Raúl Texta Antonio y Otros.

Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • Raúl Texta Antonio y Otros.
  • Raúl Texta Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; por medio del cual remite copia certificada del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral 87/2019, interpuesto por Jesús Montalván Ramírez, apoderado legal de la parte quejosa, en contra del auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, la superioridad por unanimidad de votos resolvió de la siguiente manera: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental jurídica e histórica y no existen documentos originales que devolver.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo ***, al que le fuera asignado el número de recurso de queja laboral ****; por tanto, glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta presentado por *******, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, téngase a dicha parte procesal interponiendo recurso de queja en contra del auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio (fojas 12 a 18). En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó su demanda de amparo. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de *** y ***, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la documental que anexa, y promueve contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional con el número 626/2019 y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia vigente, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El acto reclamado se hace consistir en: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE 30 DE ENERO DEL 2014;." En los antecedentes del acto reclamado manifiesta: "[.] 6.- Con fecha 01 de abril del 2019, se solicitó a la responsable para que hiciera efectiva la medida de apremio fijada a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo, sin que a la fecha haya hecho efectiva dicha medida de apremio. 7.- Es el caso que a la fecha, las responsables obligadas a acatar el laudo, han omitido acatar el laudo en sus términos, puesto que a pesar de las medidas de apremio fijadas por la ordenadora, no han realizado ningún acto de cumplimiento. 8.-De los antecedentes se colige que las responsables HAN OMITIDO HACER EFECTIVA LAS MEDIDAS DE APREMIO FIJADAS A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO Y OMITIDO ACATAR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO Y SE ADVIERTE AL JUEZ DE LA CAUSA UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SU PARALIZACIÓN TOTAL, SIN QUE EXISTA UN RCURSO EFECTIVO PARA COBATIR LA DILACIÓN PROCESAL EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." Del análisis integral de la demanda, se advierte que en esencia reclama la omisión de acordar el escrito de uno de abril de dos mil diecinueve, en el que solicitó se aplique la multa fijada a la parte demandada y se le impongan multas más efectivas y la requiera de cumplimiento de laudo condenatorio en el juicio laboral 140/2008. Lo anterior, en cumplimiento al criterio plasmado en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del enlace de los dispositivos transcritos se desprende la inejercitabilidad del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados dentro de juicio que no tengan consecuencias de imposible reparación; asimismo, se corrobora que tienen dicha característica aquéllos que perjudiquen derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Cierto, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación confirmó que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan: I) producir una afectación material a derechos en forma actual; y, II) que los derechos perturbados revistan la naturaleza de sustantivos, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes formales o adjetivas. Por otro lado, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, estableció que no resulta factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Toda vez que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquéllos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales se rigen bajo las diversas garantías previstas en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna, preceptos que regulan en forma específica su actuar ante peticiones de los particulares; por tanto, determinó que es inadmisible controvertir la omisión de dar respuesta a una petición cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de juicio, o en un procedimiento administrativo seguido como tal, puesto que no se deja sin defensa a los quejosos, no puede ventilarse de forma independiente y se trata de una violación de carácter adjetivo conforme al cual tienen que atenderse las reglas de la legislación ordinaria para obligar a que se emita la respuesta relativa. Las jurisprudencias que derivaron del criterio examinado son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Posteriormente, la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal al resolver la diversa contradicción de tesis 325/2015, reiteró la regla general de improcedencia del amparo indirecto cuando se promueve contra violaciones de carácter adjetivo que no tienen una ejecución irreparable, puntualizando como tales a las afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional por la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de nuestra Ley Suprema, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello no obstante que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos en forma directa, como lo puede ser la violación al artículo 8 Constitucional; sin embargo, ese menoscabo no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. De ahí que, como pauta genérica, debe estimarse que no es viable el juicio de amparo en la vía indirecta. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Registro: 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Entrando en materia, como ya se destacó, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de hacer efectiva la medida de apremio fijada a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo, solicitada mediante escrito presentado el primero de abril de dos mil diecinueve. En esa tesitura, como se anticipó, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, dado que se pretende combatir una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que el impetrante de amparo es parte actora, por falta de prosecución en los términos establecidos en la codificación aplicable (Ley 51 del Estado); cuando ha sido sentado, como regla general, que ello no produce una afectación de ejecución irreparable, sino que constituye una violación de carácter adjetivo, porque no se trata de una omisión o dilación autónoma al procedimiento, sino que se cristalizó dentro del mismo. Criterio que como se vio, ha sido reiterado mediante jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acorde con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria para este juzgado de Distrito. Sin que se concreten los casos de excepción para acudir al juicio de garantías en la vía indirecta consistentes en: a) la existencia de una abierta dilación del procedimiento; y, b) la paralización total del mismo. Es así, porque de la propia narración de los antecedentes que manifestó en su demanda, los que constituyen una confesión expresa, en términos del numeral 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte la existencia de una paralización total del juicio laboral, ni una amplia demora en su prosecución, ello, en virtud que con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento del laudo a la parte demandada, y ha aplicado los apercibimientos (fojas 8 a 10). Cabe señalar que no se desconoce el contenido de la jurisprudencia con número de registro 2013301, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA"; sin embargo, se considera que aún conforme a lo señalado en la misma, se está en el supuesto de desechar la demanda de amparo, dado que como se vio en líneas precedentes, en el caso no existe una abierta dilación del procedimiento, ni una paralización total del mismo, por lo que se tipifica la analizada regla general conforme a la cual es improcedente el juicio de amparo. Similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, recurso de queja laboral 111/2018, así como el diverso criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, recurso de queja laboral 25/2019, mismos que se invocan como hecho notorio. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde los quejosos no son la parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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