Raúl Zarraga García
Expediente 643/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/09/2017
Partes del expediente
- Raúl Zarraga García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
- V I S T A la certificación que antecede, de la que se advierte . . . se declara que el mismo QUEDA FIRME . . . se ordena su archivo definitivo . . .
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por . . . por medio del cual comunica que admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro y éste Juzgado Federal . . .
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por . . . por medio del cual acusa recibo . . . al efecto informa que no comparte el criterio tomado por este Juzgado Federal, por lo que remite el citado juicio de amparo al . . . a efecto de que decida sobre el conflicto competencial suscitado. . . .
- Principal
Téngase por recibida la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través de la cual se remite el expediente 640/2017-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, que contiene la demanda de amparo promovida por Raúl Zarraga García contra actos del JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y OTRAS AUTORIDADES, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 643/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vistas las constancias que integran el juicio de mérito, se advierte que mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, el JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda que nos ocupa, en virtud de que consideró que al haber sido señalado como autoridad responsable no era competente para conocer del presente asunto; en tal virtud, al respecto se provee lo siguiente: En ese tenor, esta Juzgadora no acepta la competencia planteada por el Juez declinante, en atención a las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a: ". ORDENADORAS: C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO Y JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. .EJECUTORAS: C. JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE QUERÉTARO Y COORDINADORA DE ACTUARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUERÉTARO" Señalando como actos reclamados del cual se agrega imagen digitalizada para mayor claridad. / En tal virtud, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo que a la letra reza: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo el Juzgado de Distrito que tenga competencia en el lugar en donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; entonces, si la presente demanda se promueve contra actos que tienen ejecución dentro de la jurisdicción del Juez declinante, es evidente que es él quien debe de conocer del presente asunto al habérsele turnado la demanda de amparo respectiva. Por otra parte, cabe señalar que no obstante el hecho de que éste haya sido señalado como autoridad responsable y que de la certificación del auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se advierte que dictó el auto reprochado, esto es, la mediad suspensional decretada en autos del incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo número 609/2017 promovido por Laura Cecilia García Moreno, por si en representación de sus menores hijos; pues el trámite que debe darse es de impedimento, que prevé la ley de Amparo para sustanciación de tales cuestiones, esto es, remitiendo el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, enviándole las constancias correspondientes, a fin de que califique dicho impedimento; ello atendiendo a lo dispuesto por el artículo 51, fracciones IV y VIII, y 54 fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, que dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; (...) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (...) III. Los tribunales colegiados de circuito: (.) c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito." De lo que se advierte que un Juez de Distrito debe excusarse de conocer el asunto cuando efectivamente tenga el carácter de autoridad responsable, por lo cual, se colige que no obstante el Juez remitente, cuente con el carácter de responsable al haber emitido el acto reclamado o participado en su ejecución, recayéndole el carácter de Juez y parte en el asunto, con lo que pueda verse afectada su imparcialidad e independencia en la impartición, no asegurando de forma eficaz la neutralidad en el proceso, el trámite que se debe de dar al presente es el de impedimento, no así el de incompetencia, pues la figura del impedimento implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable, que en el caso aplicaría por ser éste quien participó en la emisión o ejecución del acto reclamado, ya que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en las formas expuestas anteriormente. Tiene aplicación la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, con número de registro 226320, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, visible en la página 583, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO. CUANDO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE LES PRESENTA. El juez de control constitucional no puede conocer de un juicio de amparo, en el cual figure como acto reclamado una resolución emitida por el propio juzgador, de conformidad con el artículo 66, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que la existencia de esa circunstancia motiva que tenga que calificarse de legal el impedimento que proponga el juez de Distrito respectivo." Asimismo, por analogía la jurisprudencia I.6o.C. J/12 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, con número de registro 195519, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, visible en la página 1095, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO DIRECTO. EL FORMULADO POR UNO DE LOS MAGISTRADOS PARA CONOCER DE ÉSTE, EN VIRTUD DE HABER SIDO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL ACTO QUE SE RECLAMA, DEBE DECLARARSE FUNDADO. Si uno de los Magistrados que integran un Tribunal Colegiado de Circuito es señalado como autoridad responsable al haber sido él quien emitió el acto reclamado en el juicio de garantías, el impedimento que al efecto formule, debe ser calificado de fundado; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 146, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." Y, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 1.6o.C. J/44, en la página 1344, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que, aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada; no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia; el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancia, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Por tanto, atendiendo a lo establecido por los numerales 37 primer párrafo, y 48 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada, por los motivos antes expuestos, pues se considera que la misma subsiste en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, previa formación del cuadernillo de antecedentes respectivo, devuélvase el expediente 640/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a tal autoridad, para los efectos legales procedentes, solicitándose atentamente, el acuse de recibo respectivo. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.
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