Raúl Villanueva Sánchez

Expediente 998/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
998/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Raúl Villanueva Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que por sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se agregó el informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esta ciudad, al que adjuntó constancias en relación al juicio contencioso administrativo 1816/20-25-01-9-OT, mismas que obran por separado. Devolución -constancias-. Mediante atento oficio que al efecto se gire, devuélvase al Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esta ciudad, el anexo que acompañó como justificación a su informe de ley, constancias en relación al juicio contencioso administrativo 1816/20-25-01-9-OT (resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós). Archivo. Finalmente, como de constancias se aprecia que no existen promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, como esta ordenado archívese este expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución -constancias-. Por otra parte, devuélvase al Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esta ciudad, el anexo, que acompañó como justificación a su informe de ley (resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós). Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Destrucción del juicio principal. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y que dicha determinación causó ejecutoria, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso , en atención a su contenido se provee: Téngase al promovente desahogando la vista ordenada en proveído de dieciocho de agosto del presente año; asimismo, por hechas las manifestaciones que refiere y solicitando que se consideren las manifestaciones de la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1" en el sentido de la imposibilidad manifiesta para devolver el bien inmueble, por lo que señala que se dé trámite al incidente de cumplimiento sustituto de sentencia de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo; en consecuencia se acuerda. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el presente juicio de amparo 383/2018-IV, fue promovido por contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Administración de Recaudación de la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, por medio de su Administrador Local Jurídico, y de la Administración Local de Recaudación Fiscal, en su carácter de ordenadoras; así como del Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Administración Local de Recaudación Fiscal, como ejecutora, teniendo el carácter de tercero interesado la sociedad denominada Agencia Central Potosina por conducto de su representante legal José Morales Reyes. Asimismo, el doce de febrero del dos mil diecinueve, se dictó sentencia en ese asunto, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección solicitados, determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el veintitrés de enero de dos mil veinte, pronunciada por el citado Tribunal, en el amparo en revisión administrativo 159/2019, por lo que se requirió a la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1" de la Administración General de Recaudación Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, para que diera cumplimiento al fallo protector, es decir, dejara insubsistente el embargo de veintinueve de junio de dos mil quince y sus consecuencias, lo anterior, sin que de autos se advirtiera la intervención de alguna diversa autoridad que conforme a sus funciones le correspondiera cumplir con la sentencia dictada en autos. Acto seguido, el catorce de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio que remitió la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1", mediante el cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, es decir, que mediante oficio 400-51-00-01-2020-0672 de once de febrero de dos mil veinte, dirigido a la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, en el que ordenó la cancelación de los gravámenes de embargo respecto del inmueble del quejoso, para lo cual remitió las constancias con las que acredito su dicho; por tanto, con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto al cumplimiento dado, sin que lo hubiera realizado. En ese sentido, en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por cumplido el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1" de la Administración General de Recaudación Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, dio cumplimiento a los efectos de la concesión del fallo protector. De igual forma, el cuatro de marzo de dos mil veinte, se notificó por lista al quejoso respecto del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos, sin que el quejoso se hubiera inconformado con dicho auto. Por otra parte, en atención a que el quejoso solicita se dé trámite al incidente de cumplimiento sustituto de sentencia de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, cabe precisar que en atención a lo dispuesto dichos numerales, es necesario que se actualicen los siguientes requisitos: 1. La autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir con la sentencia de amparo en sus términos. 2. Porque el cumplimiento al fallo protector afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener el quejoso. 3. Porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. De igual forma, se aprecia que la autoridad responsable ante señalada informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, con lo cual se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto al mismo, es decir, para que -en su caso- señalara si hubo exceso o defecto en el cumplimiento del mismo o si era necesario vincular al cumplimiento a alguna diversa autoridad que no fuera señalada como responsable, lo anterior, sin que lo hubiera realizado. Asimismo, en auto veintisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por cumplido el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable requerida Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1" de la Administración General de Recaudación Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, dejó insubsistente el embargo de veintinueve de junio de dos mil quince y sus consecuencias, sin que este órgano jurisdiccional advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. También, se desprende que el cuatro de marzo de dos mil veinte, se notificó por lista al quejoso respecto del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos, sin que el quejoso se hubiera inconformado con dicho auto. En ese sentido, si para efectos de la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto es necesario que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir con la sentencia de amparo en sus términos, que el cumplimiento al fallo protector afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener el quejoso o en su caso porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso, es evidente que en el caso en concreto, no se actualiza alguno de los supuestos antes señalados. Lo anterior, toda vez que -como se dijo- se requirió el cumplimiento al fallo protector a la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1" de la Administración General de Recaudación Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, para que dejara insubsistente el acto reclamado en el presente juicio, es decir, el embargo de veintinueve de junio de dos mil quince y sus consecuencias. Además, de que se tuvo a dicha autoridad informando el cumplimiento dado a la concesión de la protección de la Justicia Federal, sin que el quejoso hubiera manifestado su inconformidad por el exceso o defecto en el mismo o que en su caso se requiriera la intervención de alguna diversa autoridad obligada a cumplir con dicho fallo. Aunado a que tampoco, se inconformó con el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida en su totalidad la sentencia dictada en autos. Por tanto, al no ocurrir los supuestos establecidos en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante la imposibilidad de cumplir con el fallo protector, ya que se tuvo por cumplido el fallo protector en su totalidad, sin que las partes se hubieran inconformado, se desecha por improcedente el incidente de cumplimiento sustituto solicitado. Sin que pase desapercibido el hecho de que el quejoso haya denunciado la repetición del acto reclamado, toda vez que la autoridad Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) llevó a cabo la venta del bien inmueble materia del acto reclamado; sin embargo, dicha circunstancia no fue parte de la litis constitucional, toda vez que de las constancias que integran el juicio de ampao en que se actúa, no se advirtió la intervención o participación en los actos reclamados, ni en ejecución que debiera ser vinculada al cumplimiento. En efecto, la Litis del juicio de amparo se constituyó con el acto y autoridad incorporada al juicio, es decir, solamente lo atinente a la Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1" de la Administración General de Recaudación Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, no se soslaya que la sentencia protectora abarcaba las consecuencias jurídicas del embargo, empero, en la ejecución de la sentencia protectora, ni la parte quejosa ni la autoridad responsable (principal obligada) informó la intervención del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; razón por la cual el suscrito juzgador no estuvo en posibilidad de incorporarla al cumplimiento en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por tanto, los actos atribuidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que fueron informados con posterioridad a la declaratoria de cumplimiento no fueron formalmente parte ni del trámite del juicio ni de la etapa de ejecución. Aunado a que el quejoso, como se anticipó, en ningún momento realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable requerida. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que tiene expedito su derecho para ocurrir ante la autoridad administrativa competente (Servicio de Administración Tributaria e Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) y en la vía correspondiente a hacer valer sus derechos (máxime que el quejoso cuenta con una sentencia protectora que evidenció la ilegalidad del procedimiento de origen) o, en su caso, agotar el juicio de amparo si lo considera necesario a efecto de someter a análisis constitucional los actos que desbordan la Litis del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, glósese el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Se expide copia certificada. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia respectiva, expídasele la copia certificada que señala, previa razón de recibo que se deje en autos.

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