Raul Velazquez Bernabe
Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raul Velazquez Bernabe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa la sentencia del ocho de noviembre del presente año que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 519/2023 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el quince de junio de dos mil veintitrés y turnado a este juzgado al día siguiente, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 02 - 07). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de junio siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional (fojas 08 - 12). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 17 - 22) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, al reclamarse un acto negativo, que según la parte quejosa es susceptible de afectar irreparablemente sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Así, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La negativa registral de la transmisión de derechos por sucesión correspondiente a ********************, ejidatario de los ejidos denominados Pueblillo ubicado en el municipio de Papantla en el Estado de Veracruz, con número de trámite ********************, negativa notificada el treinta de mayo de la presente anualidad. Impedimento en presentar recurso de revisión del mismo en las oficinas del Registro Agrario Nacional en Xalapa, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al 1. Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz y 2. Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la negativa registral de la transmisión de derechos por sucesión correspondiente a ********************, ejidatario de los ejidos denominados Pueblillo ubicado en el municipio de Papantla en el Estado de Veracruz, con número de trámite ********************, negativa notificada el treinta de mayo de la presente anualidad, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado (fojas 17 - 22). Lo que se corrobora, pues dicha responsable remitió copia certificada de la negativa de la calificación registral (foja 20) al cual se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Lo que se estima así, pues se observa que no se hizo valer contra el acto reclamado el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revisión previsto en el artículo 59 del reglamento interno del Registro Nacional Agrario, susceptible de revocarlo o modificarlo. MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior es preciso establecer que en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Los artículos preinsertos preveen que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio, por el cual se obtenga la modificación, revocación o nulidad de ese acto. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) Deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; y d) La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En efecto, el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por otra parte, se precisa que la negativa de la calificación registral que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Reglamento Interno del Registro Nacional Agrario. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 59 del Reglamento Interno del Registro Nacional Agrario, dispone: "Artículo 59. Contra la calificación negativa, procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el promovente no interpone el recurso de revisión, se pondrá a disposición del interesado la documentación respectiva." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de revisión que refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en contra de la calificación negativa, mismo que el propio señala lo siguiente: "Artículo 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra." ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se torna necesario relatar los siguientes antecedentes, los cuales se obtienen de las copias certificadas que remitieron las responsables al rendir su informe justificado: 1). El veintiuno de junio de dos mil veintidós la parte quejosa presentó documentación para la calificación registral de la transmisión de derechos por sucesión, la cual se registró bajo la numeración ********************. 2). En vista de esa solicitud y de sus documentos anexos, la autoridad responsable emitió negativa de la calificación registral de la transmisión de derechos por sucesión, ya que, señala que no se reunieron los requisitos de forma y fondo, por lo que, denegó el servicio registral, 3). Dicha negativa de la calificación registral de la transmisión de derechos por sucesión fue notificada a la parte quejosa el treinta de mayo de dos mil veintitrés. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se puede ver de la anterior relación de los antecedes que dieron origen a la contestación en forma negativa para la calificación registral de la transmisión de derechos por sucesión correspondientes a ********************, con número de trámite ********************, la autoridad a quien se dirigió dicha solicitud emitió su respuesta en forma negativa, la cual señaló que la misma no reunía los requisitos de forma y fondo por lo que denegó el servicio registral solicitado por la parte quejosa, dicha negativa fue notificada el treinta de mayo de la presente anualidad, según lo señala la parte quejosa en su demanda de amparo, En este contexto, se colige que la respuesta contenida en la solicitud de calificación registral número ********************, suscrita por el registrador integral perteneciente al Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues la petición del quejoso versa sobre materia agraria, en la que ******************** solicitó al Registro Agrario Nacional, el registro de la transmisión de derechos por sucesión correspondientes a ********************, ejidatario del ejido denominado Pueblillo, ubicado en el Municipio de Papantla en el Estado de Veracruz. De ahí, que si el quejoso pretende la aprobación registral de la transmisión de derechos por sucesión, es claro que el accionante debió interponer el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos o si el mismo no optara por interponer dicho recurso previsto en el artículo 59 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional, puede promover juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente a reclamar la calificación registral en forma negativa que le causa perjuicio; En efecto, lo anterior es así ya que en contra de la calificación negativa registral procede el recurso de revisión, previsto en el artículo 59 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional que a su vez señala que dicho recurso se interpondrá de acuerdo a lo que señalado en el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad, ante el Tribunal Unitario Agrario de conformidad a lo dispuesto en las fracciones IV, VII y X del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que a la letra dice: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.) VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; (.) X.- De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; (.)" De lo anteriormente señalado, se desprende que es procedente el recurso de revisión o juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario correspondiente, respecto a la calificación registral negativa de la transmisión de derechos por sucesión. Así pues, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado, se reitera, como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Es de puntualizarse que el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad. Pues el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recurso estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Por tanto, se estima que en su caso sería el recurso de revisión o juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario correspondiente, es el medio de defensa a través del cual puede revocarse o nulificarse la calificación registral negativa de la transmisión de derechos por sucesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ABROGADO. PARA CONTROVERTIR LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA DE UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS NO ES INDISPENSABLE AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Aun cuando el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigente hasta el 11 de octubre de 2011 (de contenido similar al del diverso 59 del reglamento en vigor) dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83), ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así también, se refuerza con la tesis XIII.2o.13 A, que a la letra dicha: "ACTA DE ASAMBLEA DE COMUNEROS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA SU CALIFICACIÓN REGISTRAL PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. Cuando en amparo se reclama la resolución del delegado estatal del Registro Agrario Nacional, donde se deniega la calificación registral de un acta de asamblea de comuneros, aquél debe sobreseerse con base en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el diverso 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado previamente el principio de definitividad a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, esto es, el juicio de nulidad consagrado en el numeral 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios." Finalmente, se precisa que las tesis y jurisprudencias que se citaron en esta sentencia y que se integraron con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, las mismas resultan vigentes y aplicables en tanto que no se opongan a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. CONCLUSIÓN Por lo antes expuesto, se afina que el aquí quejoso tuvo que acudir a otra instancia, ya que cae en la hipótesis del principio de definitividad previsto por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, por tanto es improcedente el juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa señala en su demanda de amparo que la autoridad responsable no le permitió presentar el medio de impugnación correspondiente ya que, no le dieron el acceso al bien inmueble donde se encuentra establecida la responsable, sin embargo, no existe prueba fehaciente que demuestre tal negativa para presentar su escrito que contenía el recurso correspondiente, así también, como se ha mencionado en la propia sentencia, dicho recurso de revisión previsto en el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Nacional era una de las dos opciones para controvertir la calificación negativa registral, ya que, la otra opción que puede agotar la parte quejosa es el juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario correspondiente, como lo menciona el propio artículo en comento. En esta tesitura, al no haberse agotado, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso correspondiente o el juicio de nulidad, se estima que el promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia; por lo que se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y la autoridad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, conferido a las partes con el informe justificado rendido por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, en representación del Encargado del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz y el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, fenece el uno de agosto del presente año. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, y por ende, a efecto de hacer efectivo su término, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, en representación del Encargado del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz y el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual da contestación a lo requerido en los oficios 17743 y 17744; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de dichas autoridades y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL en copias certificadas que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
RESULTANDO PRIMERO. ******************** promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Encargado del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz********************15 CIERTO 2. Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz (Lic Jaime Contreras González) 15 CIERTO XALAPA, VERACRUZ De las que reclama los actos que más adelante quedarán precisados. SEGUNDO. En auto de diecinueve de junio del año en curso, este Juzgado negó la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitó informe previo a las autoridades responsables y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver;CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia consisten en: ".LA NEGATIVA REGISTRAL DE LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN CORRESPONDIENTE AL C. ******************** EJIDATARIO DE LOS EJIDO DENOMINADOS PUEBLILLO UBICADO EN LE MUNICIPIO DE PAPANTLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON NÚMERO DE TRÁMITE 30220011824, NEGATIVA QUE ME FUERA NOTIFICADA EN FECHA 30 DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD." "EL IMPEDIRME PRESENTAR RECURSO DE REVISIÓN DEL MISMO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL CON DOMICILIO EN ENRIQUE C REBSAMEN 20 ZONA CENTRO EN XALAPA, VERACRUZ." TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Al no existir más pruebas, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, y 2. Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, reconocieron la existencia del acto reclamado que se les atribuye, como se advierte de su informe previo rendido de manera conjunta. QUINTO. Pronunciamiento. En primer término conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado. Al respecto, es necesario precisar que la suspensión es una medida cautelar cuya finalidad es preservar la materia del juicio de amparo, la cual se tramita a petición de parte y excepcionalmente, por disposición legal expresa, de oficio. Asimismo, se destaca que para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, es imprescindible puntualizar la naturaleza de los actos que se reclaman. De este modo, para conceder la suspensión del acto reclamado, en principio, debe analizarse su naturaleza y después determinar si se colman los requisitos de procedencia de la suspensión previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: 1) que la solicite el quejoso; y, 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Bajo tal contexto, en el caso concreto el acto reclamado es de naturaleza negativa, al atribuirse a las autoridades responsables la negativa a registrar la transmisión de derechos por sucesión correspondiente a ********************, así como el impedir presentar el recurso de revisión en contra de esa negativa, actos respecto de los cuales por regla general no es posible conceder la suspensión en tanto carece de ejecución, por lo que de otorgarse contra ese tipo de actos, no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así porque los actos positivos se traducen siempre en una actuación, en una conducta activa, en un hacer o dar de la autoridad; en cambio, los actos son negativos cuando a través de ellos la autoridad se rehúsa expresamente a actuar a favor de la pretensión del gobernado, mientras el acto omisivo estriba en la abstención de contestar la petición que hace el particular afirmativa o negativamente; y, los actos prohibitivos, consisten en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados por parte de la autoridad. En el caso, como se dijo, los actos reclamados son de carácter negativo, en tanto se atribuye a las autoridades responsables la negativa a actuar en determinada manera. Además, la suspensión en el juicio de amparo es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen; empero dicha medida suspensional carece de efectos destructivos o restitutorios, pues se limita a conservar la situación existente al producirse el acto reclamado y no es constitutiva de derechos. En esas condiciones, los actos positivos pueden ser suspendidos y los negativos u omisivos no, porque la medida precautoria no puede tener el efecto de forzar a la autoridad a que actúe, ya que ello sería contrario a la esencia de la suspensión y reconocerle ese alcance equivaldría a darle efectos restitutorios, de los que carece, por ser propios de la sentencia de fondo. De ahí que no es dable conceder la medida suspensional de los actos reclamados, pues sería tanto como ordenar a las responsables para que no continuaran con la conducta negativa que se les reclama, lo que implica que se generen efectos restitutorios que no son propios de la suspensión en el juicio de amparo sino, en su caso, como se dijo, de la sentencia que se dicte en el juicio principal. También merecen ser citados los siguientes criterios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se;RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA a ******************** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a las autoridades responsables citadas en el considerandos cuarto de esta resolución, por los motivos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
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