Raúl Torres Martínez
Expediente 723/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Raúl Torres Martínez
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el ocurso del promovente mediante el cual solicita copia certificada de todas las constancias que obren en el presente asunto, incluyendo la caratula, hasta la fecha en que se entreguen, expídase a su costa, copia certificada de la reproducción peticionada, previa constancia legal se deje en autos al momento de su entrega. Hágase del conocimiento al peticionario, que a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tiene a su alcance en el apartado de Servicios Jurisdiccionales, el sistema "Agenda OJ", donde podrá generar su cita para que acuda a este órgano jurisdiccional, que a su vez generara el código "QR", para el acceso a este recinto judicial, acorde al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19.
- Principal
Se advierte que feneció el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación de tres de los actuales, donde se desechó la demanda de amparo, sin haberse realizado manifestación alguna; se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. Se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León y otra autoridad; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 723/2021-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Analizado el citado libelo, se considera viable el desechamiento de plano, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. El acto reclamado consiste en la determinación dictada en la audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, en expediente ***, que ante la incomparecencia de la víctima *** (quejoso), declaró sin materia el medio de control judicial al que hace referencia el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y como consecuencia, no se resuelva sobre la abstención de ordenar las diligencias preliminares al acuerdo en el que se declare la apertura de la carpeta de investigación ***, que tramita el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Investigadora Número Cuatro, Especializada en Robos, Monterrey. En esa tesitura, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta que se omita promover tal recurso. Véase como apoyo, la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 902, de contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. *** Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el recurso de revocación, que dispone: "Artículo 465. *** Cómo se puede ver de la lectura de ese precepto, el recurso de revocación sólo procede contra resoluciones dictadas por la autoridad judicial que sean de mero trámite y que se resuelvan sin sustanciación. Sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que por resoluciones de trámite que no requieren sustanciación debe entenderse aquellas que son emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial porque la norma procesal que rige la conducta del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión. Entendiéndose por este último, que la ley no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. Esos razonamientos quedaron plasmados en la jurisprudencia 35/2020, de la Primera Sala a de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a libro 77, tomo III, página 2760, agosto de dos mil, Décima Época, que dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Entonces, en el caso concreto el acto reclamado, el cual, según quedó establecido en líneas atrás, sí prevé un medio de defensa ordinario, ante el Juez de Control, a través del que puede examinar de nueva cuenta la resolución impugnada, y dictar la resolución que corresponda. Por tanto, resulta el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del quejoso, al ser el propio Juez de Control la autoridad facultada para revisar sus propias determinaciones; por tanto, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por su contenido, la tesis II.4o.C.1 K, Tomo XXX, Agosto de 2009, visible en la página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. *** Máxime que, el acto impugnado en esta vía no atenta contra la libertad personal de la parte quejosa. Sin que el hecho que el accionante esté obligado a agotar los recursos establecidos en ley, antes de acudir al juicio de amparo, sea incompatible con la prerrogativa de acceso a la tutela judicial efectiva, prevista tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el dispositivo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno) no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención. Valida tal afirmación, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 3, página 2113 de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. *** Asimismo, por analogía, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), publicada en la publicada en la página 971 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, que dispone: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. *** Abordarlo de otra manera desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, con el establecimiento de la figura de Jueces de Control, lo cual implicaría que cada vez que se dicte alguna determinación de mero trámite, la víctima u ofendido o, en su caso, el investigado, acudirían al juicio de amparo para hacer valer cuestiones de mera legalidad, descargando en el Juez de Distrito funciones reservadas, por disposición Constitucional, al Juez de Control. Tampoco puede pensarse que la presente resolución deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al tratarse de un acto de mero trámite, como el que ahora se combate, en el que ante su incomparecencia con el carácter de víctima (quejoso), se declare sin materia una audiencia que él mismo gestionó, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la que, como se advierte de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se encontraba enterado de su verificativo, tan es así que previamente instó ante este órgano jurisdiccional diverso juicio constitucional contra esa determinación (fijación de la fecha). Datos anteriores que incluso revelan que dentro del plazo establecido para dicho medio de impugnación, pudo acudir ante el Juez de Control para hacer valer sus inconformidades -quien en el ámbito de sus atribuciones debió resolver como en derecho proceda-; postura ajustada al espíritu de la aludida reforma, que indudablemente busca que el conflicto penal agote todas sus cuestiones ante la autoridad de primera instancia, evitando la parálisis de los procedimientos a causa de la promoción de numerosos juicios de amparo. Deviene relevante, por el contenido la informa, la jurisprudencia 118/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, del tenor: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." (Énfasis añadido) Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en el escrito de cuenta. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 Y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite.
- Principal
se tiene por notificado al quejoso ...., el acuerdo de tres de diciembre del año actual, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy Fe. ... Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León y otra autoridad; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 723/2021-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Analizado el citado libelo, se considera viable el desechamiento de plano, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. El acto reclamado consiste en la determinación dictada en la audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, en expediente ***, que ante la incomparecencia de la víctima *** (quejoso), declaró sin materia el medio de control judicial al que hace referencia el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y como consecuencia, no se resuelva sobre la abstención de ordenar las diligencias preliminares al acuerdo en el que se declare la apertura de la carpeta de investigación ***, que tramita el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Investigadora Número Cuatro, Especializada en Robos, Monterrey. En esa tesitura, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta que se omita promover tal recurso. Véase como apoyo, la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 902, de contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. *** Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el recurso de revocación, que dispone: "Artículo 465. *** Cómo se puede ver de la lectura de ese precepto, el recurso de revocación sólo procede contra resoluciones dictadas por la autoridad judicial que sean de mero trámite y que se resuelvan sin sustanciación. Sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que por resoluciones de trámite que no requieren sustanciación debe entenderse aquellas que son emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial porque la norma procesal que rige la conducta del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión. Entendiéndose por este último, que la ley no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. Esos razonamientos quedaron plasmados en la jurisprudencia 35/2020, de la Primera Sala a de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a libro 77, tomo III, página 2760, agosto de dos mil, Décima Época, que dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Entonces, en el caso concreto el acto reclamado, el cual, según quedó establecido en líneas atrás, sí prevé un medio de defensa ordinario, ante el Juez de Control, a través del que puede examinar de nueva cuenta la resolución impugnada, y dictar la resolución que corresponda. Por tanto, resulta el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del quejoso, al ser el propio Juez de Control la autoridad facultada para revisar sus propias determinaciones; por tanto, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por su contenido, la tesis II.4o.C.1 K, Tomo XXX, Agosto de 2009, visible en la página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. *** Máxime que, el acto impugnado en esta vía no atenta contra la libertad personal de la parte quejosa. Sin que el hecho que el accionante esté obligado a agotar los recursos establecidos en ley, antes de acudir al juicio de amparo, sea incompatible con la prerrogativa de acceso a la tutela judicial efectiva, prevista tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el dispositivo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno) no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención. Valida tal afirmación, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 3, página 2113 de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. *** Asimismo, por analogía, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), publicada en la publicada en la página 971 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, que dispone: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. *** Abordarlo de otra manera desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, con el establecimiento de la figura de Jueces de Control, lo cual implicaría que cada vez que se dicte alguna determinación de mero trámite, la víctima u ofendido o, en su caso, el investigado, acudirían al juicio de amparo para hacer valer cuestiones de mera legalidad, descargando en el Juez de Distrito funciones reservadas, por disposición Constitucional, al Juez de Control. Tampoco puede pensarse que la presente resolución deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al tratarse de un acto de mero trámite, como el que ahora se combate, en el que ante su incomparecencia con el carácter de víctima (quejoso), se declare sin materia una audiencia que él mismo gestionó, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la que, como se advierte de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se encontraba enterado de su verificativo, tan es así que previamente instó ante este órgano jurisdiccional diverso juicio constitucional contra esa determinación (fijación de la fecha). Datos anteriores que incluso revelan que dentro del plazo establecido para dicho medio de impugnación, pudo acudir ante el Juez de Control para hacer valer sus inconformidades -quien en el ámbito de sus atribuciones debió resolver como en derecho proceda-; postura ajustada al espíritu de la aludida reforma, que indudablemente busca que el conflicto penal agote todas sus cuestiones ante la autoridad de primera instancia, evitando la parálisis de los procedimientos a causa de la promoción de numerosos juicios de amparo. Deviene relevante, por el contenido la informa, la jurisprudencia 118/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, del tenor: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." (Énfasis añadido) Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en el escrito de cuenta. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 Y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite.
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