Raúl Virrey Ponce
Expediente 1607/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/01/2017
Partes del expediente
- Raúl Virrey Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, donde se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, deberá conservarse la demanda y sentencia respectivas (punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual manera se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1607/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis (foja 2), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Raúl Virrey Ponce, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, con domicilio ubicado en CALLE RAFAEL M. HIDALGO No. 301, PLANTA BAJA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye LA ABSTENCIÓN por parte de la autoridad responsable AL NO EMITIR EL LAUDO LABORAL en el expediente 211/2013 (sic) que de conformidad con el artículo 915, 916, 917 y 918 de la Ley Federal del Trabajo en donde tendría que haber emitido en el término legal que el propio ordenamiento establece, vulnerando con ello mis garantías constitucionales, consagradas en los artículo 14 y 17 de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). TERCERO. Trámite de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1607/2016-III, previo desahogo de prevención, por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 9), se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a un tribunal laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral J.3/757/2014, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Valle de Toluca, México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Aunado, a que dicha certeza se corrobora con las constancias que integran el expediente laboral J.3/757/2014, que remitió como complemento a su informe de mérito, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley. CUARTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Es importante señalar que los conceptos de violación expuestos por el quejoso Raúl Virrey Ponce, al tratarse del trabajador en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, los mismos serán suplidos en su deficiencia por este juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, febrero de 2006, página 9, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." El impetrante, en concreto se duele de la violación a una de las garantías que contiene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto aduce que existe por parte de la responsable una omisión y retardo en la emisión del laudo dentro del juicio laboral J.3/757/2014; es decir, se está omitiendo administrar justicia en los plazos y términos fijados por la Ley. Dicho motivo de inconformidad es infundado por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 17 de la Constitución Federal, establece: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Tal disposición normativa contiene la garantía de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, que consiste en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esa prerrogativa constitucional a favor de los gobernados, consagra diversos principios, a saber: de justicia pronta, justicia completa y justicia imparcial. En el caso, la justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes. Así se observa en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, emitida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de 2007, novena época, materia constitucional, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Así las cosas, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 885, dispone: "Articulo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Dicho precepto legal establece, que una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar resolución, dentro de los diez días siguientes. En el caso concreto, de las constancias que remitió el órgano jurisdiccional responsable como justificación a su informe, consistentes en copias certificadas del expediente laboral J.3/757/2014, mismas que ya fueron valoradas, se advierte que: 1. Carlos Humberto Vázquez Núñez en su carácter de apoderado de Raúl Virrey Ponce, en la vía laboral demandó de PROTECT SEGURIDAD PRIVADA y/o PROCORSA, S.A. de C.V. y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, el pago de diversas prestaciones, demanda que quedó registrada con el expediente J.3/757/2014, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México (fojas 1 a 3, anexo J.3/757/2014). 2. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, se admitió la demanda, se ordenó emplazar a los demandados y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. (foja 5, anexo J.3/757/2014). 3. El tres de junio de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia señalada, en sus etapas relativas a demanda y excepciones y se señaló nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 15, anexo J.3/757/2014). 4. El veintisiete de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia en la etapa relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas. (foja 23, anexo, J.3/757/2014). 5. Por auto de ocho de julio de dos mil dieciséis se otorgó a las partes UN TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTIERA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, SITUACIÓN QUE OCURRIÓ EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que las partes formularan sus alegatos, motivo por el cual no se ha declarado el cierre de instrucción en dicho expediente laboral. (foja 37, anexo, J.3/757/2014). De lo anterior, resulta evidente que aún no se ha declarado el cierre de instrucción en el aludido procedimiento, para que la Junta responsable esté en condiciones de emitir el laudo respectivo. Es así, además porque la Junta responsable, tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Federal, de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento; por consiguiente, deben llevar a cabo de manera adecuada el trámite procesal del juicio hasta llegar a la emisión del laudo. En este orden de ideas, si de las constancias relativas al expediente laboral de origen, se advierte que aún no han concluido totalmente las etapas procesales del citado juicio, a fin de que la Junta laboral esté en aptitud de emitir el laudo respectivo, en tanto que aún no se ha declarado el cierre de instrucción; resulta indudable que esa actuación no conculca la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional. Es decir, lo anterior pone de manifiesto que si bien existe la omisión reclamada a la autoridad responsable, tocante a que a la fecha no se ha emitido la resolución final, ésta no es conculcatoria de garantías del quejoso, pues al momento de presentarse la demanda de amparo, el juicio laboral del que emana el acto reclamado, no se encontraba debidamente integrado, por lo que por ello, aún no había transcurrido el término legal que aduce el accionante, para que la autoridad responsable emita el laudo correspondiente. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso y no existir deficiencia que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados, respecto del acto aquí reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse, y se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Virrey Ponce, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las diez horas con treinta y cinco minutos, como se estableció en auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis; sin embargo, del estado procesal se advierte que en fecha veintidos de noviembre de dos mil diecises se emplazo a la tercero interesada Procorpsa de Sociedda Anonima de Capital Variable y/o Protec Seguridad Privada, por lo que, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliacion y Arbitraje del Valle de Touca. En consecuencia, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las once horas con quince minutos de catorce de diciembre de dos mil dieciseis, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil dieciséis. En la razón de cuenta el actuario judicial expone la imposibilidad para notificar a la tercero interesada Vania Gómez Márquez, la sentencia de diez de noviembre de dos mil dieciséis, por los motivos ahí expuestos, y a dichas aseveraciones se les concede valor en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, porque la fe dada por un funcionario judicial como lo es el actuario en ejercicio de su encargo conserva su valor para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Se estima aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyos rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, procédase a realizar la notificación de la sentencia de mérito y las subsecuentes que deban ser de manera personal, por medio de la lista que se fija en este recinto judicial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: VI. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Winyber Jiménez Navarrete, contra el acto y autoridad precisada en los considerandos tercero y cuarto, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy diez de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, ante el Secretario de Juzgado, Emmanuel Ramírez Gómora, quien da fe.
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