Raúl Trejo Sánchez

Expediente 647/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
647/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Raúl Trejo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído diez de octubre del dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, y dado que se encuentra el poder general para pleitos y cobranzas que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las nueve a las catorce treinta horas de lunes a viernes. Lo anterior a fin de que se encuentre en aptitud de realizar el trámite correspondiente. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, téngase recibido el escrito presentado por .... por el que da cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ... contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, a fin de determinar si existe causa manifiesta e indudable que imponga su desechamiento. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 531/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el propio disconforme contra el auto admisorio dictado en el juicio extraordinario civil por división de la cosa común 800/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, en el que fue demandado por Julio César Galindo Jonguitud en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Julio César Galindo Pérez. En su escrito aclaratorio señaló que las prestaciones que se reclaman en la controversia de origen son la disolución de la copropiedad que ostenta en mancomún y pro indiviso con la parte actora de aquel juicio respecto de un inmueble -predio lotificado- ubicado al lado oriente de esta ciudad, con superficie de 19,363.55 metros cuadrados, por la división de dicho inmueble en la forma que propone el accionante, a saber, para este del lote uno al nueve con superficie de 9,823.50 metros cuadrados y para el demandado, aquí quejoso del lote diez al dieciocho con superficie de 9,540.00 metros cuadrados y por el pago de las costas y gastos que se originen en dicho juicio. De igual forma, transcribió el contenido del auto admisorio que fue materia de apelación y precisó que no se decretó medida cautelar alguna. Establecido lo anterior, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: ... La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. .... Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca 531/2022 del índice de la responsable, relativo a la apelación interpuesta por el propio impetrante contra el auto admisorio dictado en el juicio extraordinario civil 800/2021, del índice del Juzgado Primero Civil en esta ciudad, en el que se admitió la demanda que entabla en su contra Julio César Galindo Jonguitud en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Julio César Galindo Pérez, por la división de un inmueble que ostentan en copropiedad en mancomún y pro indiviso con aquel. De lo que resulta claro que la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que el afectado obtenga resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo de la controversia civil por división de la cosa común que se promueve en su contra, ante el Juzgado Primero Civil de esta ciudad, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el acto que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En ello es así, dado que los efectos que produce el auto que admitió la demanda entablada por Julio César Galindo Jonguitud en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Julio César Galindo Pérez, en contra del aquí quejoso por la disolución de la copropiedad que ostentan en mancomún y pro indiviso respecto de un predio ubicado en esta ciudad, y a la postre, la división de dicho inmueble, radicada bajo el expediente 800/2021, únicamente son someterlo a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrá la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, por lo que, hasta el dictado de la resolución respectiva en el mencionado expediente, se podrá apreciar con motivo de la admisión de la referida demanda en la forma términos propuestos en ese procedimiento, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la resolución, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Máxime que de la transcripción que realizó la parte quejosa en su escrito aclaratorio del auto admisorio emitido en el juicio extraordinario civil 800/2021, del índice de Juzgado Primero Civil en esta ciudad no se advierte que se haya decretado medida cautelar alguna. Sirve de apoyo la tesis IV.1o.T.1 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, Décima Época, página 2162, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)..... Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/29, publicada en la página 1721, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 167579, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. .... No se soslaya que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios orientadores para determinar cuándo se trataba de actos que, por sus consecuencias dentro del juicio, eran de imposible reparación. Empero, por disposición expresa del artículo sexto transitorio de la ley vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuaría en vigor en lo que no se opusiera a la nueva, lo cual no acontece en el presente caso, porque la legislación de amparo en vigor es clara en señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Sin que lo antes expuesto vulnere la garantía de acceso a la justicia ni a un recurso efectivo de la quejosa. El establecimiento de requisitos o presupuestos formales establecidos por el legislador en la Ley de Amparo en vigor, para instar el citado medio extraordinario de defensa, como son las causas de improcedencia del juicio de amparo, no constituye en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Lo anterior obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para instar un juicio o recurso, incluido el amparo indirecto. Orienta a lo anterior, en lo atinente, el criterio aislado 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 525, del tenor literal siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ... En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 171 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de diez de octubre del año en curso que dice:"téngase recibido el escrito presentado por .... por el que da cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ... contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, a fin de determinar si existe causa manifiesta e indudable que imponga su desechamiento. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 531/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el propio disconforme contra el auto admisorio dictado en el juicio extraordinario civil por división de la cosa común 800/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, en el que fue demandado por Julio César Galindo Jonguitud en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Julio César Galindo Pérez. En su escrito aclaratorio señaló que las prestaciones que se reclaman en la controversia de origen son la disolución de la copropiedad que ostenta en mancomún y pro indiviso con la parte actora de aquel juicio respecto de un inmueble -predio lotificado- ubicado al lado oriente de esta ciudad, con superficie de 19,363.55 metros cuadrados, por la división de dicho inmueble en la forma que propone el accionante, a saber, para este del lote uno al nueve con superficie de 9,823.50 metros cuadrados y para el demandado, aquí quejoso del lote diez al dieciocho con superficie de 9,540.00 metros cuadrados y por el pago de las costas y gastos que se originen en dicho juicio. De igual forma, transcribió el contenido del auto admisorio que fue materia de apelación y precisó que no se decretó medida cautelar alguna. Establecido lo anterior, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: ... La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. .... Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca 531/2022 del índice de la responsable, relativo a la apelación interpuesta por el propio impetrante contra el auto admisorio dictado en el juicio extraordinario civil 800/2021, del índice del Juzgado Primero Civil en esta ciudad, en el que se admitió la demanda que entabla en su contra Julio César Galindo Jonguitud en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Julio César Galindo Pérez, por la división de un inmueble que ostentan en copropiedad en mancomún y pro indiviso con aquel. De lo que resulta claro que la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que el afectado obtenga resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo de la controversia civil por división de la cosa común que se promueve en su contra, ante el Juzgado Primero Civil de esta ciudad, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el acto que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En ello es así, dado que los efectos que produce el auto que admitió la demanda entablada por Julio César Galindo Jonguitud en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Julio César Galindo Pérez, en contra del aquí quejoso por la disolución de la copropiedad que ostentan en mancomún y pro indiviso respecto de un predio ubicado en esta ciudad, y a la postre, la división de dicho inmueble, radicada bajo el expediente 800/2021, únicamente son someterlo a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrá la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, por lo que, hasta el dictado de la resolución respectiva en el mencionado expediente, se podrá apreciar con motivo de la admisión de la referida demanda en la forma términos propuestos en ese procedimiento, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la resolución, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Máxime que de la transcripción que realizó la parte quejosa en su escrito aclaratorio del auto admisorio emitido en el juicio extraordinario civil 800/2021, del índice de Juzgado Primero Civil en esta ciudad no se advierte que se haya decretado medida cautelar alguna. Sirve de apoyo la tesis IV.1o.T.1 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, Décima Época, página 2162, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)..... Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/29, publicada en la página 1721, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 167579, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. .... No se soslaya que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios orientadores para determinar cuándo se trataba de actos que, por sus consecuencias dentro del juicio, eran de imposible reparación. Empero, por disposición expresa del artículo sexto transitorio de la ley vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuaría en vigor en lo que no se opusiera a la nueva, lo cual no acontece en el presente caso, porque la legislación de amparo en vigor es clara en señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Sin que lo antes expuesto vulnere la garantía de acceso a la justicia ni a un recurso efectivo de la quejosa. El establecimiento de requisitos o presupuestos formales establecidos por el legislador en la Ley de Amparo en vigor, para instar el citado medio extraordinario de defensa, como son las causas de improcedencia del juicio de amparo, no constituye en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Lo anterior obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para instar un juicio o recurso, incluido el amparo indirecto. Orienta a lo anterior, en lo atinente, el criterio aislado 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 525, del tenor literal siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ... En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 171 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso la determinación de veintiocho de septiembre del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Sifuentes Sánchez, en su carácter de apoderado legal de Raúl Trejo Sánchez, personalidad que se le tiene reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, al tenor de la documental que acompaña, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima del artículo 1, 14, 16 y 17, Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 647/2022-IV. PREVENCIÓN. Conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, por escrito, con el número de copias del mismo a que se refiere el numeral 110, del citado ordenamiento legal y dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Amplíe el capítulo de antecedentes de su demanda de garantías, a efecto de que señale: El contenido del auto recurrido en materia de apelación, es decir, qué fue lo que se proveyó en dicho auto, para lo cual podrá transcribir su contenido, o bien, resumir las decisiones ahí tomadas por la autoridad de primera instancia. Si en la determinación referida en el punto precedente, se decretó alguna medida cautelar o precautoria y en qué sentido fue dictada. Y, cuáles son las prestaciones en el juicio extraordinario civil 800/2021, del índice del Juzgado Primero Civil de esta ciudad. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe al promovente que, en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Arturo Flora Oviedo, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita, autorícese el acceso al expediente electrónico del juicio que nos ocupa al usuario "LUISESIFUENTES, así como para ingresar promociones e interponer recursos, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase al Secretario de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. DATOS DE CONTACTO También, se le tiene a la parte quejosa señalando como dato de contacto la dirección de correo electrónico luisess74@hotmail.com y el número telefónico 4813890704, para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese; y personalmente"

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