Raul Valdivia Castro

Expediente 1827/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1827/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Raul Valdivia Castro
  • RAUL VALDIVIA CASTRO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte tercero interesada, mediante el cual solicita se dé vista al Agente del Ministerio Publico de esta adscripción por los probables hechos constitutivos de delito ante lo expuesto; dígasele que, conforme al "CAPÍTULO II. Capacidad y Personería", artículo 5 de la Ley de Amparo, fracción IV, el Ministerio Público Federal conforma parte de los juicios de amparo. No obstante lo anterior, dígasele que tiene expedito su derecho para valer lo expuesto, ante la instancia y vía que estime conveniente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de siete de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, al cual remitió constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia dictada engrosar el treinta de mayo de dos mil veintidós, haciéndose consistir en: [.]Que el precepto declarado inconstitucional, no se le aplique en lo presente, ni en lo futuro, y se desincorpore de su esfera jurídica la obligación tributaria de pagar el concepto por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo. Lo anterior de acuerdo con la siguiente jurisprudencia: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". (Época: Novena Época, Registro: 900092, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Const.,Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Constitucional, Tesis: 92, Página: 122). En relación con la tasa del 0.50% que se establece en el inciso a) reclamado, a fin de obtener el registro correspondiente para este tipo de contratos, se le reintegre (devuelva) el numerario que exceda de la tarifa mínima por concepto de la contribución analizada en este asunto. Es decir, la protección constitucional concedida también debe hacerse extensiva al acto de aplicación reclamado por la parte quejosa, consistente en el recibo oficial número A2949679; ello, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 179675, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS". Luego, es menester destacar que los efectos de la concesión del amparo, constriñen a las responsables a devolver la cantidad correspondiente debidamente actualizada, como si se tratara del pago de lo indebido". Mediante acuerdo de diecinueve de junio siguiente, causó ejecutoria la sentencia de amparo; por lo que, en ese mismo proveído se requirió a la autoridad encargada de su cumplimiento para que lo acatara puntualmente. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante acuerdo signado por la Procuradora Fiscal del Estado, de trece de julio de la presente anualidad, se ordenó la desincorporación de la esfera jurídica del quejoso en relación al precepto legal materia de reclamo; asimismo, se emitió a su favor la orden de pago número ******************** valioso por la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 Moneda Nacional), en atención al excedente monetario enterado con anterioridad, por concepto de la porción normativa inaplicada. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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