto que así se desprende de los informes justificados; situación que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias de la causa penal 107/2015, que remitió la autoridad responsable mencionada en primer término como apoyo a su informe de ley (fojas 20 y 43). Constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Por su parte, la autoridad responsable Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado para tal efecto, lo que se advierte del acuse de recibo (foja 47). Por tanto, se presumen ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo aplicable. QUINTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, toda vez que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, ya sea que lo aleguen las partes, o bien que de oficio se advierta su existencia, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, quien esto resuelve estima se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, el cual preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El primer párrafo de la fracción en comento, establece la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, la cual consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y por ello se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico del quejoso. Por otra parte, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia establecida en este precepto, e impone a la autoridad judicial que conozca del proceso penal, el deber de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esta disposición se refiere a la materia penal, en la cual, la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de estatus legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada; en estas condiciones surge la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso reclamó la orden de aprehensión librada en su contra; y el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado anexó copia certificada de la causa penal 107/2015, de las cuales se advierte que mediante resolución pronunciada el veinticuatro de septiembre del año en curso, se decretó auto de formal prisión en contra del peticionario de amparo Raymundo Aguilar Rendón, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de violencia familiar, cometido en contra del orden de la familia representado Georgina Guadalupe Domínguez Prado. Por tanto, es evidente que ha operado un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, dentro del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poderse decidir en el presente juicio de amparo, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, actualizándole de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamado; en la medida que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. A lo anterior, aplica la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial del Estado y Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, ambos con sede en esta ciudad; toda vez que no fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, página 339, del texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." SEXTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación.Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raymundo Aguilar Rendón, respecto de los actos de autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguense sin mayor pronunciamiento el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, con sede en Culiacán, Sinaloa, toda vez que ya obra en autos.Cúmplase.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense sin mayor pronunciamiento el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, toda vez que ya obra en autos. Cúmplase.
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