Raúl Torres Pizano

Expediente 942/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
942/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Raúl Torres Pizano

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda

  2. Principal

    Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de cuenta presentada por **********, en contra de actos de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 942/2022-3. Prevención. De la demanda de cuenta se desprende que el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra, y su ejecución. Por otro lado, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, enuncia que: Que el veintiséis de septiembre del año en curso, acudieron a su domicilio, a saber, calle ********** número ********** de **********, de San Miguel de Allende, Guanajuato, así como a diversos negocios, plazas y parques de dicha localidad, acudieron elementos al parecer de la Policía Ministerial o agentes de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la finalidad de ejecutar el mandato de captura emitido en su contra. Actos reclamados que atribuye a autoridades responsables a las siguientes: 1.- Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (como autoridad ordenadora); y, 2.- Agencia de Investigación Criminal Región "C", de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (como autoridad ejecutora). Ambas autoridades con residencia en esta ciudad. Prevención. Consecuentemente, y en virtud a que la competencia es un presupuesto procesal y, a fin de cumplir cabalmente con la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 383, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Es necesario que, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se prevenga al quejoso para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído y bajo protesta de decir verdad: Si es su deseo señalar alguna autoridad ejecutora con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato. Preferentemente, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para traslado a las partes, en la proporción descrita en el artículo 110 de la ley de la materia. En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por los quejosos, no así por las personas que autorizan en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente señaló los estrados para recibir notificaciones, es decir, no precisa domicilio para tal efecto, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria. Respecto de los correos electrónicos y números telefónicos que señala, dígasele que se toma nota de ellos para entablar comunicación en caso de que este Tribunal lo estime necesario. Por otro lado, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, en términos restringidos de dicho numeral, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Maricruz Gallo Ortiz, por no encontrarse en ese supuesto, y a las demás personas que relaciona por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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