Raymundi Baltazar Martínez López

Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
848/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Raymundi Baltazar Martínez López y Otros.
  • Raymundi Baltazar Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de once de octubre dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en sentencia de once de octubre del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye a la Secretaria judicial encargada del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL JUICIO DE AMPARO 848/2021-VIII-A 1 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DOCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, estando en audiencia pública la licenciada Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa con la Secretaria Claudia Citlali Fuentes Flores, quien autoriza y da fe, se procede a celebrar la audiencia correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 848/2021. La Secretaria en funciones de Juez, quien actúa asistida de la Secretaria que da fe, declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Secretaria del Juzgado hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. En este momento, la Secretaria da cuenta a la Secretaria en funciones de Juez con las constancias que obran en autos, como son: Demanda de amparo promovida por *****; auto admisorio de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, informe justificado de la autoridad señalada como responsable, del cual, CERTIFICA: Que la Juez Primero Civil, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, la Secretaria HACE CONSTAR: 1) Que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para emitir resolución; y, 2) Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. La Secretaria en funciones de Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación anterior de constancias, para los efectos legales procedentes. Enseguida, se abre el período probatorio, en el cual la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juez Primero Civil, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en copias certificadas deducidas del juicio ordinario civil ***, de su índice, las cuales ofreció en apoyo a su informe justificado. Cerrado el período probatorio y abierto el de alegatos: La Secretaria hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos. La secretaria en funciones de Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para realizarlos. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Secretaria en funciones de Juez da por concluida la audiencia constitucional, de la cual se levanta la presenta acta, que se firma por los que en ella intervinieron y se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 848/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la autoridad que enseguida se especifican: ".NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO (.). ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable, la omisión que incurre, que se traduce en que a la fecha no emplaza a los demandados *** por conducto de quien resulte ser su representante legal y al Notario Público 71 en el Estado Lic. ***** en el Juicio Ordinario Civil **** que sigo en su contra, a pesar de haber transcurrido en exceso el tiempo que tiene para hacerlo conforme lo ordena el artículo 106 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, retardando con ello injustificadamente el trámite del juicio en mi perjuicio." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados, esencialmente los previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA, TRÁMITE Y CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Este Juzgado de Distrito, al cual por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió informes justificados a la autoridad señalada como responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse de actos atribuidos a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultado para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" Atento a lo anterior, del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente:  La omisión de emplazar a la demandada ****, por conducto de su representante legal, así como al ****, dentro del juicio ordinario civil ****, de índice del Juzgado Primero Civil, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que a la parte quejosa le reviste el carácter de actor. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juzgado Primero Civil, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; motivo por el cual, se tiene por cierta la omisión reclamada. Sirve de apoyo al respecto, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 749, aparece publicada en la página 830, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia Común, Quinta Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Lo que además, se corrobora con las constancias relativas al juicio ordinario civil 387/2019, que remitió la citada autoridad, como complemento a su informe con justificación; constancias a las cuales, se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 93, fracción II, 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, este último en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. .. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Es así, pues la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes trascrito, impone a la parte quejosa la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia del principio de definitividad se destaca, porque el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes trascrito. Por su parte, de la fracción XXIII del citado ordenamiento, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, como quedó establecido, la parte quejosa reclama del Juzgado Primero Civil del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, reclama: La omisión de emplazar a la demandada ****, por conducto de su representante legal, así como al ****, dentro del juicio ordinario civil ****, de índice del Juzgado Primero Civil, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que le reviste el carácter de parte actora. En ese sentido, se estima que dichas omisiones, se tratan de violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, en atención a que no dejan a la parte quejosa sin defensa, ni pueden verse de forma autónoma, ya que se trata de violaciones de carácter adjetivo conforme a las cuales tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta, expedita y completa. Habida cuenta que, en el caso particular, el actuario judicial del expediente de origen -sin prejuzgar sobre su legalidad- hizo constar las razones por las cuales no ha sido posible emplazar a los demandados, en la especie, dado que los domicilios proporcionados por la parte actora (ahora quejosa), resultaron incorrectos; por lo que por auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la citada parte procesal para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las razones actuariales mencionadas, quedando notificada el treinta de agosto siguiente. En ese contexto, el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia, pues así lo disponen los artículos 697, 698, 699 y 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia." "Artículo 698.- Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones." "Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." "Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia." Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca1, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aplicable conforme a lo establecido en el artículo tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, vigente2, establece que las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. De ahí se advierte que a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, le corresponde instruir al titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, para que dé cumplimiento a su deber constitucional y legal de impartir justicia pronta, expedita y completa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados, que se traducen en la denegación de acceso a la impartición de justicia en dilatar la prosecución del juicio ordinario civil derivado del expediente ****, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, es improcedente, puesto que no son de naturaleza irreparable, aunado a que la parte quejosa del amparo puede interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues resulta idóneo para obligar a la juez 1Artículo 16. El Tribunal Superior de Justicia, funcionará con las Salas que sean necesarias para la pronta y expedita administración de justicia. Las Salas podrán ser Especializadas en razón de la materia, y se enumeraran progresivamente según lo acuerde el Pleno. Cada una de las Salas se integrará con un número impar de Magistrados, quienes en la primera sesión del mes de enero de cada año, elegirán a quien las presida. El Presidente de Sala durará en su cargo un año y podrá ser reelecto. - - - Las ausencias del Magistrado Presidente de Sala serán cubiertas por el Magistrado Decano de cada Sala. - - - Las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. 2 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA. (.) Ley publicada en la Cuarta Sección del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado 28 de abril de 2012. (.) T R A N S I T O R I O S: - - - Artículo Primero. - - - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. - - - Artículo Segundo. - - - Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Artículo Tercero. - - - Los procesos y procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones con las que fueron iniciados. como rector del proceso para que tome las medidas que en derecho procedan. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 350, del libro 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así, una vez analizado lo relativo a los actos de imposible reparación la Primera Sala definió que la irreparabilidad del acto no es en sí misma una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, cuando este último es apto para revocar o modificar la resolución. Sustenta lo anterior por las razones que la informa, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cincuenta, del Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y textos, siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En relatadas consideraciones, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de combatir la omisión reclamada, a través del recurso de queja en mención, que prevé el artículo 697, con relación a los diversos 698, 699 y 701, del Código Procesal invocado, pues a través de ese medio ordinario de impugnación, como ya se expuso, se puede instruir al rector del proceso a respetar los términos y plazos procesales a fin de evitar la denegación de justicia en el caso en particular. Máxime, que la parte quejosa, acude ante dicha instancia en su calidad de actora, esto es, que no es tercero extraño al juicio o procedimiento del que emana la omisión reclamada; razones por las cuales estaba en aptitud de hacer valer los recursos ordinarios previstos en la ley para ejercer su defensa. Aunado a lo anterior, tampoco se ubica en los supuestos de excepción delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco, respecto de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, tampoco se está en presencia de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del de la parte quejosa, ni se trata de un auto de vinculación a proceso, bien, que el recurso de queja que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, requiera de interpretación adicional, pues como se analizó, los artículos 697, 698, 699 y 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, son claros en establecer que procede dicho medio de defensa (queja), contra denegación de justicia. Ahora, si bien el recurso de mérito no prevé la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia no impide tener por actualizada la causa de improcedencia que se analiza prevista en la fracción 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual prevé excepciones de aplicación estricta y diversas a las contenidas en la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del mismo numeral, que también regula la definitividad, empero tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley, lo que en el caso como se vio, no se está en el supuesto al actualizarse la diversa causa de improcedencia ya mencionada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Así como la jurisprudencia VI.2o.C.J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA" En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, este último en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, lo cual impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos fundamentales. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 80, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo se; RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos precisados en el ÚLTIMO considerando de este fallo

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, y la certificación realizada por la Secretaria de la adscripción, se advierte que mediante proveído de tres de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juzgado Primero de lo Civil, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que se publicó por lista de acuerdos el seis siguiente. Por lo que, el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido aun transcurre. Atento a lo anterior, para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del referido informe justificado, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio correspondiente a la Titular el Juzgado Primero de lo Civil, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la responsable, consistente en copia certificada de las actuaciones relativas al juicio ordinario civil *** de su índice, sin perjuicio de dar cuenta con la misma al momento de celebrar la audiencia constitucional. Sin que en el presente asunto, se considere que a persona alguna física o moral le surta el carácter de tercero interesado, al no actualizarse alguna hipótesis de las establecidas en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo. Esto se considera así, en razón a que el acto reclamado consiste en la de emplazar a la parte demandada en el juicio ordinario civil *** del índice de la autoridad responsable. Al respecto, debe decirse que el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, tiene como objetivo dar participación en el juicio de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con el dictado de la resolución constitucional. Ahora bien, al tratarse lo reclamado de una omisión, se estima que el cúmulo de partes se encuentran interesadas en que se resuelva la litis; justamente este es el tópico que a consideración de este órgano jurisdiccional, no causa agravio a persona alguna, pues como se dijo, existe un interés común en que se resuelva el citado juicio. Ello, partiendo de la premisa de que la litis en el sumario constitucional, únicamente versará en verificar la existencia o no de la omisión atribuida al juzgado responsable, y en su caso, su constitucionalidad; más no en relación al sentido o afectación que produzca la sentencia que en su caso se emita. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano