Raúl Vázquez Juárez

Expediente 989/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 52 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
989/2022
Año
2022
Actuaciones
52
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Raúl Vázquez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia definitiva dictada en autos, quedando registrado bajo el número *****************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por el quejoso *****************, mediante el cual solicita sea remitido al Tribunal Colegiado correspondiente el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva. En consecuencia, dígasele al promovente que mediante oficio en esta misma data fue enviado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, el recurso de revisión hecho valer para su substanciación. Por otra parte, téngase por recibido el oficio firmado por los Inspectores de Notarías de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual realizan alegaciones respecto del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En ese sentido, adjúntese dicho ocurso al oficio mediante el cual se ordenó remitir el recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo circuito, a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por el quejoso ****, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado, con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 989/2022. R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...III. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al [3] Ayuntamiento municipal de Jiutepec, Morelos y [4] Tesorero municipal de dicho ayuntamiento, señalados en el capítulo que antecede con los numerales 2, 2.1 y 2.2, pues así lo manifestaron en su informe justificado, circunstancia que no fue desvirtuada por el quejoso. Es así, porque ante la negativa de los actos por parte de las autoridades responsables, lo informado por éstas goza de presunción de veracidad; entonces, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga de probar lo contrario, lo cual puede hacer durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional; sin que lo haya hecho. Además, porque ambas autoridades responsables señalaron que de acuerdo a sus facultades y obligaciones no les correspondía la realización de los actos reclamados, ya que éstos son facultad de la diversa autoridad responsable [6] Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en términos de los artículos 5, fracciones XXVI, XXVII, XXX y XXXIV, 51, 52, fracciones I, V, VII, VIII, XV, XVII y XIX, 53 y 56, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XII, XIV, XVI y XVII, todos del Reglamento Interior de dicha Secretaría. En ese sentido, de los preceptos legales señalados se advierte que son atribuciones de la citada Secretaría, entre otras, supervisar los cambios que sufran los bienes inmuebles y que alteren los datos que integran el catastro del municipio de Jiutepec en general, así como ordenar y controlar el padrón catastral de acuerdo con las clasificaciones de administración pública y registro habidas en la Dirección, y vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de construcción, programas de desarrollo urbano-territorial, asentamientos humanos y de ordenamiento ecológico. De igual forma, de los artículos 51 y 52 del Reglamento citado, se tiene que a la diversa autoridad señalada como responsable en este juicio, [5] Directora General de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, le corresponden entre otras atribuciones, las operaciones, movimientos y registros relacionados con la catastración de la propiedad en predios comprendidos en su circunscripción territorial. Además, porque tales facultades no se advierten que hayan sido conferidas al Tesorero municipal responsable, pues en términos de lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en esencia es el encargado de recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de todos los fondos municipales; y, de los diversos artículos 2 y 5 bis, de la citada legislación, se desprende que el municipio es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrarse e integrar su hacienda, en el cual se deposita el gobierno y la representación jurídica y política del municipio, integrado por un presidente, síndico y regidores; por tanto, no se advierte que tales autoridades tengan facultades para llevar a cabo los actos que se les reclaman en este juicio, las cuales sí se observa que corresponden a las diversas [5] Directora General de Predial y Catastro, y [6] Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, ambas del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Por tanto, ante la negativa de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas y que no se advierte que les corresponda realizar los actos que se les atribuyen, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados al [3] Ayuntamiento municipal de Jiutepec, Morelos y [4] Tesorero municipal de dicho ayuntamiento. IV. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al [1] Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, y [2] Registradores del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del Estado de Morelos, así como del [10] Consejo Estatal Catastral del Estado de Morelos, pues los aceptaron al rendir su respectivo informe justificado. Asimismo, se tienen por ciertos los actos reclamados a la [5] Directora General de Predial y Catastro, y [6] Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, ambas del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como al [7] Gobernador Constitucional, [8] Secretario de Gobierno, e [9] Inspectores de Notarías de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, todos del Estado de Morelos, pues con independencia de que negaron los actos que se les atribuyen y la segunda fue omisa en rendir informe justificado, lo cierto es que de las constancias que fueron remitidas al presente juicio se advierte su existencia. Ello, porque fueron remitidas las copias certificadas de la escritura doscientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve, de treinta y uno de marzo de dos mil quince, por la Directora General de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como la diversa trece mil cuatrocientos uno, de quince de mayo de dos mil trece, requerida por este juzgado al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), de las cuales se advierten los actos traslativos de dominio y su correspondiente inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y Catastro municipal, respecto del predio que el quejoso aduce ser copropietario. De igual forma, el quejoso exhibió declaración municipal para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de quince de mayo de dos mil trece (foja 63 del amparo indirecto), en la que consta la inscripción catastral del bien inmueble identificado como ****, con la clave catastral *****, documental que si bien exhibió en copia fotostática simple, se le concede valor probatorio de indicio, la cual queda al arbitrio de esta juzgadora de conformidad con el artículo 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se encuentra concatenada con la escritura pública trece mil cuatrocientos uno, de quince de mayo de dos mil trece, relativa a la compraventa celebrada entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (antes Corett, ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable -INSUS-) y ****** -cónyuge del quejoso-, siendo que esta última aparece registrada en la declaración municipal de referencia, respecto del bien inmueble también ya señalado. Asimismo, fue remitida por la Directora General de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, copia certificada del formulario de declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de treinta y uno de marzo de dos mil quince, en donde obra la inscripción de la clave catastral ******, realizada a favor de ******, respecto del bien inmueble identificado como ******. A la totalidad de las documentales antes señaladas se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido emitidas por autoridades en el ejercicio de sus funciones, mismas que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. Por otro lado, son ciertos los actos reclamados a la [11] Jueza Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México y [12] Actuario adscrito al Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, pues admitieron su existencia al rendir su informe justificado. Además, la jueza responsable remitió copias certificadas de las constancias del juicio especial hipotecario ***** de su índice, documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido emitidas por la respectiva autoridad en el ejercicio de sus funciones, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos que se le reclaman. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó oportunamente, pues el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en que realizó búsqueda del bien inmueble señalado, ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, cuyo pago adjuntó a la demanda de amparo, sin que se advierta una fecha diversa en que hubiere tenido conocimiento de los actos reclamados. Entonces, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintidós, descontando el veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once y doce de junio del año citado, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que si la demanda fue presentada el diez de junio de dos mil veintidós, decimocuarto día del plazo, es concluyente su oportunidad. VI. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, la autoridad responsable [9] Inspectores de Notarías de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, así como el tercero interesado *******, señalaron que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico del quejoso, pues la autoridad responsable señaló que al impetrante de amparo no le asistía la razón en lo reclamado y el tercero interesado indicó que el quejoso no es parte en el juicio especial hipotecario ******, por ello no tenía interés jurídico en el presente juicio. No se actualiza dicha causa de improcedencia, toda vez que los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico, por lo cual deberá ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el caso, el quejoso se ostenta como tercero extraño en el juicio hipotecario del índice de la jueza responsable y refiere resentir un perjuicio en su patrimonio con la tramitación de tal juicio, toda vez que en éste se hizo efectiva la garantía hipotecaria del bien inmueble del cual aduce ser copropietario por virtud del matrimonio civil que tiene celebrado con ******* quien a su vez vendió el bien inmueble a ******; por tanto, sí acredita su interés jurídico en este juicio, con independencia de que, en su caso, el perjuicio resentido y el derecho de copropiedad que aduce tener, son materia del estudio del fondo del asunto, pues la procedencia del juicio de amparo no implica un pronunciamiento por cuanto al fondo. Por otro lado, el quejoso adujo resentir un perjuicio con los actos reclamados a las autoridades registrales y catastrales señaladas como responsables, el cual en esencia sustentó en que refiere ser copropietario del bien inmueble objeto de tales actos, por virtud del matrimonio civil que tiene celebrado con Rosario Ramírez Figueroa, quien fuera titular del dicho bien inmueble; por tanto, el perjuicio que en su caso resienta con esos actos, como ya se dijo, constituye la materia del estudio del fondo del asunto; de ahí que no se actualice la causa de improcedencia en estudio. En otro aspecto, las autoridades responsables [3] Ayuntamiento municipal de Jiutepec, Morelos y [4] Tesorero municipal de dicho ayuntamiento, señalaron que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, toda vez que contra los actos aquí reclamados, el quejoso debió promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Sin embargo, no se actualiza tal causa de improcedencia, ya que como se advierte del contenido de la demanda de amparo, el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio especial hipotecario, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, tal como lo señala el segundo párrafo, inciso c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, por cuanto a los actos administrativos registrales y catastrales reclamados, el quejoso refiere que no tuvo intervención en el acto traslativo de dominio del bien inmueble del que aduce ser copropietario, cuestión que se relaciona con el fondo de la solicitud planteada, por lo que será materia del estudio de los conceptos de violación que se efectúe en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Por otro lado, las autoridades responsables [1] Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, y [2] Registradores del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del Estado de Morelos, así como el [10] Consejo Estatal Catastral del Estado de Morelos, precisaron que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al ordinal 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, relativo a que no les asiste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. No se actualiza dicha causa de improcedencia, pues el precepto legal citado en último lugar, señala que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, las autoridades responsables llevaron a cabo la inscripción del acto traslativo de dominio del bien inmueble del cual el quejoso aduce ser copropietario, actuar que se encuentra regulado por la norma y que tiene por efecto dar publicidad a dicho acto. Asimismo, como lo prevén los artículos 4, fracciones III y XXII, 14, fracciones I y IV, 23, 27, fracciones I y IV, 29, 41 y 46, fracción VII, todos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, la inscripción de un acto traslativo de dominio de un bien inmueble afecta el derecho de propiedad de éste, por lo que ese acto debe ser calificado por el Registrador, el cual se encarga de verificar que los documentos presentados reúnan los requisitos legales para ello; y, la inscripción será autorizada por el Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos previa autorización del Registrador. Por tanto, de las atribuciones antes precisadas, se advierte que contrario a lo afirmado, a las autoridades registrales sí les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con tales actos se afecta de manera unilateral y obligatoria los derechos de propiedad respecto de los bienes inmuebles cuya inscripción se les solicita, es decir, se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. En consecuencia, al no actualizarse las causas de improcedencia en estudio y no observarse de oficio la actualización de alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. VII. Estudio de los conceptos de violación. Por cuestión de técnica jurídica se abordará en primer término el estudio de los actos reclamados siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. [2] Registradores del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 1. El registro de propiedad del bien inmueble identificado como *****, bajo el folio electrónico inmobiliario ******, respecto de la escritura pública trece mil cuatrocientos uno, relativa a la compraventa celebrada entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (antes Corett, ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable -INSUS-) y ***** -cónyuge del quejoso-: 1.1 La inscripción del acto traslativo de dominio consistente en la escritura pública ******, otorgada el treinta y uno de marzo de dos mil quince, ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, la cual contiene el contrato de compraventa celebrado entre ***** -cónyuge del quejoso- y ******, respecto del bien inmueble identificado como ******, así como el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de acreditante y ******, como acreditado. 1.2 Las consecuencias legales de la inscripción del acto traslativo de dominio señalado en el inciso 1.1, consistentes en la boleta de traslado de dominio, las anotaciones de avisos preventivos, la inscripción del gravamen de hipoteca, la boleta de dicha inscripción de gravamen y la omisión de aplicar correctamente el artículo 57 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos -por realizar la inscripción sin el consentimiento del quejoso-, así como de verificar la autenticidad de los documentos presentados para cancelar la propiedad del bien inmueble. [5] Directora General de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [6] Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 2. El registro de la clave catastral ******* respecto del bien inmueble identificado como ******, inscrito a favor de *******: 2.1 La actualización del registro catastral a favor de *****, respecto de tal bien inmueble. 2.2 Las consecuencias de la actualización catastral señalada en el inciso que antecede, derivadas del incorrecto funcionamiento técnico y administrativo del catastro municipal ante dicha actualización del registro catastral sin el consentimiento del quejoso. [7] Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. [8] Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. [9] Inspectores de Notarías de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 3. La omisión de realizar visita de inspección al Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por virtud de la escritura pública *******, otorgada ante la fe del citado Notario Público el treinta y uno de marzo de dos mil quince. [10] Consejo Estatal Catastral del Estado de Morelos. 4. La omisión de proponer al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, normas para que no se actualizara el registro en la clave catastral *******, a favor de ******, respecto del bien inmueble identificado como ******* y que el bien continuara registrado a favor de ******. Respecto de estos actos, el quejoso señaló en esencia que, se vulneran sus derechos establecidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con los numerales 100 y 102 del Código Familiar para el Estado de Morelos, al realizar las autoridades registrales actos jurídicos en el bien inmueble con folio electrónico *****, con motivo del acto traslativo de dominio a favor de ******* y el gravamen de hipoteca al banco tercero interesado, pues no se respetó el derecho de copropiedad que tiene respecto del bien inmueble identificado como ******, por estar vigente el régimen de sociedad conyugal, en el momento de la compraventa de tal inmueble, que celebró en su carácter de vendedora ***** -cónyuge del quejoso- y como comprador ******, por virtud de que el quejoso se encuentra casado con la vendedora bajo dicho régimen de sociedad conyugal. Lo anterior, porque aduce el impetrante de amparo que antes de realizar el registro del acto traslativo de dominio por virtud del contrato de compraventa celebrado entre su cónyuge ******, en su carácter de parte vendedora y ***** como comprador, se debió respetar el derecho de audiencia del quejoso, pues se le priva del bien inmueble sin que éste hubiese dado su consentimiento con dicha transmisión de dominio; por tanto, el actuar del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no se ajustó a lo establecido en los artículos 48, 50 y 57 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. En consecuencia, señala el quejoso que resulta ilegal la boleta de traslado de dominio, las anotaciones de avisos preventivos, la nota de cancelación y la de gravamen de hipoteca que se practicó sobre el registro de la propiedad, además de que las autoridades registrales responsables fueron omisas en aplicar el artículo 57 de la citada ley, así como de verificar la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción del acto traslativo de dominio, pues no se constató que el quejoso hubiera dado su consentimiento para la venta del bien inmueble. Aduce que la misma situación anterior acontece respecto de la actualización del registro catastral llevado a cabo por las autoridades municipales responsables, de la clave catastral *******, correspondiente al bien inmueble antes precisado, toda vez que no hay elementos suficientes para haber practicado el cambio de propietario del padrón de la Dirección de Catastro del Municipio de Jiutepec, Morelos, sin darle intervención al quejoso que es copropietario de dicho inmueble por virtud de corresponderle el cincuenta por ciento de éste, con motivo de la sociedad conyugal derivada del matrimonio civil que tiene celebrado con Rosario Ramírez Figueroa. Ello, porque las autoridades municipales tenían la obligación de investigar si efectivamente el quejoso había otorgado su consentimiento para la venta del bien inmueble y el cambio de propietario, así como la autenticidad de los documentos que les fueron presentados para realizar los cambios en sus registros y padrones catastrales; y, al no haberlo hecho así, incurrieron en omisiones que evidencian un incorrecto funcionamiento técnico y administrativo de tales autoridades municipales. De igual forma, señala el quejoso que las autoridades estatales señaladas como responsables, omitieron llevar a cabo en tiempo y forma visitas de inspección en las que certificaran que el Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, actuó con negligencia e imprudencia en la celebración de la escritura pública *******, otorgada ante su fe el treinta y uno de marzo de dos mil quince, relativa al contrato de compraventa del bien inmueble citado, realizado entre *****, en su carácter de vendedora -cónyuge del quejoso- y ****** como comprador, pues no se contaba con el consentimiento del quejoso para llevar a cabo dicho acto jurídico. Asimismo, indica el impetrante de amparo que las autoridades estatales, omitieron prevenir actos ilícitos como el cometido en perjuicio de su propiedad y cancelar en los registros y padrones del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos dicha transmisión de propiedad, para que no se realizara el registro a favor de Axel Ripoll Aguilar en la clave catastral ******. Son inoperantes los conceptos de violación, por los motivos que se explican a continuación. En el caso, es necesario precisar lo siguiente: Como consta en la escritura trece mil cuatrocientos uno, de quince de mayo de dos mil trece (fojas 317 a 319 del amparo indirecto), Rosario Ramírez Figueroa -cónyuge del quejoso-, adquirió mediante compraventa que celebró con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (antes Corett, ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable -INSUS-), el bien inmueble identificado como *****. Dicha escritura quedó inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, bajo el folio electrónico inmobiliario *******. El citado bien inmueble se encuentra registrado ante la Dirección General de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, con la clave catastral ******, como se desprende de los formularios de declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, realizados ante la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos (fojas 63 y 200 del amparo indirecto). El treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 202 a 208 del amparo indirecto), ********-cónyuge del quejoso-, celebró contrato de compraventa respecto del bien inmueble antes citado, en su carácter de vendedora, con******* como comprador, tal como consta en la escritura pública *******, otorgada ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, acto jurídico en el que la vendedora manifestó ante el fedatario público que no requería del consentimiento de su cónyuge por encontrarse casada bajo el régimen de separación de bienes. Además del contrato de compraventa, en la escritura pública referida se hizo constar el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de acreditante y ******* como acreditado. Acto jurídico que se registró ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el folio electrónico inmobiliario en el que se encontraba registrada dicha propiedad; por tanto, con el citado registro se actualizó dicho folio electrónico, respecto del nuevo adquirente de la propiedad (fojas 68 a 74 del amparo indirecto). En el presente juicio de amparo el quejoso señala que es copropietario del cincuenta por ciento del bien inmueble identificado como *****, toda vez que al momento de la celebración de la compraventa y en la actualidad se encuentra casado con Rosario Ramírez Figueroa bajo el régimen de sociedad conyugal, lo cual acreditó en este juicio con la copia certificad del acta de matrimonio quinientos tres, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Morelos (foja 62 del amparo indirecto), sin que el impetrante de amparo otorgara su consentimiento con la compraventa que realizara su cónyuge a favor de Axel Ripoll Aguilar. Una vez precisado lo anterior, como se dijo, son inoperantes los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Lo anterior, toda vez que pretende que a través del presente juicio de amparo se respete su derecho de copropiedad que aduce tener respecto del bien inmueble que su cónyuge transmitió en propiedad a favor de tercera persona, así como que se dejen sin efectos los actos de inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y en el Catastro municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, aun y cuando prevalece la escritura pública doscientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve, otorgada ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, a favor de ******, pues no se evidencia que ésta hubiere quedado sin efectos legales por virtud de resolución judicial o diverso acto que así lo hubiere determinado. Es así, porque de la citada escritura se desprende que la titularidad del bien inmueble que reclama el quejoso en este juicio, corresponde a A*****, por virtud de la compraventa que celebró con ******* -cónyuge del quejoso-, acto jurídico que se celebró ante fedatario público y se encuentra inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos a favor del citado comprador, la cual hasta el momento en que se emite el presente fallo, no se advierte que se hubiere dejado sin efectos legales o declarado su nulidad; por tanto, este juzgado no puede desconocer tal acto jurídico sin que previamente así sea determinado por la autoridad judicial competente para ello. Lo anterior, porque con independencia de los vicios que el quejoso le atribuya a la celebración del acto jurídico de compraventa, lo cierto es que éstos no pueden ser analizados en el presente juicio de amparo, ante la prevalencia de la escritura pública señalada, que concede un derecho a favor del comprador Axel Ripoll Aguilar, el cual no se puede desconocer por este juzgado a través del presente juicio de amparo; de ahí que lo alegado por el quejoso en los conceptos de violación expuestos resulte inoperante, pues no es factible analizar a través del juicio constitucional el perjuicio que dice resentir en su derecho de copropiedad, por los actos llevados a cabo por las autoridades señaladas como responsables, ante la prevalencia de la escritura pública a favor de la citada persona. Es así, pues además la compraventa contenida en la escritura pública *******, fue otorgada ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, y se encuentra inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, lo que le da la característica de fecha cierta para efectos del presente juicio de amparo, además de que surte efectos contra terceros y otorga la presunción de la titularidad a favor de ******** en términos de los artículos 4, 1807 y 1808 del Código Civil para el Estado de Morelos y artículo 31 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. En consecuencia, este juzgado no se encuentra facultado para desconocer dicho acto jurídico en la forma pretendida por el quejoso, esto es, sin que previamente se determine sobre la ineficacia legal de dicho documento, pues incluso esa circunstancia no es factible analizarla a través del juicio constitucional, sino que en su caso, deberá ser dilucidada por autoridad competente; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación en estudio. Ahora bien, en la ampliación de la demanda de amparo el quejoso señaló que los artículos 4, 994, 1430, 1750, 1805 y 1808 del Código Civil para el Estado de Morelos, establecen que para que surtan efectos contra terceros los actos traslativos de bienes inmuebles que se encuentren dentro del Estado de Morelos, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, aun cuando no se exija ese requisito en el lugar de su otorgamiento, así como que la posesión pública es la que se disfruta de manera que puede ser conocida por todos aquéllos que tengan un interés en interrumpirla y la que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Asimismo, señaló que conforme a los artículos 27, fracción I, 29 a 31 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, deben registrarse entre otros, los documentos y contratos previstos en los artículos 1805 y 2367 del Código Civil para el Estado de Morelos, siempre que fueren ratificados ante Notario Público, Registrador o ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente, y que dicha inscripción tiene efectos declarativos; de igual forma adujo, que los documentos que deban ser registrables y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no producirán efectos en perjuicio de tercero, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables, mientras que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean inexistentes o nulos con arreglo a las leyes. Por ello, refiere el quejoso que la escritura pública ******, de quince de mayo de dos mil trece (relativa a la compraventa que celebró ****** -cónyuge del quejoso-, con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), la cual se encuentra debidamente inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, es eficaz para otorgar al impetrante de amparo la protección constitucional. Es infundado el concepto de violación, toda vez que como se dijo, a través del presente juicio de amparo no se puede desconocer la diversa escritura pública ******, otorgada ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, la cual se encuentra inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos a favor de ******. No obstante lo anterior, si bien el quejoso acreditó la existencia de la sociedad conyugal constituida entre éste y su cónyuge *****, por virtud del matrimonio civil que tiene celebrado con ésta, como se desprende de la copia certificada del acta de matrimonio que se adjuntó a la demanda de amparo, dicha circunstancia es ineficaz para acreditar que la propiedad y posesión motivo de la adquisición de dicho inmueble durante la vigencia de tal sociedad conyugal, es oponible al derecho del diverso comprador******, pues el bien inmueble carece de inscripción como parte de la sociedad conyugal ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Ello, porque el artículo 100 del Código Familiar para el Estado de Morelos, señala que el régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los consortes, y en caso de no existir capitulaciones matrimoniales respecto de la sociedad conyugal o existiendo éstas no estableciera la porción de la misma, se entenderá que dicha porción será por partes iguales; asimismo, indica que la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviera expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. Por su parte, los artículos 101, 102 y 103 del citado ordenamiento legal, señalan que se llaman capitulaciones matrimoniales a los pactos o acuerdos que los cónyuges celebren respecto de los bienes que aportan al matrimonio, los que adquieran con motivo de éste o durante su vigencia; asimismo, que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. De igual forma, prevén que las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que amerite tal requisito para que la traslación sea válida; y, las alteraciones que se hagan de las capitulaciones deberán también otorgarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en que se otorguen las primitivas capitulaciones y en la inscripción del Registro Público de la Propiedad; sin llenar esos requisitos, no producirán efecto contra tercero. Así, la inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente los inmuebles, para que toda persona que tenga interés en efectuar una operación con relación a ellos, conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es, quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir, y demás datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. En ese sentido, si bien la parte quejosa acreditó la existencia de la sociedad conyugal, también es cierto que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 100 y 103 del Código Familiar para el Estado de Morelos, la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan. Asimismo, dichas capitulaciones matrimoniales constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que amerite tal requisito para que la traslación sea válida, mismo que se exige para la compraventa en bienes inmuebles cuyo valor exceda de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, en el momento de la operación, de conformidad con el artículo 1807 del Código Civil para el Estado de Morelos. De igual forma, la transmisión deberá inscribirse ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de lo contrario no surtirá efectos contra terceros en términos de lo que prevé el numeral 1808 de la citada codificación legal. En consecuencia, al no estar inscrita la sociedad conyugal en dicho instituto registral, ésta no resulta eficaz para obtener la protección constitucional, como incorrectamente lo afirma el quejoso. Lo anterior, porque sobre el tema, en la jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), con registro digital 2004332, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL." hizo una conclusión determinante en el sentido de que el derecho real de propiedad del cónyuge que no fue oído en un juicio ejecutivo mercantil, respecto de un inmueble adquirido con motivo de la sociedad conyugal que no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, no es oponible mediante el juicio de amparo en contra del derecho que adquirió mediante remate el adjudicatario en el juicio ejecutivo mercantil natural sobre el mismo inmueble. Luego, conforme a dicho criterio debe decirse que el derecho de la parte quejosa no le resulta oponible al diverso comprador del bien inmueble, por ser éste un adquirente de buena fe, en tanto que no se aportaron pruebas que demuestren lo contrario y prevalecer la eficacia legal del contrato de compraventa por virtud del cual adquirió el bien inmueble reclamado por el aquí quejoso. Pues aun cuando el criterio se refiera al derecho de propiedad adquirido durante la sociedad conyugal y a aquél que adquirió un postor o adjudicatario en un procedimiento judicial, es de observarse en el presente caso, porque partiendo de la base de que la materia esencial sobre la que se emitió ese criterio consistió en la oponibilidad de los derechos reales, permite determinar con claridad la premisa de que el derecho de aquel que no fue oído en un juicio no aparezca inscrito en el Registro Público de la Propiedad, tampoco será oponible mediante el juicio de amparo en contra del derecho adquirido en aquel juicio en relación con el mismo bien. En esa jurisprudencia, el Alto Tribunal del País sostuvo que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que hayan cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz. Por ende, sostuvo, la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno sólo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del consorte que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse al derecho real de propiedad adquirido por el postor o adjudicatario, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. Lo que como se dijo, resulta aplicable a este asunto, porque como ya se expuso, a través del presente juicio de amparo no se puede desconocer la escritura pública de compraventa a través de la cual el comprador ******adquirió derechos reales sobre el bien inmueble reclamado por el quejoso, además de que en su caso, en la escritura primigenia por virtud de la cual el quejoso aduce que resulta suficiente para que se le conceda la protección constitucional, el impetrante de amparo no tuvo intervención alguna ni se acreditó que la sociedad conyugal con la que ostenta la copropiedad de dicho bien inmueble, se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, a efecto de que surtiera efectos contra terceros; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. En otro orden de ideas, se procede al estudio del acto reclamado siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados [11] Jueza Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. [12] Actuario adscrito al Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. 5. El emplazamiento del quejoso al juicio especial hipotecario ***** del índice del Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, actualmente Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por virtud de la cesión de derechos litigiosos -este último, aquí tercero interesado-, en contra de ******; y derivado de ello, todo lo actuado en dicho juicio, incluida la sentencia definitiva, la adjudicación directa a favor de la institución bancaria actora y su escrituración, así como los actos tendientes a su ejecución, respecto del bien inmueble hipotecado identificado como *******, del cual el quejoso refiere le corresponde el cincuenta por ciento de dicho bien inmueble, por formar parte de la sociedad conyugal que se deriva del matrimonio civil que tiene celebrado con *******, y al ostentarse el impetrante de amparo como tercero extraño al juicio. En los conceptos de violación, el quejoso esencialmente señala que se vulneran en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al no concederle la jueza responsable su derecho de audiencia en el juicio especial hipotecario *****, ya que no se le emplazó a juicio, lo cual no le permitió defender su derecho de copropiedad respecto del bien inmueble hipotecado identificado como ******, así como contestar la demanda, ofrecer pruebas, formular alegatos y, en general, ejercer su derecho de defensa. Asimismo, refiere el quejoso que todas las actuaciones, diligencias y resoluciones emanadas de dicho juicio le causan perjuicio, al no respetarse su derecho de audiencia y debido proceso que le correspondía de ser llamado a juicio, para que pudiera defender la parte alícuota que le corresponde del bien inmueble de referencia. Son infundados los conceptos de violación. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, circunstancia que no se actualiza respecto del quejoso. Es así, pues como se advierte en el escrito de demanda de amparo, el quejoso se ostentó como tercero extraño al juicio especial hipotecario ****** del índice de la juzgadora responsable, mientras que de las constancias de éste se advierte que no tiene ese carácter, en razón de que no forma parte material en dicho juicio, pues no le asiste el carácter de parte actora o demandada, así como tampoco tiene esa calidad su cónyuge ******. Lo anterior, porque de las constancias del citado juicio especial hipotecario que fueron remitidas por la jueza responsable, se desprende que la demanda se promovió por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, actualmente Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por virtud de la cesión de derechos litigiosos -este último, aquí tercero interesado-, en contra de Axel Ripoll Aguilar, la cual derivó del incumplimiento de este último al contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre dichas partes en la escritura pública doscientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve, otorgada ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, el treinta y uno de marzo de dos mil quince. Es decir, en dicho juicio no tiene la calidad de parte el aquí quejoso ni tampoco se advierte que deba tener intervención, porque lo reclamado deriva de una relación contractual entre personas ajenas al quejoso, toda vez que éste no tuvo intervención o calidad alguna en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre el banco actor y *****. En ese sentido, debe destacarse que, para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una persona se considera como tercera extraña cuando no es parte en el juicio natural y sufre un perjuicio dentro de dicha contienda o en la etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. El aludido concepto también incluye a los individuos que siendo parte formal en la controversia de origen, alegan que no fueron emplazados o fueron ilegalmente llamados a juicio, esto es, las referidas personas tendrán el carácter de terceros extraños por equiparación, en la medida de que les asiste dicha calidad de parte y resientan una afectación en su esfera jurídica con motivo de la tramitación de la contienda, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas ni vencidas en juicio, al no haber sido emplazadas en el procedimiento primigenio o no ser llamadas conforme a las formalidades legales correspondientes. Por lo tanto, es factible sostener que la figura del tercero extraño, para efectos del juicio de amparo, se actualiza en dos supuestos: a) Típico, como aquella persona jurídica o física, distinta de los sujetos de la controversia en el procedimiento de origen; es decir, tal figura jurídica se refiere a aquella persona que es totalmente ajena a la controversia sometida a la autoridad jurisdiccional, al no ser parte procesal; y, b) Equiparado, entendido como el sujeto que, siendo parte de la controversia, esto es, al figurar como demandada, no fue legalmente emplazada o llamada a juicio para contestar la demanda y, por tal motivo, no le fue posible apersonarse en tiempo y forma. Sin embargo, en el caso el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño por equiparación, porque como se dijo no es parte demandada en dicho juicio, pues el origen de éste deriva de una relación contractual entre el banco actor y el demandado *****, sin que de la escritura pública doscientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve, otorgada ante la fe del Notario Público número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, el treinta y uno de marzo de dos mil quince, se desprenda que el quejoso tuviere alguna intervención en el contrato de crédito ahí consignado, el cual se controvirtió a través del juicio especial hipotecario de origen. De igual forma, no puede considerarse que le asista el carácter de tercero extraño auténtico -típico-, para la defensa del bien inmueble dado en garantía hipotecaria identificado como ******, por virtud de la copropiedad que aduce le corresponde respecto del cincuenta por ciento de dicho bien inmueble, derivado de la sociedad conyugal por virtud del matrimonio civil que tiene celebrado con su cónyuge *****, porque como se analizó en el estudio de los conceptos de violación que anteceden, dicha sociedad conyugal no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos, por lo que no puede ser oponible a terceros adquirentes de buena fe. No obstante lo anterior, como ya se mencionó, a través del presente juicio de amparo tampoco es factible desconocer el derecho de la diversa persona adquirente del bien inmueble ******, pues el quejoso no acreditó que el acto jurídico de compraventa celebrado entre éste y su cónyuge ******, se haya dejado sin efecto legal alguno o carezca de eficacia legal. Por tanto, el quejoso no demostró en el presente juicio que le asista la calidad de tercero extraño ni que el derecho que aduce tener respecto del bien inmueble sea oponible a un tercero adquirente de buena fe, a efecto de obtener la protección constitucional solicitada; de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa y tercera interesada en vía de alegatos, tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. Así, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación en estudio, se niega el amparo solicitado. Esto es, por lo que hace a las autoridades responsables [1] Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, [2] Registradores del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del Estado de Morelos, así como de la [5] Directora General de Predial y Catastro, y [6] Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, [7] Gobernador Constitucional, [8] Secretario de Gobierno, [9] Inspectores de Notarías de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, [10] Consejo Estatal Catastral, todos del Estado de Morelos, y [11] Jueza Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, se niega el amparo, por los motivos expuestos en esta sentencia. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución del [12] Actuario adscrito al Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios, sino como una consecuencia de la falta de emplazamiento reclamada. Así, con fundamento en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************ contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en el considerando III de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************ respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, por las razones expuestas en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

Quedan 48 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano