Raul Tadeo Nava
Expediente 894/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Raul Tadeo Nava
Actuaciones
- Principal
se declara que la resolución dictada en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, glósense los cuadernos incidentales, y toda vez que por auto de trece de junio del año en curso, este Juzgado Federal se reservó acordar lo conducente respecto del oficio signado por el Secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual, remitió copia certificada de diversas constancias, entre ellas, el oficio SDS/DGPL/DUS/1047/01/17, por el cual, se declaró improcedente la expedición de licencias de construcción y uso de suelo, solicitadas por la parte quejosa. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este Juzgado Federal, se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos; y en su caso, se emitirá el acuerdo que declare cumplido el fallo protector. Finalmente, por lo que hace a los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción.
- Principal
por recibida la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra actos de la Congreso del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma en atención a que de su contenido, en relación con las documentales que le acompañan, este juzgado federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este órgano judicial, de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de Amparo. En efecto, de una lectura integral al escrito de demanda, en relación con el anexo que le acompaña, se puede apreciar que Raúl Tadeo Nava, por propio derecho y en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, reclama sustancialmente lo siguiente: a). La aprobación, sanción, promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 124, fracción II, así como las diversas omisiones que a su parecer, acontecieron en el proceso legislativo correspondiente. b). El acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis y el auto regulatorio del mismo de once de mayo de este año, dictados en el juicio laboral 01/336/14, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través de los cuales, se le requiere de pago de laudo dictado en dicho asunto y se le apercibe que en caso de incumplimiento, se dará cuenta al pleno de dicho tribunal para que se le aplique la medida de apremio contemplada en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (destitución del cargo). De lo antes expuesto, se advierte claramente que los actos de molestia provienen de un procedimiento que se encuentra en la etapa de ejecución del laudo, por lo que es evidente que lo reclamado no es susceptible de combatirse por el momento ante esta potestad federal. Lo anterior, porque los acuerdos reclamados no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia a que se refiere la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, entendida ésta como aquélla que aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. En efecto, el numeral antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En el caso, a través del proveído reclamado de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis y el auto regulatorio del mismo de once de mayo de este año, pronunciados en el expediente laboral 01/336/14, tan sólo se ordenó al actuario laboral que se constituya en el domicilio de la parte demandada (Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos), para que por conducto de su Presidente sea requerido de pago para lograr el cumplimiento de la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio de origen, con apercibimiento de destitución para el caso de negativa, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudiera resentir el Presidente Municipal con las actuaciones reclamadas, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural, en el cual se impuso al Ayuntamiento que preside, como autoridad demandada, la obligación de cubrir con su peculio la condena impuesta a favor de la actora en el juicio de origen; y en segundo lugar, el apercibimiento de destitución en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad laboral, no puede implicar un acto que pueda ocasionar al promovente del amparo ni aún por derecho propio una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues tal consecuencia está condicionada a que el tribunal responsable decida hacer efectivo o no dicho apercibimiento. Por lo que se reitera, no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. Consecuentemente, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento los actos de molestia no producen en el quejoso una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta, y por consiguiente, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata. Lo anterior, también se hace extensivo por cuanto al acto reclamado que se hace consistir en la inconstitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que para que sea procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley empleada dentro de un procedimiento, primeramente debe actualizarse el primer acto de aplicación de la norma reclamada, lo que en el caso no acontece pues como se señaló en párrafos precedentes, aún no se ha ordenado la destitución del quejoso con base en la porción normativa ya citada, y por ende, el apercibimiento de imponerle la sanción prevista en dicha porción normativa, no causa un perjuicio de imposible reparación al quejoso, por lo que no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación.
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