Raúl Téllez Jiménez.
Expediente 225/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Raúl Téllez Jiménez.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de once de abril de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase a la autoridad oficiante remitiendo el escrito signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de once de abril de dos mil diecinueve; en atención a ello, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de resultar procedente.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos, se advierte ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable -Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa-, a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia de que en el particular, el Director de lo Contencioso Fiscal de la Procuraduría Fiscal del Estado de Hidalgo, en suplencia de la Procuradora Fiscal del Estado y, a su vez la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Hidalgo, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público (terceros interesados), realizaron pronunciamiento; ambos en el sentido de que, a su consideración, hay exceso en el cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente juicio. En esas condiciones, en cumplimiento al auto de quince de febrero del presente año y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, el suscrito Presidente de este Tribunal Colegiado, procede al estudio respectivo, a fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Por lo anterior, cabe mencionar que el treinta y uno de enero del presente año, este órgano Pluripersonal de control constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: "(.) Para el efecto de que la Sala responsable, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. En su lugar, emita otra en la que, declare la nulidad de la resolución impugnada, y con plenitud de jurisdicción determine si la autoridad puede o no reponer el procedimiento de fiscalización a partir del oficio de requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro del plazo legal correspondiente (.)" Atento a ello, mediante oficio 28/2019, se requirió a la autoridad responsable remitiera a este Tribunal Colegiado copia certificada de las constancias en donde diera cumplimento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En atención a lo antes señalado, por oficio 27-1-2-6386/19, signado por el Magistrado José Antonio Rodríguez Martínez, en suplencia por ausencia del Presidente de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se recibieron en este órgano jurisdiccional, copias certificadas de la resolución emitida el doce de febrero de dos mil diecinueve, por la Sala responsable. Del análisis de la determinación emitida por la Sala el doce de febrero del año que transcurre, en el resultando 4° (cuarto), se advierte dejó insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio de nulidad 178/18-27-01-5, con lo cual dio cumplimiento a lo ordenado en el punto 1 (uno) del fallo protector. Aunado a lo anterior, la responsable declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, contenida en el oficio SPF-PF-DCF-06-4011/2017, de siete de noviembre de dos mil diecisiete, con lo que se observa lo determinado en la primer parte del punto 2, de la sentencia de amparo. De igual forma declaró la nulidad de la resolución determinante contenida en el oficio SFP-SI-DGAF-01-3244/2017, de treinta de junio de dos mil diecisiete, para los efectos precisados en el considerando sexto inciso A) y en la parte final del último considerando de la propia sentencia. En efecto, por lo que respecta al oficio de requerimiento de información y documentación dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con número de oficio SIARA SFINHGODGAF/2016/000087 de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se declaró nulo, pues debió citar en el mismo la fracción VII del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación determinó la responsable que, al tratarse de una nulidad por vicios formales y no de competencia, la fiscalizadora se encuentra en aptitud de volver a emitir un nuevo requerimiento. De igual manera, la autoridad responsable indicó, que al resultar fundados algunos de los argumentos de la actora, la fiscalizadora, en caso de considerarlo pertinente y dentro del plazo establecido en el artículo 52, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deberá emitir la resolución determinante que en derecho corresponda, en la que: a) Reponga el procedimiento a partir de la violación advertida, es decir, desde el requerimiento de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado; b) Declare la nulidad de la resolución determinante del crédito recurrido, contenida en el oficio número SFP-SI-DGAF-01-3244/2017, de treinta de junio de dos mil diecisiete, sólo respecto a las partidas en las cuales la determinación se basó en la documentación e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que resultan: I. Impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. B. Ingresos acumulables. II. Impuesto empresarial a tasa única. C. Ingresos gravados. III. Impuesto al valor agregado. B. Valor de los actos o actividades gravado a la tasa del 16 %. C) Reitere todo lo que no fue materia del juicio de nulidad, así como lo que resultó confirmado en la sentencia que se analiza, en relación con las determinaciones de contribuciones y sus accesorios, considerando sólo las partidas declaradas válidas. Con lo anterior, se dio cumplimiento a lo dispuesto en la última parte del punto 2 de los efectos de la sentencia concesoria. Así, del análisis de la sentencia dictada el doce de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente 178/18-27-01-5, por la Sala, se advierte que observó todos y cada uno de los lineamientos que se le precisaron en la ejecutoria emitida por este Tribunal. En ese orden de ideas, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, pues la autoridad responsable dio estricto cumplimiento a la sentencia concesoria. Por tanto, mediante oficio que contenga inserta esta determinación, comuníquese lo anterior a la Sala Regional de Hidalgo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Relacionado con lo anterior, no se desatiende que las autoridades terceras interesadas, en escritos visibles a fojas 185 y 204 de autos, manifestaron que a su consideración, hay exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues como ya se ha analizado, por las razones previamente precisadas, el suscrito estima que el fallo protector se cumplió de forma total, sin exceso ni defecto. Se afirma lo anterior, en la medida en que, adverso a lo referido por las autoridades terceras interesadas, no existe exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, toda vez que si bien es cierto que la responsable precisó que la autoridad fiscalizadora debía reiterar todo aquello que no fue materia del juicio, así como lo que se confirmó en la resolución de cumplimiento, en relación con las contribuciones y sus accesorios, considerando las partidas declaradas válidas, ello debe entenderse referido a las determinaciones cuya actualización no se basó en la documentación e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cierto, el suscrito tiene en la cuenta que la reposición del procedimiento ordenada por la responsable, impactará solamente las partidas en las cuales la determinación se fundamentó en la documentación e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal y como lo sostuvo la autoridad responsable; de aquí que, lo relacionado con cualquier determinación que tenga origen en diversa documentación, no debe verse afectada con la reposición del procedimiento, como bien lo estimó la Sala responsable. Así, según se advierte de la lectura integral de la sentencia que se revisa, en especial los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO, se obtiene que lo que la autoridad fiscal debe reiterar, en términos de lo sostenido por la responsable, es justamente aquello relacionado con las partidas en las cuales la determinación se basó en documentación e información que no proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino el propio contribuyente, como a continuación se explica. En efecto, en el particular, existió un rechazo de la autoridad fiscal respecto de las deducciones reclamadas por el contribuyente, por la cantidad de $32,352.89 (treinta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 89/100 Moneda Nacional), pues se determinó que los mismos, no corresponden a gastos estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad de la contribuyente, según lo explicó la responsable en el considerando SÉPTIMO de la determinación de cumplimiento, los cuales se tienen por íntegramente reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias. De igual forma, como bien lo apuntó la responsable, la autoridad fiscalizadora deberá considerar que también se rechazaron las deducciones por supuestas operaciones inexistentes con el proveedor, quien como contribuyente se encontró con estatus de "no localizado", sin activos, personal e infraestructura para llevar a cabo operaciones, lo que implica que estas últimas no podían existir y por ende, no pueden ser deducibles para el fin pretendido por el contribuyente, tal como la autoridad lo señaló en el considerando OCTAVO de la sentencia analizada. Esto es, la autoridad responsable contó con libertad de jurisdicción, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo, para determinar si consideraba procedente la reposición del procedimiento, lo cual, sí realizó y en vía de consecuencia dejó sin efecto todo aquello que se hubiere determinado a partir de la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, lo que no se concluyó a raíz de lo informado por la Comisión, como lo es, la improcedencia de las deducciones antes precisadas, -considerandos séptimo y octavo de la resolución de la Sala regional- se determinó con base en documentación consistente en facturas o comprobantes de gastos aportados a la autoridad fiscalizadora por el propio contribuyente, caso en el cual sí es procedente se reitere lo relacionado con las partidas declaradas válidas. Razones las anteriores, por las que, contrario a lo sostenido por las autoridades terceras interesadas, no existe exceso en el cumplimiento del fallo protector y por ello, tampoco son aplicables los criterios aislados y jurisprudenciales que invocan en sus escritos, pues la sentencia que ahora se analiza, atendió estrictamente a todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, y 214, de la vigente Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, mediante el cual se desahoga la vista ordenada en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve; en atención a ello, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad tercera interesada el que indica, y por delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona; asimismo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de resultar procedente. Finalmente, en cuanto al correo electrónico que proporciona, dígase al promovente que dicho medio de notificación no lo contempla la Ley de Amparo.
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