Raul Wilfrido Rosales Leon

Expediente 840/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
840/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Raul Wilfrido Rosales Leon
  • Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 840/2021-IV. Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron el acuerdo donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno en el presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME EN EL TERRENO PROCESAL). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de causa estado. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de todos los actos. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, porque ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de firmeza procesal. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por otra parte, conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción, porque si bien fue otorgada la suspensión provisional, también es verdad que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados. De ahí que se opte por la hipótesis de destrucción, pues constituye la ruta idónea a los fines del resguardo documental, acorde a las interpretaciones realizadas por diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal, en respuestas a consultas formuladas por diferentes órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, glósense las constancias del cuaderno original de dicho incidente de suspensión a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al destruir el expediente principal. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Se deja establecido que no fueron recibidas garantías, documentos originales ni expedientes originales en el incidente de suspensión. Por último, como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar copia de este acuerdo a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del presente juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra la parte del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el que fue desechado el reclamo de la orden de presentación con fines de investigación que reclamó a cuatro autoridades ministeriales señaladas como ordenadoras: siendo las siguientes: Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares (sic); Directora de Mandamientos Judiciales en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (sic); Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla (sic). Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME), EN LA PARTE RELATIVA AL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. Anotaciones internas. Luego, se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que de ser procedente realicen las anotaciones correspondientes a la firmeza del mencionado acuerdo. Notificación por lista. En último lugar, se descarta ordenar la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal está involucrado en párrafos anteriores, dado que ya terminó el plazo para que interpusiera recurso de queja contra el desechamiento parcial. De ahí que este proveído se habrá de notificar por lista a todas las partes -incluido el quejoso-. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 840/2021-IV. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Oficio de autoridad ordenadora. Se agrega al expediente el oficio de la autoridad responsable denominada: Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. En ese oficio, la autoridad de marras comunica que el veinte de agosto de dos mil veintiuno, un agente del Ministerio Público presentó solicitud para formular imputación contra el quejoso Raúl Wilfrido Rosales León, porque se había ejecutado la orden de aprehensión librada en su contra. Luego, en audiencia inicial de veintiuno de agosto del año en curso, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso por el delito de desaparición forzada de personas, y se le impuso a este la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; señalándose una fecha posterior para resolver la situación jurídica. Por último, en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso *, por el delito de desaparición forzada de personas. Todo lo cual acredita con copia de las actas relativas a las audiencias desahogadas en la carpeta judicial *. Sobreseimiento fuera de audiencia. El informe que acaba de proporcionar el juez responsable, implica la actualización de la causal de improcedencia que descansa en la figura del cambio de situación jurídica, cuyo estudio es obligatorio conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo. De ahí que proceda decretar en este acuerdo el sobreseimiento del juicio, fuera de la audiencia constitucional que está fijada. Para demostrarlo, se hace notar que el estado procesal del juicio, permite visualizar el reclamo de una orden de aprehensión o detención librada contra el quejoso, y la ejecución de la misma, como se desprende del proveído de admisión. Tales actos quedaron reclamados a las autoridades siguientes: Con el carácter de ordenadoras: Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; y, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Con el carácter de ejecutoras: Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Sobre todo porque esas autoridades fueron las únicas por las que se admitió la demanda del quejoso. Pero ha sobrevenido un cambio de situación jurídica, porque el oficio recibido al principio de este acuerdo, revela que ya fue ejecutada la única orden de aprehensión que había contra el quejoso, también se le formuló imputación y le fue resuelta su situación jurídica, con un auto de vinculación a proceso en la mencionada carpeta judicial. Luego, es válido afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo -el cual inició con la demanda turnada a este juzgado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno-, sobrevino un cambio de situación jurídica respecto de la orden librada contra el quejoso y su consecuente ejecución, pues fue aprehendido, se le formuló imputación y le fue resuelta su situación jurídica, con un auto de vinculación a proceso. Así, deben estimarse consumadas las posibles violaciones que hubieran en la orden de aprehensión librada contra el quejoso, porque a la fecha es imposible examinar su legalidad sin afectar la resolución de situación jurídica dictada en la mencionada carpeta. Por tanto, se declara actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que contempla la figura relativa al cambio de situación jurídica. Máxime que la orden de aprehensión librada en la carpeta mencionada, y su consecuente ejecución, quedaron superadas al haber sido detenido el quejoso para que se le formulara imputación, hasta recibir un auto de vinculación a proceso con el cual fue resuelta su situación jurídica como imputado. Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relatada (cambio de situación jurídica), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Anotaciones internas. Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Indicaciones a la actuaria. Por último, con el fin de evitar el contacto entre personas, por la situación actual de contingencia sanitaria, se ordena a la actuaria encargada de este juicio que las notificaciones al fiscal adscrito y autoridades responsables, las realice por interconexión y correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en la respectiva dependencia. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. De no ser posible lo anterior, podrá entregar los oficios de notificación personalmente con las medidas sanitarias, únicamente a las autoridades locales, y a las foráneas remitirlos por correo certificado. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se la ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Ese mismo lineamiento deberá observar cuando realice la notificación personal dirigida al quejoso. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (por correo electrónico salvo que deba realizarse físicamente); por oficio a las autoridades responsables (que deberán enviarse por interconexión y correo electrónico salvo que deban entregarse físicamente o por correo certificado); y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 840/2021-IV. Puebla, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Informes justificados. Se agregan al expediente los oficios de las autoridades responsables denominadas: Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (responsable ordenadora); y Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (autoridad ejecutora). En esos oficios, rinden su informe justificado con la postura siguiente: Niegan los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión o detención librada contra el quejoso; y el primero manifiesta que el único mandato de captura que existía ya fue ejecutado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer esos informes a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, se manifiesten como a su derecho e interés convenga -de los informes-. Lo anterior, con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrar la audiencia constitucional. Requerimiento a juez de control de la región Centro. El citado juez administrador, informó que si bien fue librada una orden de aprehensión contra el quejoso, en la carpeta judicial ´´´´, también es verdad que fue ejecutada el veinte de los cursantes y estaba por resolverse su situación jurídica. Por tanto, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, que en el plazo de veinticuatro horas informe por oficio dirigido a este juicio de amparo, lo siguiente: a). Si ya fue ejecutada la orden de aprehensión librada contra el quejoso ´+++++, en la carpeta judicial ++++; b). Si a la fecha ya se resolvió la situación jurídica por el hecho o hechos con apariencia de delito, que sean materia de la indicada carpeta; y c). La fecha cuando hubiera sido resuelta la situación jurídica del quejoso en la indicada carpeta. Para que tenga mayores elementos a la identificación del quejoso, se instruye remitirle una copia de la demanda de amparo. Además, se requiere al citado juez de control que en el mismo plazo envíe las constancias que soporten la información requerida, por ejemplo, copias de las actuaciones incorporadas a la carpeta judicial -salvo que estime indispensable enviar copias de videograbaciones-. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no proporcionar la información requerida, o enviarla sin acompañar las constancias que la respalden, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237 fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Por último, se hace saber al mencionado juez de control que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública, derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, su oficio y constancias deberá remitirlas únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por el mismo medio se le acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Sin embargo, de ser necesaria la presentación física por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberá hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla -cuya dirección se le ha informado en otros juicios de amparo-. Notifíquese.

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