Raul Yañez Hernandez
Expediente 1523/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1523/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Raul Yañez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Raúl Yáñez Hernández, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro respectivo. ...Notifíquese. .
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA, Y A EMPLAZARSE AL MISMO; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Raúl Yáñez Hernández, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1523/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: El acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete dictado en el juicio mercantil 657/2017 y su indebida notificación realizada el doce siguiente. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1571, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. También se invoca la jurisprudencia I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora bien, partiendo de las anteriores consideraciones, debe decirse que en el caso concreto, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, el quejoso Raúl Yáñez Hernández reclama el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 657/2017 el cual refiere fue indebidamente notificado el doce siguiente. De lo antes expuesto, se advierte que si bien el quejoso se duele del acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, cierto es que el mismo no es combatido por vicios propios, pues de lo que se duele en esencia es que el mismo no le fue debidamente notificado y derivado de ello no dio cumplimiento a la vista ordenada en el citado acuerdo, trayendo como consecuencia que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se tuviera por conforme a la parte actora con el peritaje de su contraria. De lo anterior, se advierte que lo que se duele en esencia el quejoso lo es la notificación practicada el doce de octubre de dos mil diecisiete. Expuesto lo anterior, se desprende que el hoy promovente del amparo al ser parte formal en el juicio de origen (demandado), tuvo la posibilidad de controvertir la citada actuación, de modo que resulta inconcuso que estuvo en condiciones y debió hacer uso de los medios ordinarios de defensa antes de acudir a la vía constitucional, con la finalidad de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, dicha diligencia es susceptible de revocarse o modificarse a través del incidente de nulidad a que se refieren los artículos 1349, 1350, 1351, 1357 y 1414 del Código de Comercio, en atención a que reclama la forma en que le fue notificado el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete; por lo que, dicho acto únicamente es susceptible de reclamarse por vicios formales propios y, por ende, de ahí que tales aspectos sólo podrían analizarse mediante el incidente de nulidad en cuestión. En efecto, en el juicio mercantil del que emana el acto reclamado, el quejoso Raúl Yáñez Hernández es parte, lo cual le da la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley contempla para combatir las determinaciones dictadas en dicho procedimiento, conforme al Código de Comercio, legislación aplicable en el caso concreto. Ciertamente, los artículos 1349, 1357, 1404 y 1414 del Código de Comercio, establecen: Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano." "Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente. Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas. Los artículos transcritos, prevén la posibilidad de promover el incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación del auto de once de octubre de dos mil diecisiete; medio de defensa a través del cual se puede obtener su nulidad. En tales condiciones, si contra la notificación del auto de once de octubre de dos mil diecisiete, no se agotó el incidente de nulidad previsto por los artículos 1349, 1357, 1404 y 1414 del Código de Comercio, se estima que ésta carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque al ser parte en el juicio de origen, Raúl Yáñez Hernández estuvo en aptitud de hacer valer dicho medio de defensa. Sirve como ilustración, el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, tesis I.8o.C.141 C, página 768, del siguiente tenor: NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL JUICIO MERCANTIL. SU TRÁMITE ESTÁ PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR A PARTIR DE LAS REFORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. Finalmente, en relación con el acto reclamado que hace consistir en la orden verbal del comisario adscrito al juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, de negarle el acceso al juicio ejecutivo mercantil 657/2017; al respecto, hágase de su conocimiento que dicha situación no le irroga violación alguna, toda vez que en su calidad de actor está en aptitud de solicitar cuantas veces sea necesario el acceso del expediente, así como de promover en el mismo lo que en derecho considere oportuno. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Evelyn Janeth Islas Bautista, Luis Ángel Rangel Aguilar, Alejandro Leal Vera y Gabriel Vargas Nájera por no tener registrada su cédula en el Modulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente. ". NOTIFÍQUESE
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Raúl Yáñez Hernández, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1523/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: El acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete dictado en el juicio mercantil 657/2017 y su indebida notificación realizada el doce siguiente. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1571, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. También se invoca la jurisprudencia I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora bien, partiendo de las anteriores consideraciones, debe decirse que en el caso concreto, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, el quejoso Raúl Yáñez Hernández reclama el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 657/2017 el cual refiere fue indebidamente notificado el doce siguiente. De lo antes expuesto, se advierte que si bien el quejoso se duele del acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, cierto es que el mismo no es combatido por vicios propios, pues de lo que se duele en esencia es que el mismo no le fue debidamente notificado y derivado de ello no dio cumplimiento a la vista ordenada en el citado acuerdo, trayendo como consecuencia que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se tuviera por conforme a la parte actora con el peritaje de su contraria. De lo anterior, se advierte que lo que se duele en esencia el quejoso lo es la notificación practicada el doce de octubre de dos mil diecisiete. Expuesto lo anterior, se desprende que el hoy promovente del amparo al ser parte formal en el juicio de origen (demandado), tuvo la posibilidad de controvertir la citada actuación, de modo que resulta inconcuso que estuvo en condiciones y debió hacer uso de los medios ordinarios de defensa antes de acudir a la vía constitucional, con la finalidad de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, dicha diligencia es susceptible de revocarse o modificarse a través del incidente de nulidad a que se refieren los artículos 1349, 1350, 1351, 1357 y 1414 del Código de Comercio, en atención a que reclama la forma en que le fue notificado el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete; por lo que, dicho acto únicamente es susceptible de reclamarse por vicios formales propios y, por ende, de ahí que tales aspectos sólo podrían analizarse mediante el incidente de nulidad en cuestión. En efecto, en el juicio mercantil del que emana el acto reclamado, el quejoso Raúl Yáñez Hernández es parte, lo cual le da la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley contempla para combatir las determinaciones dictadas en dicho procedimiento, conforme al Código de Comercio, legislación aplicable en el caso concreto. Ciertamente, los artículos 1349, 1357, 1404 y 1414 del Código de Comercio, establecen: Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano." "Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente. Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas. Los artículos transcritos, prevén la posibilidad de promover el incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación del auto de once de octubre de dos mil diecisiete; medio de defensa a través del cual se puede obtener su nulidad. En tales condiciones, si contra la notificación del auto de once de octubre de dos mil diecisiete, no se agotó el incidente de nulidad previsto por los artículos 1349, 1357, 1404 y 1414 del Código de Comercio, se estima que ésta carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque al ser parte en el juicio de origen, Raúl Yáñez Hernández estuvo en aptitud de hacer valer dicho medio de defensa. Sirve como ilustración, el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, tesis I.8o.C.141 C, página 768, del siguiente tenor: NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL JUICIO MERCANTIL. SU TRÁMITE ESTÁ PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR A PARTIR DE LAS REFORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. Finalmente, en relación con el acto reclamado que hace consistir en la orden verbal del comisario adscrito al juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, de negarle el acceso al juicio ejecutivo mercantil 657/2017; al respecto, hágase de su conocimiento que dicha situación no le irroga violación alguna, toda vez que en su calidad de actor está en aptitud de solicitar cuantas veces sea necesario el acceso del expediente, así como de promover en el mismo lo que en derecho considere oportuno. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Evelyn Janeth Islas Bautista, Luis Ángel Rangel Aguilar, Alejandro Leal Vera y Gabriel Vargas Nájera por no tener registrada su cédula en el Modulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente.
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