Raúl Vicente Araiza Torres y Otros.
Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raúl Vicente Araiza Torres y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que Juan Fernando Herrera Vargas, en su carácter de apoderado legal de Raúl Vicente, María Cecilia y Carlos Xavier, todos de apellidos Araiza Torres, en su carácter de albaceas de la sucesión de Vicente Raúl Araiza Rodríguez y Desarrolladora Residencial, sociedad anónima de capital variable, recurriera el auto de diez de enero pasado, en el que se desechó su demanda de amparo. Se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Recepción de oficio y anexos. Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio 130/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual remite, entre otras constancias, el juicio de amparo 16/2023 de su índice, promovido por *********, en su carácter de apoderado legal de ********, ****** y ******, todos de apellidos **********, en su carácter de albaceas de la sucesión de ************ y Desarrolladora Residencial, sociedad anónima de capital variable. Acúsese recibo. Aceptación de competencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, esta juzgadora comparte las consideraciones señaladas por el órgano jurisdiccional oficiante en el proveído de veintiocho de octubre pasado, dictado en el indicado juicio de amparo; por tanto, se acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que remite. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 20/2023-II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en el toca 629/2022, mediante la cual revocó la declaración de confesa de ********************, emitida en el expediente 38/2014 y su acumulado 68/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad y ordenó que nuevamente se desahogue su confesión. En ese sentido, en acatamiento de dicha resolución el juez de origen señaló las once horas del trece de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la indicada prueba confesional. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. De los preceptos legales reproducidos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. En ese sentido, si bien la resolución reclamada revocó la declaración de confeso de ********************, a fin de que se desahogue nuevamente su confesión en el juicio natural, ello no afecta derechos sustantivos de los quejosos. Esto se explica enseguida. De acuerdo con la ejecutoria origen de la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso jurídico en la fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación. Según la jurisprudencia P./J.17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sola reposición procesal no afecta derechos sustantivos, porque las consecuencias que produce generalmente son reparables a través de la sentencia definitiva. Sin embargo, de acuerdo con la Corte, en algunos casos sí se ocasiona esa clase de afectación y, por lo mismo, contra la resolución que repone el procedimiento procede el juicio de amparo indirecto. Un ejemplo de lo dicho se halla en la jurisprudencia 1a./J. 3/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con la cual, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento de remate en el que ya se hubiera adjudicado el bien rematado, es un acto cuya ejecución es de imposible reparación, al afectar directamente el derecho sustantivo generado a favor del adjudicatario. En el caso, dado que la determinación primigenia no había generado algún derecho fundamental susceptible de afectación material, la resolución de alzada que lo invalidó sólo tiene efectos intraprocesales o formales, dada la posibilidad de que la sentencia que se emita favorezca los intereses de los quejosos y que el acto reclamado no deje huella en su esfera jurídica. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: Transparencia y protección de datos personales.
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