Raumel Pino Chamizo

Expediente 72/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
72/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Raumel Pino Chamizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    El órgano colegiado resuelve: PRIMERO: En la materia de la revision se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO: Se sobresee en el juicio de amparo. Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte se ordena el archivo del presente expediente. Finalmente se ordena la devolución de las constancias que se hacen referencia.

  2. Principal

    Se admitió a trámite ante la superioridad el recurso de revisión interpuesto.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión. Se ordena distribuir entre las partes restantes copia del escrito de expresión de agravios y, en su oportunidad, remitir este asunto, así como el original y copia dicho ocurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    "...V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 72/2019, promovido por *** *** ***, en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos (según sellos que obran a foja 3), *** *** ***solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamó de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y otras autoridades, en los siguientes términos: Autoridades responsables:  Fiscalía General Del Estado De Morelos.  Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Control con Detenido, Zona Oriente  Director de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana.  Director de la Policía de Investigación Criminal Oriente.  Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Cuautla, Morelos.  Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos.  Tomás Mateo Morales, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es EL ASEGURAMIENTO ORDENADO CON ORDEN DE CATEO AL DOMICILIO UBICADO EN CALLE DE VALLE DE MORELOS LOTE 6 MNZANA (sic) 18, FRACCIONAMINTO (sic) CITLALIN, MUNICIPIO DE AYALA, ESTDO (sic) DE MORELOS, decretada en el procedimiento penal JCC/033/2019 SEGUIDO EN CONTRA DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EMBARGADO ESTO ORDENADO EN EL JUICIO CIVIL RADICADO EN EL JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO CIVIL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1082/2018 DONDE LAS PARTES SON EL SUSCRITO RAUMEL PINO CHAMIZO EN CONTRA DE LA DEMANDADA BLANCA MARGARITA MEDINA DE ABRIL Y QUE EN AUXILIO DE ESTE EL JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA C. SECRETARIO ACTUARIO SE TRABO EMBARGO DEL INMUEBLE EN CITA, EN FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DEJANDOSE COMO DEPOSITARIOS A CINCO PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIÓN, SIENDO ESTOS LOS C. RICARDO CRUZ FRÍAS Y JOEL ANTONIO MUÑOZ ROSAS, JESÚS GUADALUPE AYALA GUTIERREZ, LUIS FERNANDO ESTRADA DIONICIO Y RADICADO ANTE LOS JUZGADOS PENALES SEÑALADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALANDO EN CUANTO A SU EMISIÓN A LOS CC. JUECES ANTES MENCIONADOS, SEÑALADOS COMO AUTORIDADES ORDENADORAS, y por lo que hace a su materialización, al FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, -MTRO. TOMÁS MATEO MORALES Juez de Primera Instancia de Control, Juicio y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en Materia Penal Y EL DIRECTOR LA POLICÍA MINISTERIAL DE CUAUTLA MORELOS, ya sea que actúe por sí mismo o a través de sus agentes o subordinados." SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiuno de enero de esta anualidad (fojas 40 y 41), se radicó la demanda ordenándose su registro en el Libro de Gobierno bajo el expediente 72/2019 y, previo análisis de los requisitos legales, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos reclamados y las autoridades a quienes les atribuye los mismos. TERCERO. ESCRITO ACLARATORIO. Atento a lo anterior, por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos el veinticuatro de enero del año en curso (fojas 43 a 45), el peticionario de amparo efectuó el desahogo condigno, señalando además como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos. CUARTO. ADMISIÓN A TRÁMITE. Por acuerdo veinticinco de enero del año que transcurre se admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen al presente asunto (fojas 46 a 48); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; y, por último, se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que se reclaman actos de autoridades que residen en esta Entidad Federativa, con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En principio, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis aislada P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" . Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el quejoso se duele de la orden de cateo y/o aseguramiento dictada sobre el bien inmueble ubicado en calle de Valle de Morelos, lote seis, manzana dieciocho, fraccionamiento Citlalin, municipio de Ayala, Morelos, decretada en la causa judicial JCC/033/2019 del registro del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Coordinador General Jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (foja 72), el Director de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana (foja 71), el Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos (foja 204) y los Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (fojas 201, 205 a 207, 210, 211, 221 a 223, 226, 229, 252 y 253), al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas no obstante que tal carga le corresponde. En dichas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio en relación con los actos atribuidos a las autoridades responsables citadas en el párrafo anterior, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por su idea jurídica, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del tomo XLIII, Primera Parte, de la Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por su parte, Tomás Mateo Morales, en su carácter de Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (foja 59), el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Control con Detenido Zona Oriente (foja 76) y el Director de la Policía de Investigación Criminal Oriente (foja 168), al rendir sus respectivos informes de ley, aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 46, 47 y 57); lo cual se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación CT-UEDCS/5732/25018 así como de la causa penal JCC/033/2019 del registro del Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que remitió el juez y la representación social responsable como soporte a sus respectivos informes; documentales que dada su naturaleza y carácter, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°; de ahí que deban tenerse como ciertos los actos que se les reclaman. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, por lo que respecta al interés jurídico a que se refieren los preceptos transcritos, que es el único tipo de interés que pudiera invocar la parte quejosa, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para acudir al amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. Sentado lo anterior, el quejoso se duele de la orden de cateo y/o aseguramiento dictada sobre el bien inmueble ubicado en calle de Valle de Morelos, lote seis, manzana dieciocho, fraccionamiento Citlalin, municipio de Ayala, Morelos, decretada en la causa judicial JCC/033/2019 del registro del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como su ejecución. Bajo ese contexto, el promovente del amparo refiere que con la ejecución de dicha orden de aseguramiento se ven afectados los derechos que dice tener sobre el bien ubicado en calle de Valle de Morelos, lote seis, manzana dieciocho, fraccionamiento Citlalin, municipio de Ayala, Morelos. Atento a lo anterior, a efecto de acreditar el interés jurídico el quejoso anexó como prueba copia autógrafa del acta de requerimiento de pago, embargo y en su caso emplazamiento efectuada por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, en auxilio de las labores del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (fojas 31 y 32), de la cual se desprende que dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 1082/2018, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, se trabó embargo a favor del peticionario de amparo respecto del inmueble ubicado en calle de Valle de Morelos, lote seis, manzana dieciocho, fraccionamiento Citlalin, municipio de Ayala, Morelos, documental que dada su naturaleza y carácter, hace prueba plena de su contenido, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°. No obstante lo anterior en el caso este juzgado federal estima que dicho interés jurídico no se encuentra acreditado en atención a las siguientes consideraciones: En primer lugar resulta dable destacar que la posesión protegida por la Constitución Federal, es la derivada de algún acto jurídico, dado que, la calidad de simple detentador material de un inmueble, no es constitutivo de un derecho de posesión que sea tutelable ante el órgano jurisdiccional, porque ello implicaría que además de otorgar derecho de audiencia al titular de los derechos tuviera que llamarse a juicio a los diversos ocupantes materiales del inmueble, que no son titulares del derecho personal de un derecho originario o derivado y propiciaría que se reconociera interés jurídico a quien no es la persona que cuenta con un derecho legítimo sobre los bienes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia ./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, consultable a página 5, con número de registro 187733 del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Bajo ese orden de ideas, a fin de establecer si el embargo trabado sobre el bien inmueble que en esta vía de control constitucional a favor del promovente, resulta suficiente para acreditar su interés jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo, se destaca que la doctrina sostiene que una medida cautelar es la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma . Dicho en otras palabras, las medidas cautelares constituyen un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes demuestra que su derecho es prima facie verosímil y que existe peligro de que la decisión jurisdiccional sea incumplida por existir el temor fundado de que los bienes propiedad del demandado puedan dilapidarse, desaparecer o transmitirse a un tercero. Ahora bien, de acuerdo a la legislación procesal civil federal y nuestro sistema de derecho, las medidas precautorias (o cautelares) son aquellas que emiten los órganos jurisdiccionales con el objeto de asegurar que las decisiones dictadas en el desarrollo de un proceso se hagan efectivas, siempre que dichas decisiones estén relacionadas con aspectos que constituyan materia del fondo del asunto. Entre las medidas precautorias o cautelares previstas en el Código de Comercio, legislación que resulta aplicable al juicio ejecutivo mercantil del que deriva la actuación judicial sobre el cual el promovente del amparo pretende sostener la existencia del interés jurídico con el que acude a la presente instancia constitucional, se encuentra el embargo. El embargo se define como una afectación decretada por una autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad privada, la cual tiene por objeto asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea o planteará en juicio, o bien satisfacer directamente una pretensión ejecutiva. Dicho en otras palabras, esa medida cautelar mantiene las cosas en el estado en que se encuentran, jurídica y/o materialmente, evitando que cambie la situación de hecho y/o derecho y ello impida la eficacia de las sentencias, dicho en otras palabras, impide el ocultamiento de bienes que puedan o deban servir para cubrir el monto de la condena que pudiera hacerse como resultado del juicio hasta la conclusión y liquidación del mismo. Ahora bien, resulta indispensable señalar que el efecto del embargo, consiste en que éste no implica quitar la propiedad del bien al afectado por la medida, pues la cosa embargada continúa siendo propiedad del ejecutado mientras no se proceda a su enajenación por orden judicial. Tampoco importa la constitución de un derecho real, ni engendra una hipoteca judicial, ni atribuye al acreedor algún poder sobre la cosa embargada; podemos afirmar que el embargo es una consecuencia de los derechos personales que tiene el acreedor frente a su deudor y por ello, el embargo sólo podría generar, en su caso, un derecho personal a favor del ejecutante. Es decir, el único efecto del embargo es poner la cosa a disposición del juez que ordenó el embargó, sin cuyo conocimiento no puede dársele otro destino o someterlo a una afectación diferente. Al respecto es aplicable la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVII, Quinta Época, consultable a página 728, con número de registro, 353946, de rubro y texto siguientes: "EMBARGOS, EFECTOS DE LOS. El embargo no otorga al ejecutante derechos reales sobre la cosa, porque no son esos los efectos del embargo, sino los de individualizar, mediante el señalamiento de bienes, la garantía que la totalidad del patrimonio de un deudor constituye, en lo general, para responder de las obligaciones personales de éste". Atento a lo anterior en el caso, no se desprende que Raumel Pino Chamizo, cuente con un derecho legítimamente tutelado por la ley sobre el bien ubicado en calle de Valle de Morelos, lote seis, manzana dieciocho, fraccionamiento Citlalin, municipio de Ayala, Morelos, lo cual solo se demuestra con un título respaldado por alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho, puesto que como se expuso en párrafos que anteceden, el embargo decretado por autoridad judicial competente no genera derechos reales sobre el bien materia de dicha medida cautelar, sino que en su caso constituye un medio para garantizar las resultas del juicio primigenio. Atento a lo anterior, se concluye que *** *** *** no cuenta con interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional. En tales condiciones, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por ende, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ante David Sánchez Pérez, secretario de este juzgado, hoy uno de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe..."

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