Ray Kenny Arriaga García
Expediente 2562/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Ray Kenny Arriaga García
Actuaciones
- Incidental
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1361/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Titular de la Secretaría de Economía, Secretario de Gobernación y Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 14, 16, 63, 71, 72 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. ********************, el quince de junio de dos mil veintitrés, vía electrónica, presentó demanda de amparo indirecto contra actos y autoridades precisados en la misma. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular dictó proveído en veintisiete de junio de dos mil veintitrés en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 1361/2023; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Publico Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Cámara de Diputados y de Senadores ambas del Congreso de la Unión: La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo del dos mil veintitrés. En tanto que, a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal: La ejecución de la normativa aludida. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se le reclama. Por su parte, las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría de Gobernación, fueron omisas en rendir sus informes justificados pese a encontrarse debidamente notificadas para tal efecto; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo y considerando las facultades de éstas, se presumen ciertos los actos que se les atribuyen. Máxime que la existencia de los ordenamientos cuya inconstitucionalidad se reclama, se acredita plenamente al haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y, por consiguiente, no son objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 65, Primera Parte, página 15, con registro electrónico 233090, que a la letra dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.". De igual manera, da sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, con registro electrónico 191452, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Por su parte, si bien la autoridad responsable Secretario de Economía negó la existencia del acto que se le atribuye, ésta se encuentra desvirtuada pues al reclamarse la norma como autoaplicativa resulta que tuvo ejecución. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de los actos reclamados se procede analizar las causas de improcedencia del presente juicio, ya sea que las hagan valer las partes, o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." La Cámara de Senadores ambas del Congreso de la Unión alegan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por una parte, porque la quejosa no acreditó la afectación de las normativas referidas en su esfera jurídica en su carácter de autoaplicativa, esto es, con motivo de su entrada en vigor, por lo que carece de interés jurídico para combatirlas, dado que las mismas son de índole heteroaplicativa y, por ende, necesita de un acto material de aplicación para que pudiese controvertirla, el cual no demostró. Y, por otra, ya que no justificó con documento idóneo el interés jurídico que ostenta, ni acredita contar con interés legítimo. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia que se invocó es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).": De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.).". De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. La jurisprudencia reproducida sustenta los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: - No requerir de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; - En virtud de su sola expedición causa perjuicio a la persona física o moral que sean sujetas de su contenido, quedando obligadas éstas a obedecerlas desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y - Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que, las leyes heteroaplicativas: 1) Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. 2) Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia inmediata anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. Nacen con ella misma. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: - Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. - No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Sentado lo anterior, se debe poner de relieve que la parte quejosa se dedica a la minería, lo que acreditó con reproducciones en formato digital de los documentos siguientes: Título de concesión minera de explotación número 234830, nombre del lote "La Gallina", ubicado en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Estado de Jalisco. Título de concesión minera de explotación número 209099, nombre del lote "Los Juanes", ubicado en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Estado de Jalisco. Documentales, que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, son copias certificadas de sus originales, las cuales, al digitalizarse, se conservaron en forma íntegra e inalterada del documento impreso; consecuentemente, se les otorga valor probatorio pleno en términos del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. Así, los medios de prueba descritos son eficaces para demostrar que la parte quejosa cuenta con títulos de concesión minera expedidos por la Secretaría de Economía, con lo que se pone de manifiesto la calidad de concesionaria que tiene. En ese orden de ideas, es evidente que la impetrante es sujeta del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo del dos mil veintitrés, desde la fecha en que entró en vigor, lo cual ya aconteció. Ello, en virtud de que la quejosa se encuentra obligada a atender su contenido dado que cuenta con títulos de concesión minera; en consecuencia, contrario a lo aseverado por la responsable, es factible arribar a la convicción de que la normativa controvertida es de naturaleza autoaplicativa. En esa tesitura, es claro que la impetrante se ubica en los supuestos de la norma reclamada, como lo demostró con los títulos de concesión minera, es decir, se acredita la afectación que las normas ocasiona en su esfera de derechos, pues el decreto reclamado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de concesiones para minería y agua; además, entre otras cuestiones, se delimitan derechos e imponen obligaciones a las personas titulares, en ese sentido, cuenta con interés jurídico para combatir las normas impugnadas. Bajo ese contexto, distinto a lo señalado por las autoridades responsables, se concluye que a la parte quejosa sí le asiste interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, por una parte, porque acreditó con documentos suficientes ser titular de las prerrogativas que defiende y, por otra, ya que la norma que combate la impugnó con motivo de su entrada en vigor, de ahí lo infundado de lo hecho valer. Al no haber causas de improcedencia pendientes de estudio propuestas por las autoridades responsables, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo conducente es estudiar los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. En primer orden, previo al examen de las normas específicas reclamadas, es necesario ocuparse del argumento formulado en torno a la violación al procedimiento legislativo, pues la parte quejosa argumenta que la Cámara de Diputados omitió motivar la dispensa del trámite ordinario del decreto sometido a discusión. En efecto, el artículo 72, primer párrafo, de la Constitución Federal confiere a las Cámaras del Congreso de la Unión un amplio margen de libertad configurativa en relación con la forma de discutir los proyectos de ley o decreto que deban ser aprobados por ambas. Es innegable que, a diferencia de la regulación constitucional del procedimiento legislativo vigente hasta agosto de dos mil once, por ejemplo, que ordenaba que las iniciativas del Presidente de la República y de las legislaturas de los Estados pasaran inmediatamente a comisiones para que se elaborara un dictamen, hoy día se otorga un rol preponderante a los reglamentos respectivos de cada Cámara para efectos del trámite específico de las iniciativas que se presenten ante ellas. Ahora bien, en términos del artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley podrá ser sometida a discusión y votación del pleno de este órgano legislativo sin que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando se tramite como de urgente u obvia resolución. El llamado "trámite urgente" -en oposición al "trámite ordinario"- es quizás el más frecuente en la práctica de los tres supuestos específicos en que la normativa interna de la Cámara de Diputados permite al pleno discutir y votar una iniciativa de ley aún no dictaminada por alguna comisión. Sin embargo, que los diputados y senadores del Congreso de la Unión puedan válidamente hacer suyas las iniciativas del Ejecutivo Federal y solicitar al pleno de su respectiva Cámara que se tramiten como de urgente resolución para discutirlas de inmediato no significa que las dispensas del trámite legislativo ordinario estén libres de requisitos ni, por consiguiente, que procedan automáticamente ante cualquier solicitud en ese sentido. En tanto que el principio de deliberación democrática es el pilar de todo proceso legislativo desarrollado en el marco de la Constitución Federal, y siempre existirá el riesgo de que las dispensas sean utilizadas por las mayorías parlamentarias para impedir la participación de los grupos minoritarios en las discusiones y aprobación de las leyes, es criterio reiterado de la Suprema Corte que las razones que llevan a calificar un asunto como de urgente resolución para efectos de dispensar el trámite legislativo ordinario siempre deben motivarse. En efecto, la jurisprudencia constitucional es consistente en el sentido de que toda dispensa de trámite por urgencia conlleva una obligación ineludible para el legislador de ofrecer razones que justifiquen esa medida extraordinaria. Concretamente, debe existir un mínimo de motivación del que se desprenda (i) la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; (ii) una relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad, y (iii) que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos. Así es, la línea jurisprudencial de la Suprema Corte frente al principio de deliberación democrática claramente lo coloca como un elemento esencial en la elaboración de cualquier ley que se expida en el país y ha determinado que la unanimidad del órgano parlamentario en la aprobación de la dispensa de trámite por urgencia no convalida la ausencia de razones en la solicitud. En ese orden de ideas, en el caso en particular, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de veinte de abril de dos mil veintitrés, el diputado Manuel Rodríguez González, en nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Inmediatamente después de la presentación, la diputada presidenta Karla Yuritzi Almazán Burgos, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaría consultara en votación económica, si la iniciativa se consideraba de urgente resolución, si se le dispensaban todos los trámites y si se sometía a discusión y votación de inmediato. Por su parte, la diputada secretaria Brenda Espinoza López se limitó a someter inmediatamente la solicitud de la diputada Almazán Burgos a votación económica del pleno de la cámara en los siguientes términos: "Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si la iniciativa se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta". La dispensa del trámite legislativo ordinario fue entonces aprobada por mayoría de votos y comenzó la discusión en lo general. Como se observa, en la tramitación de la solicitud de dispensa referida hay una completa omisión por parte de la Cámara de Diputados de cumplir con la obligación constitucional de motivar la condición de urgencia. Se considera así, dado que la expresión de la legisladora acredita la violación al procedimiento legislativo, pues lo asentado en la versión estenográfica demuestra la ausencia absoluta de razones para justificar el trámite urgente solicitado, cuando se entiende que es una medida excepcional o extraordinaria, bajo la premisa de que por urgente debe considerarse aquello que se caracteriza por la necesidad apremiante de algo. Es decir, no aportó razón alguna para justificar que debía ser considerada como "de urgente resolución" y simplemente lo sometió a votación económica del pleno. Esta ausencia absoluta de motivación implica que en ningún momento se demostró la existencia de algún hecho que justificara exceptuar el trámite ordinario para acelerar la discusión y aprobación de ese documento. En efecto, la ausencia completa de motivación en la solicitud de la dispensa constituye una violación grave en el procedimiento legislativo porque se comprometió el principio democrático que debe marcar la labor del Congreso de la Unión, pues requería necesariamente que se expusieran, las razones que llevaban a solicitar la dispensa del trámite por condición de urgencia, sin que esta omisión sea convalidable por el voto mayoritario del pleno de la Cámara. En ese contexto, queda plenamente acreditado que la Cámara de Diputados incurrió en una violación al principio de deliberación democrática previsto en el artículo 72 de la Constitución Federal por someter a votación la dispensa del trámite legislativo ordinario por urgencia cuando se había omitido por completo motivarla. En segundo orden, la parte quejosa argumenta que se omitió publicar con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión para que los legisladores tuvieran el conocimiento mínimo de su contenido. Uno de los presupuestos básicos del principio de deliberación democrática es que todos los integrantes de un órgano legislativo efectivamente conozcan lo que se va a discutir en una sesión, pues de ello depende que los legisladores puedan ejercer debidamente el derecho a expresar su opinión en el debate y a votar conscientemente las propuestas sometidas a discusión. Cabe destacar que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concibe al desconocimiento de una iniciativa sometida a discusión y votación como un vicio grave de procedimiento, cuando se haya omitido publicar una iniciativa oportunamente en la gaceta correspondiente, porque no se distribuyó entre los miembros del órgano legislativo, o bien, porque el asunto nunca se incluyó en el orden del día. Y como ese es precisamente uno de los planteamientos contra el procedimiento legislativo del decreto impugnado, corresponde aquí verificar si la iniciativa sometida a discusión por la Cámara de Diputados en la sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria -o, en su defecto, distribuida entre todos sus integrantes- con la anticipación requerida por la normativa interna del órgano legislativo. Este juzgado considera que la Cámara de Diputados omitió injustificadamente publicar y distribuir con la anticipación requerida por su propio reglamento la iniciativa sometida a discusión del pleno en la sesión del veinte de abril de dos mil veintitrés. De la sesión 27 del Segundo Periodo de Sesiones ordinarias del Segundo Año de Ejercicio, en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, jueves veinte de abril de dos mil veintitrés, se advierte que, una vez iniciada la discusión de la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado que la presentó hizo entrega física de la iniciativa a la presidenta, señalando que: "tiene tres pequeñas modificaciones de forma." Consecuentemente el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul) expresó: "Tenemos una iniciativa que estamos analizando en Gaceta, y por lo que entiendo que dice el orador, este es hoy un documento distinto, ¿es correcto? Para saber qué es lo que tenemos que estudiar, presidenta, muchas gracias." Al respecto, el diputado Manuel Rodríguez González, expresó: "No, no es distinta. Una de ellas es quitar tres puntos, que se habían ido, es de forma, por eso, pero son tres pequeños detallitos. Sí, cómo no, en el artículo 47 Bis, fracciones I y II, en el texto vienen tres puntos que se eliminan, o sea, puntos de punto y coma, punto, se eliminan. En la página 29 dice: consulta previo otorgamiento, se le agrega previo al otorgamiento. Y página 71, en vez de informe anual, es mensual, o sea, anual se sustituye por mensual, es todo, es de forma." A lo que la presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, asentó: "Muchas gracias. Adelante, diputado Espadas. No sin antes comentar que para certeza del pleno aquí están las modificaciones que mencionó el diputado Manuel Rodríguez y están también, se encuentran ya en Gaceta. Adelante. Son las que se van a publicar en Gaceta, disculpe. Adelante." (Énfasis y subrayado añadido) Por último, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul), manifestó: "Para agradecer la explicación, solicitar, efectivamente, como ya lo dice usted, se publique en Gaceta y dejar sentado que con un punto es un documento diferente. Muchas gracias." (Énfasis y subrayado añadidos). Corolario a lo expuesto, en concepto de quien resuelve, en el presente asunto se vulneraron los artículos 64, numeral 1, 65, numeral 4, y 97, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados porque la iniciativa recién referida no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria antes de las veintidós horas del día anterior a la sesión en la que se presentó, ni tampoco se advierte que, ante esta omisión, la iniciativa haya sido distribuida oportunamente entre los grupos parlamentarios y los diputados antes de ponerse a consideración del pleno de la cámara. Mientras que, la propia diputada presidenta, hizo constar en plena sesión que las modificaciones referidas se publicarían -tiempo futuro- en la gaceta, por lo que es obvio que no se cumplió con la regla general de publicación oportuna que obligaba a hacerlo por lo menos a las diez de la noche del día anterior, por tanto, no se cumplió con las normas reglamentarias que permiten discutir un asunto no publicado en la Gaceta Parlamentaria. Debe precisarse que, si se atendiera a la regla general o a su excepción, no se evidencia de cualquier manera que la iniciativa se hubiera publicado en la Gaceta Parlamentaria con la oportunidad suficiente, o bien, que, en su defecto, se hubiera distribuido su contenido con la suficiente antelación primero entre los grupos parlamentarios y después entre los integrantes del pleno. Por lo tanto, este incumplimiento de las normas reglamentarias de la Cámara de Diputados trasciende necesariamente a la oportunidad que tuvieron los integrantes del órgano legislativo para conocer la iniciativa sujeta a discusión en la sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, queda plenamente acreditado que la Cámara de Diputados incurrió en una violación al principio de deliberación democrática previsto en el artículo 72 de la Constitución Federal por no haber publicado con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión. En esas condiciones, ante las violaciones del procedimiento legislativo destacadas, lo que procede es conceder la protección constitucional contra el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Concesión que se hace extensiva al acto destacado en el inciso b, en virtud de que no se le atribuyen vicios propios. SÉPTIMO. Efectos del otorgamiento de la tutela federal. De conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se concede para el efecto de que: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo del dos mil veintitrés. Vista la conclusión alcanzada, es inconducente analizar los restantes conceptos de violación hechos valer, en virtud de que ello en nada variaría el resultado del presente fallo, pues los motivos de inconformidad abordados resultan preponderantes y suficientes para obsequiar lo demandado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Del análisis de las actuaciones que conforman el juicio, se aprecia que por acuerdo de catorce de noviembre del presente año, se ordenó girar el exhorto 247/2023 número de orden 84/2023, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda, emplace a la autoridad responsable, Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, en el domicilio señalado por la parte quejosa; entregándole copia de la demanda de amparo, auto admisorio (veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés) y del proveído de dieciséis de octubre en curso; sin que a la fecha se cuenta con la diligencia de mérito. A efecto de dar oportunidad a que obre en autos el emplazamiento de la autoridad responsable, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que no obran las constancias de emplazamiento a los terceros interesados ********************y ********************, ordenada en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones, se ordenan turnar los autos al actuario que corresponda, para que realice los emplazamientos de comento, en los domicilios ubicados en ******************** y ********************, y para su debida diligenciación, con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para su diligenciación. Para dar lugar a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para su verificativo se señalan nuevamente las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.
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