Raúl Tomas Aguilar Rodríguez
Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/04/2018
Partes del expediente
- Raúl Tomas Aguilar Rodríguez
- Martha Margarita Molina Coello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Además, se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 51 a 58), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Además, se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, residente en esa localidad, las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente **** en tres tomos Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación de la autoridad responsable Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de su encargado del despacho, residente en esa localidad; sin emitir mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 51 a 58), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en copia certificada del juicio civil ********, documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, este órgano de control constitucional advierte que en este asunto se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta, por lo que, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio procederá a su estudio. En primer término es dable indicar, que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad que señalo como Responsable, reclamo LA FALTA DE REQUISITOS EN EL EMPLAZAMIENTO; dentro del Juicio Especial de Arrendamiento Inmobiliario, radicado bajo el número de expediente ******** del índice del juzgado Segundo del Ramo Civil, de este Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; toda vez que bajo protesta de decir verdad, manifiesto, que no fui legalmente emplazado a juicio; causando con esto un daño en mi patrimonio, toda vez que no pude ser oído y vencido en juicio; y a falta de esa defensa legal dentro del procedimiento, del juicio principal; se pretende privarme de mi propiedad, aunada a que esa propiedad no es en su totalidad mía; pues la sigo pagando, y como consecuencia el suscrito no pudo ponerme mis excepciones y defensas debido a que nunca fui emplazado de forma personal, pues dentro de los documentos de la actora tenía en su poder se encontraba mis datos personales, como lo es copia la credencial de elector de donde obtuvieron mis datos, simulando el emplazamiento." En ese orden, este juzgador determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la la fracción XXIII, del Artículo 61, en relación con el 107, fracción VI aplicado a sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". Efectivamente, en el caso que nos ocupa se considera que se actualiza la causal de improcedencia invocada, por los siguientes razonamientos. La parte quejosa acude a esta instancia constitucional aduciendo la violación a las garantías de audiencia y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ostentándose como tercero extraño al juicio de origen por equiparación, pues aduce bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo en estudio, nunca tuvo conocimiento de la demanda instaurada en su contra, radicada en el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo el número de expediente ********. Al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia de los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ha definido como tercero extraño a aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte o tener injerencia en el asunto de que se trata. Ello atiende a la naturaleza misma de la relación jurídico-procesal por lo que respecta al principio de exclusividad de los sujetos de la misma. En efecto, en un procedimiento judicial únicamente tienen injerencia las partes, es decir, los sujetos entre quien se entabla la controversia o cuestión debatida, o bien, personas a las cuales la ley normativa correspondiente otorga la facultad de desplegar determinados actos o les impone alguna obligación, dentro de la secuela procesal. Así pues, la persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Lo anterior, es acorde a lo señalado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la tesis jurisprudencial 21, de la Novena época, localizable en la página 1305, tomo XXII, de julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación". Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto conviene relatar algunos antecedentes de los actos reclamados, mismos que se desprenden de las constancias que fueron allegadas a este juicio por la autoridad judicial responsable, los que son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado de nueve de septiembre de dos mil diez, ********, demandó en la vía especial de arrendamiento inmobiliario a ******** y otro, en el que demandó entre otras prestaciones la terminación del contrato de arrendamiento (fojas 2 a 17 de tomo I). 2. Demanda la cual fue admitida a trámite en la vía y forma propuesta por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diez, la registró bajo el número estadístico ******** de su índice, y ordenó el emplazamiento del quejoso (fojas 18 y 19 del tomo I). 3. Previo citatorio, en diligencia de catorce de octubre de dos mil diez, el acturio adscrito al juzgado responsable realizó el emplazamiento del demandado ******** por conducto de ******** (fojas 27 a 29 del tomo I). 4. A través del ocurso de fecha veintidós de octubre de dos mil diez, el demandado ******** compareció a juicio a contestar la demanda instaurada en su contra, formular excepciones y ofrecer pruebas de su intención (fojas 59 a 63 del tomo I). 5. En sentencia de uno de diciembre de dos mil diez, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en la que resolvió condena a la parte demandada, la terminación del contrato de arrendamiento y como consecuencia a la desocupación y entrega a la parte actora del inmueble, concediéndole cinco días, para que de manera voluntaria entregará el bien inmueble, apercibiéndola que de no hacerlo, se ordenaría su lanzamiento a su costa; el pago de la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, 00/100 moneda nacional), a razón de las rentas de del mes de noviembre de dos mil nueve a agosto del dos mil diez, el pago del 1% por concepto de intereses monetarios, por el no pago de la renta durante los cinco días de cada mes, así también el pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado. 6. Sentencia la cual fue recurrida por apelación por la parte demandada; medio de impugnación que tocó conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la cual en resolución de quince de marzo de dos mil once, decretó la modificación del auto de veintisiete de noviembre de dos mil diez y dejó insubsistente y si valor jurídico alguno, la sentencia de uno de diciembre de dos mil diez, por ende mandó a reponer el procedimiento del juicio de origen (fojas 146 a 149 y 128 a 139 tomo I). 7. Continuado el procedimiento por sus etapas correspondientes, el dieciséis de junio de dos mil once, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó la parte demandada a la desocupación y entrega del inmueble, concediéndole el termino de cinco días a partir de que causar ejecutoria la sentencia para que diera cumplimiento a la entrega voluntaria del inmueble, y en caso de no se ordenaría su lanzamiento a su costas, con al auxilio de la fuerza pública; al pago de la cantidad de $250,000.00 (dos cientos cincuenta mil pesos, 00/100 moneda nacional), a razón de las rentas del mes de noviembre de dos mil nueve a agosto del dos mil diez, el pago del 1% por concepto de intereses monetarios, por el no pago de la renta durante los cinco días de cada mes, así también el pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado y se declaró terminando el contrato de arrendamiento (fojas 594 a 606) 8. Resolución anterior, que recurrida en apelación nuevamente por el demandado ********; medio de impugnación del cual tocó conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la que por resolución de diecisiete de octubre de dos mil once, confirmó, la sentencia de dieciséis de junio de dos mil once, dictada en el juicio ******** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (fojas 641 a 643 y 674 a 682) 9. Ya en periodo de ejecución de sentencia, la juez responsable, con fecha trece de diciembre de dos mil once, por escrito de la actora, ordenó el lanzamiento a costa, asimismo el requerimiento de los bienes embargados facultado al actuario de su adscripción, para que en caso de negativa a entregarlos, que mediante el auxilio de la Fuerza Pública los requeriría y los depositara en el depositario judicial (fojas 728 a 730 de tomo I) 10. Asimismo obran en los autos de origen, seis escritos firmados por el quejoso, por los cuales solicitó copias y realizó diversas manifestaciones, los que se encuentran fechados el diecinueve de octubre, veintidós de octubre, nueve de noviembre de dos mil diez y trece de enero, diecinueve de mayo, diecinueve de agosto, veintidós de septiembre de dos mil once (fojas 39, 59, 85-86, 146-149, 249, 250, 322-325, de tomo I) Ahora bien, de los antecedentes anteriormente reseñados, se colige que: a) El quejoso tiene el carácter de parte demandada y fue emplazado materialmente en el procedimiento de origen. b) El promovente después de haber tenido conocimiento de la demanda entablada en su contra decidió contestar la misma. c) Asimismo obran multiples escritos del quejoso, en los que compareció a juicio con posterioridad a la presentación del escrito de contestación. Del relato en cita deriva que el promovente del juicio de amparo se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, aduciendo no haber sido llamado en forma legal; sin embargo, de autos se advierte que el quejoso de amparo fue emplazado y manifestó plenamente su conocimiento respecto al llamamiento al juicio, merced a múltiples escritos que fueron acordados por el juez responsable, además de haber comparecido personalmente al juicio de origen a la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil diez en la que entre otras cosas se desahogó la confesional a su cargo (fojas 111 a 127 del tomo I) De ahí que se asume como conclusión que el quejoso tuvo conocimiento pleno del procedimiento natural, antes de haberse dictado la sentencia respectiva, y decidió comparecer a éste a contestar la demanda y a deducir sus derechos. Ahora bien, la anterior circunstancia, esto es, el hecho de que el promovente del amparo haya comparecido al juicio natural a defender sus derechos en los términos ya precisados (contestación de demanda), son datos objetivos y suficientes para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio, lo cual no se actualiza en el caso concreto, en razón de que el propio demandado aquí quejoso contestó el libelo entablado en su contra, sin que se haya aportado prueba en el sumario constitucional diversa al respecto ni que el quejoso haya controvertido esos acontecimientos, vía alegatos, o en su caso, mediante la objeción de las firmas que calzan tales escritos, de ahí que se insista, el hoy quejoso, demandado en el juicio natural, no presenta un desconocimiento del juicio génesis de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, página 93; que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". Consecuentemente, al haberse determinado en el presente fallo, que al aquí quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio, lo anterior, conlleva a su vez que, se actualice además la causal de improcedencia prevista en se actualiza de manera indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. En la especie, el acto reclamado lo constituyen tanto la diligencia de emplazamiento llevada a cabo llevada a cabo en tal sumario, así como todas las actuaciones dictadas en el mismo, sumario en el cual, ya se determinó que la parte quejosa compareció al mismo, por lo cual, antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 74, del Código Procesal Civil del Estado de Chiapas, debió hacer valer contra tal acto el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el numeral artículos 77 y 78 del propio ordenamiento legal, preceptos que establecen: "Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 77. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 78. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades, de actuaciones o de notificaciones se tramitarán y resolverán en forma incidental, sin suspensión del procedimiento. Si a juicio del juez de los autos, la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, sólo se interpuso para suspender el procedimiento y es notoriamente frívola e improcedente, previa fundamentación y motivación, se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente multa de treinta y hasta sesenta días de salario mínimo vigente en el Estado. No se dará curso a la nulidad por falta de emplazamiento, si al interponerla, no se garantiza en cualquiera de las formas establecidas por la ley, el máximo de la multa a que se refiere el párrafo anterior". En consecuencia, si la parte quejosa no promovió el incidente de nulidad de notificaciones de que se trata, mediante el cual pudo obtener la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación reclamada, es obvio que no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; luego entonces, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procedía el incidente de nulidad mencionado, por virtud del cual pudo ser nulificado dicho acto. Efectivamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados, y en su caso, modificados o revocados, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede; por regla general la nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia en el procedimiento en que se alegue por las partes que se cometió una violación al procedimiento. Consecuentemente, como ya se mencionó para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama el indebido emplazamiento o falta del mismo, debe agotarse el incidente de nulidad de notificaciones, ya que de no hacerlo así, se surte la causal de improcedencia invocada en el presente considerando, ya que el origen de dicha causa de improcedencia es el de considerar que el juicio de amparo es improcedente contra actos susceptibles de reparación mediante un medio ordinario de defensa o recurso dentro del procedimiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por la Extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta época, tomo CVI, página 1065, que señala lo siguiente: "DESAHUCIO, AMPARO CONTRA LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DE LA PROVIDENCIA DE. NULIDAD DE NOTIFICACIONES (LEGISLACIÓN DE DURANGO). La omisión, por el actuario respectivo, de algunos requisitos o formalidades al hacer la notificación de la providencia de desahucio, debe reclamarse ante el Juez de los autos, mediante el incidente de nulidad a que se contrae el artículo 86 del Código de Procedimientos Civiles, antes de ocurrir al juicio de garantías, pues de lo contrario éste debe estimarse improcedente; sin que sea óbice para llegar a tal conclusión, la circunstancia de que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de amparo, hable de resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley concede algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, porque el espíritu de tal fracción es el de considerar que el amparo es improcedente contra actos susceptibles de reparación mediante un medio ordinario de defensa o recurso dentro del procedimiento, ya sea que esos actos se denominen resoluciones judiciales o no". De igual manera resulta aplicable al caso que nos ocupa, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en El Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VI, segunda parte, julio a diciembre de 1990, página 204, que reza: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". En consecuencia, si la parte quejosa ya fue emplazada al juicio de origen, resulta claro, que entonces, estaba en facultad de interponer la nulidad de que se trata, y por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; luego entonces, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, es evidente que el multicitado emplazamiento reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismos procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual pueden ser revocados dicho acto. Sin que sea óbice a lo aquí determinado, el hecho de que el acto reclamado tenga el carácter de imposible reparación o no, pues tal circunstancia no exime de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues el hecho de que los actos reclamados puedan o no ser considerados como actos de ejecución irreparable, únicamente faculta al gobernado para acudir al juicio de garantías antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio subyacente, empero tal excepción únicamente se actualiza, previo agotamiento del recurso ordinario respectivo y en cuanto a la suspensión del acto, no es aplicable contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso por el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas, dado que la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, no prevé como excepción que el medio de impugnación respectivo prevea la suspensión del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro X, julio de 2012, página 729, registro electrónico 2001155, de la literalidad siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Igualmente, se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 21 de marzo de dos mil once en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro electrónico 2005917, que expresa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Luego, al haberse acreditado que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, obliga a sobreseer en este juicio fuera de audiencia promovido por ********, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y actuario de su adscripción, ambos residentes en esa localidad. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, página 386, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del nueve de abril de dos mil dieciocho. Finalmente, glósese a los autos el ocurso signado por la tercera interesada ********, en atención a su contenido, dígasele que este a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.
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