Raúl Torres Morales

Expediente 919/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
919/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Raúl Torres Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO Vistos los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, por el cual informa a este órgano que se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del acto reclamado consistente en la manifestación en la rueda de prensa de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno atribuida al Gobernador del Estado de Puebla, a lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS Agréguese a los autos el escrito de cuenta de José Manuel Trujillo Soto, defensor del quejoso Raúl Torres Morales, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con evidencia criptográfica, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de trece de octubre del año en curso, en tales condiciones, se acuerda: Visto el escrito inicial de demanda, así como los diversos escritos aclaratorios de la misma, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa en esta vía constitucional a las autoridades señaladas como responsables son los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: De la Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto de Chiautla de Tapia, Puebla: La solicitud de la orden de aprehensión que dio origen a la causa penal 09/2021/CHIAUTLA. Del Juez de Control de la Región Judicial Sur, Juan Carlos Malpica Alandro: La orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso dictados dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA. Del Gobernador del Estado de Puebla: La manifestación en la rueda de prensa de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la cual refiere hizo un señalamiento en contra del quejoso. De los Policías Estatal Preventivos, Daniel Soto Calero, Juan Rafael Tecaste Nieves y Porfirio Sánchez Salazar: La ejecución de los actos reclamados 1 y 2. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ante las circunstancias anteriores, se estima que en el caso existen actos autónomos e independientes entre sí. Lo anterior así es, pues el impetrante de amparo señala como actos reclamados destacados por una parte la solicitud de la orden de aprehensión, la orden de aprehensión en sí y el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA, así como su ejecución; y por otra parte la manifestación del Gobernador del Estado de Puebla, en la rueda de prensa de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la cual refiere hizo un señalamiento en contra del quejoso. En tales condiciones, se está ante una situación que, de conformidad con las reglas que rigen el juicio de amparo, constituyen actos desvinculados y autónomos entre sí, por lo cual es manifiesto que en una sola demanda no pueden examinarse todos los actos en virtud de que no se actualiza una hipótesis de las que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que amerite la acumulación de acciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo sustancial, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 16, Volumen 8, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y tenor literal siguientes: "ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO, DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS.- El juicio de amparo es notoriamente improcedente, cuando con una sola demanda se combaten actos emanados de juicios diversos desvinculados entre si, ya que en tal caso debe presentarse una demanda por cada uno de dichos actos, a fin de no romper con la técnica procesal en el amparo y no hacer nugatorias las disposiciones relativas a la acumulación." En efecto, de conformidad con las reglas que rigen el juicio de amparo, al existir actos desvinculados y autónomos entre sí en el presente asunto, resulta manifiesto que en una sola demanda no pueden examinarse la totalidad de los actos reclamados; lo anterior, al no advertirse la actualización de la hipótesis que amerite la acumulación de acciones. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación de la demanda de amparo que se provee, este Juzgado de Distrito determina realizar de manera oficiosa la separación de juicios, debiendo tramitarse por separado lo relativo al acto reclamado al: Gobernador del Estado de Puebla. Consistente en la manifestación en la rueda de prensa de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la cual refiere hizo un señalamiento en contra del quejoso. SE REMITEN CONSTANCIAS A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA Por tanto, con copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a efecto de que sea registrado y se le asigne el número que le corresponda en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión privada celebrada el veintitrés de septiembre en curso, la jurisprudencia número P./J. 78/97, visible en la página 117, Tomo IV de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Así como también tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 76/97, visible en la página número 118, Tomo VI, correspondiente al mes de Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Se solicita al juzgado que corresponda conocer del asunto motivo de la presente separación, se sirva acusar por su recibo e informar el acuerdo que recaiga al presente acuerdo. CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO En consecuencia, este Juzgado Federal determina que en el presente juicio de amparo 919/2021, se analizará y continuará respecto de los actos reclamados atribuidos al: De la Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto de Chiautla de Tapia, Puebla: La solicitud de la orden de aprehensión que dio origen a la causa penal 09/2021/CHIAUTLA. Del Juez de Control de la Región Judicial Sur, Juan Carlos Malpica Alandro: La orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso dictados dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA. De los Policías Estatal Preventivos, Daniel Soto Calero, Juan Rafael Tecaste Nieves y Porfirio Sánchez Salazar: La ejecución de los actos reclamados 1 y 2. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y de advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En mérito de lo cual, este juzgador considera que respecto a los actos reclamados consistente en la orden de aprehensión dictada dentro la causa penal 09/2021/CHIAUTLA, por parte del Juez de Control de la Región Judicial Sur, Juan Carlos Malpica Alandro, solicitada por la agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto de Chiautla de Tapia, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica..." Ello, en virtud de que en el escrito a través del cual José Manuel Trujillo Soto, defensor de Raúl Torres Morales, da cumplimiento parcial a la prevención que se le formuló en proveído de veintisiete de septiembre del actual, registrado con el número de promoción 16228, precisó que la orden de aprehensión solicitada por el representante social y librada por el Juez responsable dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA fue ejecutada por elementos de la agencia de Investigación Criminal adscritos al Municipio de Cuautla, en auxilio de la Agencia de Investigación Criminal. Y que en uno de julio de dos mil veintiuno se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso dentro de la misma causa penal 09/2021/CHIAUTLA. Entonces, es evidente que ha ocurrido un cambio en la situación jurídica del quejoso, pues la orden de aprehensión reclamada fue sustituida por el auto de vinculación a proceso que el juez responsable dictó en contra del impetrante de amparo; por lo cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto de dicho acto reclamado en el proceso indicado, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 95/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos antes precisados y reclamados por la quejosa (solicitud y emisión de la orden de aprehensión). Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Sur, Juan Carlos Malpica Alandro, consistente en el auto de vinculación a proceso de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en contra del quejoso dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA, de igual forma se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee, ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. El artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 1) anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se dijo con antelación, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso de uno de julio de dos mil veintiuno dictado dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA, del cual el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el quejoso directo Raúl Torres Morales el mismo día en que se verificó dicha audiencia inicial. De lo cual resulta evidente que dicha resolución le fue notificada al hoy quejoso en la misma audiencia celebrada el uno de julio de dos mil veintiuno, en conformidad con lo establecido en el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si la parte quejosa fue notificada del auto de vinculación a proceso que por esta vía reclama el uno de julio de dos mil veintiuno, a partir del día siguiente al en que le surtió efectos, conforme a la ley del acto, dicha notificación empezó a correr el término respectivo, esto es, a partir del cinco de julio del mismo año feneciendo el veintitrés del mismo mes y año, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de julio de dos mil veintiuno, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados ya que tuvo conocimiento de éstos desde el uno de julio de dos mil veintiuno, y pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un periodo mayor a quince días hábiles. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que José Manuel Trujillo Soto, quien se ostenta como defensor del quejoso refiera que tuvo conocimiento de dicho reclamado en diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que protesto el cargo conferido y tuvo acceso a la carpeta judicial, pues ello no permite desconocer la notificación realizada al hoy quejoso de la resolución de mérito, actuar en forma contraria conllevaría a establecer que por cada cambio de defensa que tuviera el inculpado se reanudaría el plazo otorgado por la ley para impugnar la resolución que estime contraria a derecho, lo cual contraviene el principio de seguridad jurídica de la partes. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el 61 fracciones XIV y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, y artículo 113 del ordenamiento legal en cita se desecha de plano la demanda de amparo que se provee respecto del auto de vinculación a proceso reclamado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta de José Manuel Trujillo Soto, quien aduce ser defensor de Raúl Torres Trujillo, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le formuló en proveídos de veintisiete de septiembre y cuatro de octubre del año en curso; sin que haya lugar tener por satisfecha en su totalidad la prevención de mérito por los motivos siguientes. En efecto, cabe precisar que mediante auto de cuatro de octubre del actual se previno de nueva cuenta a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días diera total cumplimiento a la prevención formulada en veintisiete de septiembre del año en curso, en específico en los puntos 2, 3 y 4, consistentes en: 2) Precisar el número de causa penal en que fue dictado el auto de vinculación a proceso de uno de julio de dos mil veintiuno que por esta vía reclama. (.) 3) Manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento el quejoso directo José Manuel Trujillo Soto de los actos reclamados, específicamente del: a) auto de vinculación a proceso y b) señalamiento del Gobernador del Estado de Puebla en videoconferencia de veintinueve de marzo del año en curso, pues es en contra de éste que se emitieron los mismos y no de quien aduce promover en su representación. 4) Indicara dentro de qué número de proceso se ejecutó la orden de aprehensión que refiere fue librada por el Juez de Control de la Región Judicial Sur, y ejecutada por elementos de la agencia de investigación criminal. Ahora del contenido del ocurso de cuenta se tiene que José Manuel Trujillo Soto cumple con los puntos 2 y 4, pues refiere que tanto el auto de vinculación a proceso y la orden de aprehensión ejecutada, reclamados en el presente asunto fueron dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA. Sin embargo, es omiso de nueva cuenta en: Manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento el "quejoso directo José Manuel Trujillo Soto" de los actos reclamados, específicamente del: a) auto de vinculación a proceso y b) señalamiento del Gobernador del Estado de Puebla en videoconferencia de veintinueve de marzo del año en curso, pues es en contra de éste que se emitieron los mismos y no de quien aduce promover en su representación. Por ende, tomando en consideración que el suscrito se encuentra obligado a emitir un acuerdo al acto a través del cual la parte quejosa pretende dar cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas para que, en caso de que no se haya dado cumplimiento a éstas, se encuentre en aptitud de hacerlo en forma total, lo cual debe realizarse antes de que concluya el término otorgado, es procedente requerir al impetrante para que dentro del plazo que le fue concedido, dé cumplimiento al requerimiento de veintisiete de septiembre del año en curso. En tal sentido, resulta aplicable . En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión, se requiere al impetrante para que dentro del PLAZO DE TRES DÍAS siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, cumpla con todos los requerimientos efectuados en auto de veintisiete de septiembre del actual, destacados en el presente auto. Lo anterior, en virtud de que dicho proveído le fue notificado el ocho de octubre del año en curso, mientras que el escrito de cuenta lo presentó el once de octubre del año en curso a través del portal de Juicio en Línea, por lo que aún le restan tres días para cumplir de forma completa. Haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe. paol.*Enseguida En el Juicio de Amparo número 919/2021, 9, promovido por RAÚL TORRES MORALES, con esta fecha se acordó: Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de José Manuel Trujillo Soto, quien aduce ser defensor de Raúl Torres Trujillo, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le formuló en proveídos de veintisiete de septiembre y cuatro de octubre del año en curso; sin que haya lugar tener por satisfecha en su totalidad la prevención de mérito por los motivos siguientes. En efecto, cabe precisar que mediante auto de cuatro de octubre del actual se previno de nueva cuenta a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días diera total cumplimiento a la prevención formulada en veintisiete de septiembre del año en curso, en específico en los puntos 2, 3 y 4, consistentes en: 2) Precisar el número de causa penal en que fue dictado el auto de vinculación a proceso de uno de julio de dos mil veintiuno que por esta vía reclama. (.) 3) Manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento el quejoso directo José Manuel Trujillo Soto de los actos reclamados, específicamente del: a) auto de vinculación a proceso y b) señalamiento del Gobernador del Estado de Puebla en videoconferencia de veintinueve de marzo del año en curso, pues es en contra de éste que se emitieron los mismos y no de quien aduce promover en su representación. 4) Indicara dentro de qué número de proceso se ejecutó la orden de aprehensión que refiere fue librada por el Juez de Control de la Región Judicial Sur, y ejecutada por elementos de la agencia de investigación criminal. Ahora del contenido del ocurso de cuenta se tiene que José Manuel Trujillo Soto cumple con los puntos 2 y 4, pues refiere que tanto el auto de vinculación a proceso y la orden de aprehensión ejecutada, reclamados en el presente asunto fueron dentro de la causa penal 09/2021/CHIAUTLA. Sin embargo, es omiso de nueva cuenta en: Manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento el "quejoso directo José Manuel Trujillo Soto" de los actos reclamados, específicamente del: a) auto de vinculación a proceso y b) señalamiento del Gobernador del Estado de Puebla en videoconferencia de veintinueve de marzo del año en curso, pues es en contra de éste que se emitieron los mismos y no de quien aduce promover en su representación. Por ende, tomando en consideración que el suscrito se encuentra obligado a emitir un acuerdo al acto a través del cual la parte quejosa pretende dar cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas para que, en caso de que no se haya dado cumplimiento a éstas, se encuentre en aptitud de hacerlo en forma total, lo cual debe realizarse antes de que concluya el término otorgado, es procedente requerir al impetrante para que dentro del plazo que le fue concedido, dé cumplimiento al requerimiento de veintisiete de septiembre del año en curso. ... En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión, se requiere al impetrante para que dentro del PLAZO DE TRES DÍAS siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, cumpla con todos los requerimientos efectuados en auto de veintisiete de septiembre del actual, destacados en el presente auto. Lo anterior, en virtud de que dicho proveído le fue notificado el ocho de octubre del año en curso, mientras que el escrito de cuenta lo presentó el once de octubre del año en curso a través del portal de Juicio en Línea, por lo que aún le restan tres días para cumplir de forma completa. Haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.

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