Raymundo Abraham Ocampo Rojas

Expediente 666/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
666/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Raymundo Abraham Ocampo Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 666/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juzgado Primero de Distrito remitió diversas copias certificadas, debiendo formarse el anexo I y éste no es de relevancia documental; en esas condiciones, glósese a los autos del presente juicio para su debida destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito de MARISOL PAGANONI CASTAÑON autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el escrito inicial de demanda; en atención a su contenido, y como lo solicita la promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase devolución de las documentales que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal, una vez que las labores del juzgado lo permitan; autorizando para recibirlos a las personas que señala en el escrito de cuenta. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la determinación de quince de mayo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del amparo indirecto 316/2019 y su acumulado 317/2019, remite el citado cuaderno de amparo que contiene el original de la demanda de amparo promovida por RAYMUNDO ABRAHAM OCAMPO ROJAS, ello, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto en cuestión, por los motivos expuestos en citado acuerdo. RADICACIÓN DE DEMANDA. En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, asimismo, infórmese al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, que este Juzgado de Distrito asume el conocimiento de la demanda de amparo promovida por RAYMUNDO ABRAHAM OCAMPO ROJAS, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO Y EXTORSIÓN, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el expediente número 666/2019-III. Consecuentemente, se homologan las actuaciones realizadas en el citado juicio de amparo; asimismo, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 316/2019 y su acumulado 317/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de amparo 666/2019-III. De igual forma, comuníquese el presente auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la demanda de amparo registrada bajo el número 002948/2019. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea necesario proveer sobre la apertura del incidente de suspensión, en razón de que el juzgado oficiante se pronunció al respecto; por tanto, se solicita al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo 316/2019 y su acumulado 317/2019, para el efecto de añadirles la carátula correspondiente con el número de amparo 666/2019-III del índice de este Juzgado Federal. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable su informe justificado, en virtud de que por auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, emitido en autos del juicio de amparo 316/2019 y su acumulado 317/2019, se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales procedentes a los que haya lugar. Tomando en consideración el anexo I, formado por el Juzgado declinante hágase del conocimiento a las partes, que éste queda a su disposición para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de acuerdo al artículo 63 de la actual Ley de Amparo, fracción V, si durante el juicio se advierte o sobreviene alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, se deberá sobreseer el juicio, en ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal prevista en su fracción XII, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Para explicar lo anterior, debe señalarse que el quejoso en el escrito inicial de demanda refirió atribuir a la autoridad responsable "EL ILEGAL ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD Y DE MIS BIENES, SIN QUE EL SUSCRITO SEA PARTE DEL JUICIO NATURAL DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CT-UEPD/5749/2019, SEGUIDO ANTE LA RESPONSABLE, ASEGURAMIENTO EFECTUADO EN MI DOMICILIO SITO EN CALLE 10 DE MAYO NUMERO 14 y 16, BARRIO LA ASUNCION EN EL POBLADO DE HUAZULCO, TEMOAC, MORELOS C.P. 62870" (Sic) Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Décima Época, de número de registro 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo los quejosos se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, sobre un bien que aduce es de su propiedad, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo), puesto que para ello es necesario que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que en el caso en concreto no acontece. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al impetrante contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en específico, el quejoso señaló como acto reclamado el aseguramiento de los bienes inmuebles ubicados en Calle 10 de Mayo Numero 14 y 16, Barrio la Asunción en el poblado de Huazulco, Temoac, Morelos C.P. 62870, sin embargo, no acredita la afectación a su esfera jurídica por lo que en seguida se expondrá. Como ya se mencionó, el impetrante refiere que la orden de aseguramiento combatida resulta violatoria de sus derechos humanos, al asegurar que los bienes inmueble ubicados en Calle 10 de Mayo Numero 14 y 16, Barrio la Asunción en el poblado de Huazulco, Temoac, Morelos C.P. 62870, son de su propiedad con motivo del contrato privado de sesión de derechos posesorios de futura propiedad a título honeroso celebrado entre Abraham Ocampo Castillo, como cedente y por otra parte; Raymundo Abraham Ocampo Rojas, en su carácter de cesionario, documento original que anexó a su escrito inicial de demanda. En ese sentido, debe decirse que al margen de la eficacia jurídica del documento descrito, el mismo adolece de requisitos para ser oponibles ante terceros; ya que no constituirá materia del análisis atento al sentido de este asunto, pues la probanza exhibida por el quejoso carece del alcance pretendido para justificar que el inmueble materia de la litis, que aduce es de su propiedad sea el mismo que se aseguró en la carpeta ministerial de origen o siquiera que éste se encuentre enclavado en el mismo. Lo anterior es así, pues de la simple confrontación de las superficies medidas y colindancias defendidas por el quejoso, se advierte que no existe coincidencia ni correspondencia con las que obran en la carpeta de donde deriva el acto reclamado, con las plasmadas en el contrato de compraventa que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; ya que en éste se advierten como datos de identificación del inmueble los siguientes: Inmueble ubicado en calle 10 de Mayo, número 14, Barrio La Asunción poblado de Huazulco, Temoac, Morelos, C.P. 62870. Mismo que cuanta con una superficie proximada de Diez Mil metros cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte; en 500 metros con servidumbre de paso Al Sur; en 500 metros con Adela Ocampo Castillo Al Este; en 200 metros con Abraham Ocampo Al Oeste en 200 metros con pedro Gómez Inmueble ubicado en calle 10 de Mayo, número 16, Barrio La Asunción poblado de Huazulco, Temoac, Morelos, C.P. 62870. Mismo que cuanta con una superficie proximada de Diez Mil metros cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte; en 250 metros con Adela Ocampo Castillo. Al Sur; en 250 metros con Servidumbre de paso. Al Este; en 200 metros con Abraham Ocampo. Al Oeste en 200 metros con Juan Hernández. Luego, es menester acotar que tratándose de predios, es imprescindible que se demuestre en forma indubitable la identidad del que ampara el título base de la acción de amparo, con el que es objeto de afectación en el procedimiento natural, ya que de lo contrario, como acontece en el caso, cuando el descrito en el documento en el que se funda el juicio de garantías no es coincidente en superficie, medidas y colindancias con aquél, no puede tener el alcance de evidenciar que está inmerso o incluido en el que es objeto de los actos de autoridad que se exige sean objeto de análisis constitucional; lo anterior, tomando en consideración que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, únicamente se advierte el aseguramiento de un inmueble ubicado entre calles José María Morelos y Calle 30 de septiembre, en el Poblado de Huazulco, del Municipio de Temoac, Morelos, no así de los referidos por el quejoso y, para demostrar lo contrario, sería necesario el auxilio de una prueba que arroje datos concretos sobre la cuestión en que se requieran conocimientos científicos o especializados, preferentemente una de tipo técnico; pues si bien es verdad que ésta no es la única prueba con la que se puede acreditar la identidad de un inmueble, es la idónea para tales efectos. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1606, del Tomo, XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del sumario siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado.". Ello es así, toda vez que los peritos son personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, para suministrar al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, la función de los peritos, como auxiliares en la administración de justicia, tiene un doble aspecto: 1) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez por no formar parte del programa de estudios de quienes estudian la licenciatura de Derecho y del común de la gente; y, 2) Proporcionar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente, razones por las cuales la prueba pericial es la idónea para demostrar la identidad entre el bien defendido por el quejoso y aquél que es materia del juicio natural. Sin embargo, el promovente de amparo no ofreció medio de convicción alguno con el propósito de acreditar la identidad de los inmuebles antes referidos y, en caso de hacerlo éste sería extemporáneo, pues no lo haría con la anticipación de cinco días previos de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el proveído de catorce de marzo de la anualidad en curso (sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia) fijada para las diez horas con doce minutos del once de abril de dos mil diecinueve, ya que el último día para haberlo realizado fue el tres de abril pasado, sin contar los inhábiles que mediaron entre esas fechas, toda vez que tal como se desprende de autos, los hechos o situaciones que se pretenden probar o desvirtuar, fueron conocidos por la parte quejosa desde la presentación de la demanda de amparo, como se destaca de la narrativa de antecedentes hecha bajo protesta de decir verdad. En efecto, cuando la parte oferente tiene conocimiento del hecho o situación cuya certeza pretende probar o desvirtuar, con tiempo anterior al previsto en el artículo 119 de la ley de la materia, teniendo como referencia la audiencia inicial, ya no podrá, válidamente, en periodo posterior ofrecer las pruebas de mérito, en virtud de que ha precluido ese derecho procesal, salvo que esos hechos no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, lo que en el caso no acontece. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 107/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil veintinueve, tomo II, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA.". Por tanto, al no acreditarse la identidad del inmueble controvertido, con el que el quejoso defiende en esta instancia constitucional, resulta palmario que no se demostró la afectación a su interés jurídico. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 851, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 580 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado o la ley que se reclama; es presupuesto, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, Surge en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable.". De lo anterior se obtiene que no se cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado a que no se desprende de la mencionada documental que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos del hoy quejoso, por ello, aunque el quejoso alegue ser propietario del inmueble, materia del documento que anexa, al margen de cualquier consideración que pudiera hacerse en torno a la veracidad o no para efectos de terceros pues solo se atendió a su alcance en este juicio; ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo a impugnar el acto aquí recurrido, de ahí que se concluye que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la Ley de la materia, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Apoya la anterior, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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